El cuello de botella más grave de la inmigración no está en la frontera: está en las cortes, te cuento los detalles de esta crisis silenciosa 

 

Las cortes de inmigración de Estados Unidos estarían al borde del colapso tras una crisis silenciosa que se ha venido agravando con el paso de los años, por el aumento significativo de casos y la falta de jueces para tomar decisiones en materia de inmigración. 

Mientras la atención pública se concentra en la frontera y en los operativos de ICE, avanza esta crisis que podría ser mucho más profunda. Según el más reciente estudio del Migration Policy Institute (MPI) “Breaking the Cycle of Dysfunction at the U.S. Immigration Courts”, las cortes de inmigración enfrentan el peor estancamiento de su historia, con corte a agosto de 2025, los tribunales de inmigración registraban 3,8 millones de casos de deportación pendientes, un número sin precedentes que supera con creces la capacidad administrativa y humana disponible. Una situación que urge reformas tanto administrativas como legislativas para transformar el sistema.  

Hemos conocido que la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR – la agencia del Departamento de Justicia que alberga los tribunales de inmigración) y su Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), han intentado modernizar y agilizar la resolución de los casos. Sin embargo, en los últimos años, la presentación de millones de nuevos expedientes de expulsión y solicitudes de asilo de personas recién llegadas a la frontera, han añadido una nueva presión a los problemas existentes como el número insuficiente de jueces, lo que ha saturado los tribunales. (https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-immigration-courts-2025_final.pdf) 

Este aumento de tiempo en la resolución de los casos se traduce en mayores periodos de respuestas para cada proceso, lo que implica que miles de extranjeros tarden un promedio de cuatro años en obtener una audiencia de asilo, y la decisión final puede demorarse mucho más tiempo si a eso se le suman las apelaciones.  

El atraso procesal y la alta cifra de casos pendientes genera incertidumbre para miles de personas migrantes y sus familias teniendo un impacto inmediato y a largo plazo. 

 

Un sistema bajo presión: fallas estructurales y falta de recursos 

Para Visa Verge, el sistema judicial de inmigración enfrenta desafíos estructurales y operativos que comprometen su capacidad para responder a la demanda creciente. En primer lugar, su ubicación dentro del Departamento de Justicia mantiene las dudas sobre la independencia de los jueces, pues el control del poder ejecutivo sobre los tribunales alimenta llamados a transformarlos en cortes similares a las fiscales o de quiebras, que operarían con mayor autonomía.   

A este debate se suma la sobrecarga laboral, ya que los jueces tienen a cargo miles de expedientes, plazos estrictos y una presión constante, factores que han derivado en agotamiento profesional y problemas de salud mental. (https://www.visaverge.com/immigration/immigration-court-faces-strain-as-staff-depart-while-backlogs-grow/)  

La escasez histórica de recursos que pasa por la contratación de personal de apoyo especializado, tener un espacio físico adecuado y hasta sistemas modernos de gestión de casos limita también de forma contundente la eficiencia y calidad de los procesos judiciales.  

 

El desequilibrio histórico que alimenta la crisis  

Durante décadas, los tribunales de inmigración han sufrido graves problemas de calidad y cantidad, pero estos se han agudizado de manera especial después de la pandemia de COVID-19, debido a las llegadas récord de solicitantes de asilo y otros migrantes a la frontera con México.  

Según datos del Migration Policy Institute (MPI) en el año fiscal 2024, los jueces de inmigración resolvieron la mayor cantidad de casos en un solo año: 704.000. Pero el DHS continuó presentando más de los que los jueces de inmigración podían procesar, situación que provocó un retraso de mayor magnitud. 

Durante la administración Biden, se solicitaron más fondos para los tribunales de inmigración al Congreso. Pero a pesar de que EOIR recibió leves aumentos, la mayor cantidad de presupuesto fue para financiar a las agencias de control migratorio como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), teniendo presupuestos muchísimos más altos que los tribunales de inmigración.  

En los últimos 20 años, el presupuesto de EOIR ha representado, en promedio, alrededor del 2 % del total de CBP y ICE. Tan solo en 2024, el presupuesto de EOIR tuvo una reducción de 16 millones de dólares. (https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-immigration-courts-2025_final.pdf) 

Y es que desde 2003 hasta 2025, el presupuesto de EOIR permaneció prácticamente estándar, creciendo a un ritmo mínimo en comparación con las agencias de control migratorio. Mientras ICE y CBP recibían incrementos que las llevaron a superar conjuntamente los 30 mil millones de dólares anuales, EOIR se mantiene históricamente muy por debajo de estas cifras. 

 

Las estadísticas también nos ayudan a comprender las razones por las cuales, en lugar de aumentar la cantidad de jueces para las cortes de inmigración, permanecieron estancadas o disminuyendo. La contratación de magistrados para estas cortes no solo ha tenido una reducción profunda desde 2023, sino que los niveles de 2025, justo en el segundo mandato del gobierno Trump, están en los niveles más bajos solo comparables con los registros de 2015, es decir, que hoy el retraso es abismal pues se están contratando el mismo número de jueces que hace una década. 

Esto sucede mientras el volumen de casos en las cortes de inmigración crece de manera exponencial, lo que mostraría que la brecha entre la capacidad institucional y la demanda operativa no solo es persistente, sino estructural. 

Lo que indica este panorama es que el gobierno de Estados Unidos ha priorizado financiar el rastreo, la detención y presentación de nuevos casos por encima de la resolución de millones de expedientes. 

Podríamos estar hablando de que esta estrategia ha sido una decisión política sostenida que ha favorecido la expansión de la vigilancia y el control fronterizo mientras se deja relegado al sistema judicial migratorio y continuamente subfinanciado.  

 

Un sistema desbordado que ya no da más  

En la última década, el sistema de justicia migratoria de Estados Unidos ha experimentado una transformación que roza el colapso operativo. El número de casos acumulados en las cortes de inmigración creció un 759 %, al pasar de 456.216 expedientes pendientes en 2015 a más de 3,8 millones en 2025, según las cifras disponibles más recientes. Esta expansión revela un aparato judicial saturado, donde los tiempos de espera se miden en años y la carga asignada a cada juez supera cualquier estándar históricamente registrado. (https://tracreports.org/phptools/immigration/backlog/) 

 

¿Cómo se financia, contrata y administra el cuerpo de jueces de inmigración en Estados Unidos? 

El financiamiento de los jueces de inmigración en Estados Unidos se da directamente del presupuesto federal asignado al Departamento de Justicia. Dentro de esta estructura, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) es la entidad responsable de administrar las cortes de inmigración y la encargada de gestionar los recursos destinados a salarios, capacitación y operación de los jueces migratorios.  

Cada año, el Congreso aprueba partidas específicas dentro del presupuesto del Departamento de Justicia, que incluyen fondos para ampliar la planta de jueces, contratar personal auxiliar, cubrir costos administrativos y sostener la infraestructura tecnológica y física de los tribunales. 

Esto significa que los jueces de inmigración no operan de manera independiente como sucede en el poder judicial federal, sino del poder ejecutivo. Sus salarios, beneficios y la estructura que los soporta se pagan con fondos federales asignados a EOIR, no con tarifas o cobros directos a los migrantes. Aunque hay tasas asociadas a ciertos trámites, estos recursos no son usados para financiar los salarios ni la operación principal de las cortes. 

En ese orden de ideas EOIR es la principal entidad y la única encargada de nombrar jueces de inmigración mediante el financiamiento federal que recibe anualmente. Estas personas no son “jueces del poder judicial”, sino funcionarios del Departamento de Justicia seleccionados mediante un proceso que incluye convocatorias públicas, revisión de perfiles legales y aprobación por parte del Fiscal General. No existe otro organismo independiente, estatal o federal, que esté autorizado o tenga la capacidad para contratar jueces migratorios para operar dentro del sistema de cortes de inmigración. 

Es importante que ustedes sepan que fuera del ámbito de EOIR, existen otras figuras relacionadas al control migratorio como los oficiales de asilo, jueces administrativos dentro del DHS o adjudicadores de USCIS, pero ninguno de ellos cumple funciones equivalentes a las de un juez de inmigración ni tiene autoridad para emitir órdenes de deportación.  

 

Decisiones políticas y límites presupuestales están asfixiando a las cortes de inmigración 

El informe del Migration Policy revela que la actual situación también se presenta en parte por decisiones políticas recientes que han profundizado la crisis. Por ejemplo, la ley One Big Beautiful Bill aprobada en 2025, limitó el número de jueces de inmigración a 800, a pesar de que analistas independientes habían estimado que por lo menos se requerían unos 1.300 para revertir el atraso. 

Igualmente, durante 2025, la administración ha reducido el uso de herramientas discrecionales que antes permitían descongestionar el sistema y ha promovido procedimientos acelerados que, en la práctica, evitan audiencias completas y dificultan la presentación de pruebas. (https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-immigration-courts-2025_final.pdf)  

La administración también ha reducido el acceso a los servicios legales. Desde enero de 2025, EOIR ha emitido órdenes de cese de actividades y rescindidos contratos para proveedores de servicios legales que administraban los Centros de Asistencia Legal de los Tribunales de Inmigración y los Programas de Orientación Legal, los cuales asesoraban a personas no ciudadanas que asistían a audiencias judiciales, además de la cancelación de otros programas que brindaban asesoría legal a menores no acompañados. 

 

¿Cuántos jueces tienen actualmente las cortes de inmigración de EE. UU.?  

Para 2025 la planta de jueces ha oscilado entre los 600 a 700 jueces según EOIR, pero el sistema enfrenta despidos y terminaciones de periodos, vacantes y denuncias de politización por parte del Departamento de Justicia. (https://www.justice.gov/eoir/office-of-the-chief-immigration-judge)  

En los últimos 10 meses, según el Inmigration Forum, han salido más de 125 jueces por despidos y renuncias voluntarias, lo que representa una disminución del 18 % con respecto a los 700 jueces previstos a principios de 2025. Tan solo en septiembre se dio el despido de 24 jueces de inmigración, incluyendo uno en Seattle, contratado durante la administración Biden.  

Y es que aunque EOIR incorporó 36 nuevos jueces de inmigración en 2025, distribuidos en 16 estados y destinados, en parte, a tribunales históricamente saturados como los de Illinois y Massachusetts, ese refuerzo llega cuando el sistema sigue bajo una presión enorme. Mientras tanto, los estados con mayor demanda migratoria y más casos atrasados como Florida, Texas, California y Nueva York acumulan decenas o cientos de miles de procesos cada uno. En Florida hay más de 454 mil casos pendientes; en Texas, alrededor de 427.000; California registra unos 327.000; y Nueva York supera los 322.000.  

 (https://forumtogether.org/article/legislative-bulletin-friday-october-31-2025/)  

 

Estados clave pierden jueces y agravan la crisis del sistema migratorio 

En 2025, diversos estados registraron reducciones en su planta de jueces de inmigración, profundizando la fragilidad del sistema. El caso más relevante se dio en Texas, donde al menos cinco jueces fueron removidos de sus cargos en Houston, Laredo y El Paso.  

En California, la corte de Sacramento reportó la salida de tres jueces, de acuerdo con estaciones locales afiliadas al Departamento de Justicia. Utah también experimentó recortes, con la remoción de dos jueces. A estos se suman despidos y salidas reportadas en Nueva York, Maryland, Florida y Washington. Aunque el Departamento de Justicia no publica de forma sistemática un desglose oficial por estado, el patrón observado durante los últimos meses de 2025 da cuenta de un proceso de reducción y con impactos directos en la capacidad operativa de los tribunales de inmigración en todo el país. 

 

Los estados que sostienen el mayor peso del backlog migratorio 

Florida se ha convertido en el estado con mayor número de casos acumulados durante 2025, sumando 523,295 procesos pendientes, es decir, el 14 % del total nacional. Le siguen Texas (410,944), California (373,548), Nueva York (338,388) y New Jersey (223,871).  

Florida pasó de 26.236 casos en 2015 a 523,295 en 2025, lo que representa un aumento del 1.894 % en diez años. Texas pasó de 78,709 en 2015 a 410,944 en 2025, registrando un 422 % más. California tenía en 2015 alrededor de 89.000 casos y en 2025 registró 373.548, lo que marca un crecimiento aproximado del 320 %. 

Nueva York pasó de tener 65,660 casos represados en 2015 a 338,388 en 2025, lo que equivale a un aumento del 415 % en diez años. Y en el caso de New Jersey se pasó de 24,156 en 2015 a 223,871 en 2025, lo que equivale a un aumento del 826 % 

 

Tiempos de espera récord  

En relación con los tiempos, los migrantes deben hoy esperar más que en 2015 para que se les resuelva su situación. El promedio nacional de espera desde que se recibe una Notificación de Comparecencia (NTA) pasó de 642 días en 2015 a 718 días en 2025, con picos de más de 900 días en el 2021.  

En contraste, entre 2022 y 2024 se registraron caídas en el promedio de espera, incluso de casi un 24 % en 2023, que muchos atribuyeron a prácticas de desestimación masiva de casos o ajustes internos en la asignación de jueces. Sin embargo, el repunte en 2025 sugiere que el alivio fue temporal y que la presión sobre los tribunales no solo persiste, sino que se intensifica.  

 

El peso del asilo en la crisis  

Durante la última década, el asilo en Estados Unidos ha vivido una transformación sin precedentes debido a la cantidad de casos presentados y, especialmente, el volumen de solicitudes pendientes. 

Entre 2015 y 2025, es evidente el aumento de los atrasos. Mientras que en 2015 los casos pendientes se ubicaban cerca del medio millón, para 2024 ya sobrepasaban los dos millones, y a junio de 2025 alcanzaron los 2,4 millones, según los últimos registros. Esta tendencia se ve acelerada de mayor manera a partir de 2021, coincidiendo con cambios en la dinámica migratoria, mayores flujos de solicitantes y una estructura administrativa que no creció a la misma velocidad. 

 

Tribunales de Inmigración reducen a la mitad las tasas de concesión de asilo 

Según el más reciente estudio del TRAC Inmigration, durante los últimos doce meses la tasa de concesión de asilo en los Tribunales de Inmigración se redujo en cerca del 50 %. Durante agosto de 2025, solo el 19,2 % de los solicitantes obtuvo el beneficio, mientras que un año antes, en agosto de 2024, la tasa de concesión fue del 38 %. (https://tracreports.org/reports/766/) 

Las cortes de inmigración ya no pueden con su propia carga, estos y otros estudios concluyen que el sistema viene operando hace años muy por debajo de su capacidad. Además, el capital humano entendido como jueces y demás personal, así como su capacidad estructural y de recursos es claramente insuficiente. 

Podríamos concluir entonces que la crisis de las cortes de inmigración en Estados Unidos no es un fenómeno repentino, sino el resultado de un deterioro estructural acumulado durante décadas y acelerado por decisiones políticas recientes. El sistema opera actualmente con cargas históricas, recursos limitados y una planta de jueces insuficiente y cada vez más reducida, incapaz de responder a un volumen de casos que crece a niveles sin precedentes.  

Menos jueces significan más backlog, y más backlog implica mayor presión, desgaste y renuncias dentro del propio sistema. La consecuencia inmediata de todo esto es que millones de personas deben vivir años en incertidumbre, sin una respuesta definitiva sobre su futuro, mientras la administración de justicia migratoria pierde capacidad para garantizar procesos ágiles y confiables.