¿Es la inmigración un asunto penal o civil? Aunque históricamente el derecho migratorio ha sido competencia del ámbito civil, en las últimas décadas. De forma más enfática, durante administraciones como las de Donald Trump, se intenta redefinir las fronteras jurídicas para tratar la inmigración como un asunto criminal.
La fusión entre el derecho penal y el derecho migratorio, que cada vez se hace más evidente, evoluciona en nuevos términos y campos de estudio como la crimigración. Esta terminología describe la creciente tendencia de criminalizar a los inmigrantes fusionando leyes penales y de inmigración.
¿Qué es la crimigración?
Este término, acuñado por la jurista estadounidense Juliet Stumpf en 2006, habla de la relación entre ambos sistemas, es decir, al proceso mediante el cual las infracciones a las leyes migratorias se convierten en delitos. En este orden de ideas, se castiga a los inmigrantes bajo una lógica punitiva.
Según el estudio “Crimigración: Los riesgos del uso creciente del derecho migratorio en el marco del sistema penal”, cada vez es más evidente un paralelismo entre los procedimientos penales y los sancionatorios del derecho migratorio, lo que deja solo en el papel las diferencias de ambos.
Para el catedrático José Ángel Brandariz, autor del documento y quien participó en el V Congreso Global de Estudios Crimigratorios desarrollado en marzo de 2024 en Portland, Estados Unidos, la crimigración plantea una serie de retos entre el control migratorio y la garantía penal.
Aún no están claros los límites de los procedimientos penales y migratorios, como ocurre con muchos casos en los Estados Unidos, donde la criminalización de los inmigrantes se utiliza para impulsar políticas de deportación masiva, a pesar de que muchos de los capturados no tienen antecedentes complejos.
Crimigración y opinión pública
Diversos estudios cuestionan la denominación “crimigración”, porque consideran que puede fomentar interpretaciones xenófobas al poner en un mismo nivel la inmigración y el delito.
Este cambio de paradigma pareciera ya estar dándose en los Estados Unidos, donde las políticas impulsadas contra los inmigrantes indocumentados por parte del gobierno Trump ya cuentan con un importante respaldo social.
Según una encuesta del Pew Research Center, de marzo de 2025, un 32% de estadounidenses sostuvo que todos los inmigrantes indocumentados deberían ser deportados. Además, el 66% aprueba su arresto en protestas o manifestaciones, 63% lo valida en viviendas y el 54% en lugares de trabajo.
Estas cifras muestran una sociedad cada vez más tolerante con la criminalización del inmigrante, legitimando así su exclusión y expulsión.
De civil a penal: ¿qué cambia?
Cuando la inmigración se considera un asunto civil, las personas no tienen derecho a representación legal gratuita; deben pagar sus propios abogados. En cambio, cuando se trata como un asunto penal, el Estado está en la obligación de proveer un defensor. Este hecho incrementaría de manera importante los costos y el desarrollo del proceso en el sistema judicial.
La criminalización permite el uso de herramientas del sistema penal como detenciones prolongadas, antecedentes judiciales, sentencias de prisión y restricciones más severas.
Para el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, esto también abre interrogantes serios sobre la privacidad y el acceso a la información fiscal de los inmigrantes. “Si estamos hablando de delitos, seguro que definitivamente pueden acceder al IRS. Si no son delitos, entonces ahora estamos viendo cómo el gobierno va a superar el requisito de confidencialidad muy bien establecido dentro del Código del IRS”.
¿Cárceles o centros de detención de control migratorio?
Uno de los ejemplos más visibles de la crimigración en EE. UU. es cuando se detienen inmigrantes que no han cometido delitos penales, en centros que, históricamente, operan como cárceles.
Los inmigrantes deben ser tratados como tales y llevados a hoteles o lugares de estadía temporal hasta que puedan resolver su situación o sino irse, aseguró la jurista Juliet Stumpf.
La crimigración no es entonces solo un concepto académico, sino una realidad jurídica y política en países como Estados Unidos, donde las líneas fronterizas entre delito e infracción migratoria parecen desvanecerse.
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