Con la llegada del gobierno de Donald Trump a la Casa Blanca, la ciudadanía por nacimiento pasó de ser un derecho a estar en la mira de esta administración que se ha caracterizado por priorizar políticas más severas de control migratorio.  

Y es que, aunque pareciera que su eliminación fuera improbable sin adelantarse una reforma constitucional, el intento de debilitarla está afectando a millones de familias y redefiniendo el concepto de ciudadanía en EE. UU. 

La lucha del gobierno Trump por eliminarla inició con su mandato en enero de 2025, cuando a través de un decreto ordenó negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados que viven en el país y que nacen en suelo estadounidense. 

¿Qué definió la Corte Suprema?

En un documento de 119 páginas, la Corte Suprema confirmó, por ahora, la suspensión a nivel nacional de la medida establecida por una corte inferior en los estados de Maryland, Massachusetts y Washington sobre el acceso a la ciudadanía por nacimiento, señalando además que los tribunales de distrito no tienen competencia para emitir órdenes judiciales con alcance nacional. A la luz de esta decisión, los migrantes indocumentados con hijos nacidos en EE. UU. tendrían que presentar demandas de manera individual. Aunque esto establece un precedente legal complejo, no significa que la Casa Blanca tenga vía libre para aplicar la medida exactamente como lo ha propuesto.

«Se critica la decisión de limitar los interdictos universales, porque esto debilita la capacidad de los tribunales para proteger los derechos constitucionales de manera eficaz. La Corte no debería modificar reglas procesales», indicó la Jueza Sonia Sotomayor. Y es que si bien es cierto el fallo habla sobre la imposibilidad de tribunales inferiores para detener proclamaciones de la administración Trump, no decide específicamente sobre la ciudadanía por nacimiento y, al no pronunciarse sobre este tema, la orden ejecutiva podría entrar en vigor en 30 días. Ya se ha anunciado que la decisión sobre este asunto, se daría hasta octubre.

Base constitucional del derecho a la ciudadanía 

El derecho a la “ciudadanía por nacimiento” está garantizado por la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, adoptada en 1868. Su cláusula de ciudadanía establece que: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en que residen.” 

Este principio convirtió a los EE. UU. en uno de los pocos países que otorgan la ciudadanía automáticamente a los nacidos en su territorio, independientemente del estatus migratorio de sus padres. 

El Gobierno Trump sostiene que los niños nacidos de inmigrantes indocumentados o de extranjeros que están en EE. UU. legalmente, pero con visas temporales, no están “sujetos a la jurisdicción” del país y, por lo tanto, no son ciudadanos. 

Desde 2018, algunos sectores políticos, especialmente republicanos conservadores, han promovido restringir este derecho. La modificación de este supondría efectos jurídicos, sociales y humanitarios profundos para los Estados Unidos.  

Lo preocupante es que miles de niños podrían quedar sin nacionalidad, especialmente aquellos nacidos en EE. UU. de padres indocumentados o sin estatus migratorio regular y se podrían generar mayores sesgos raciales y étnicos. 

 ¿Sabes qué opinan los estadounidenses sobre el tema? 

Según el estudio más reciente del Pew Research sobre este tema que analizamos y conocimos, los estadounidenses están divididos sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento para las personas cuyos padres inmigraron ilegalmente. 

La mitad de los adultos afirma que las personas nacidas en Estados Unidos de padres que inmigraron ilegalmente deberían tener la ciudadanía estadounidense. Otro 49 % afirma que no. (https://www.pewresearch.org/short-reads/2025/06/10/us-public-is-split-on-birthright-citizenship-for-people-whose-parents-immigrated-illegally/) 

Por otro lado, casi todos los adultos estadounidenses afirman que las personas nacidas en el país de padres nacidos en Estados Unidos (95%) o de padres que inmigraron legalmente (94%) deberían ser ciudadanos. 

Lo que viene  

Desde enero, varios jueces federales bloquearon la orden en todo el país y en las últimas horas la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del gobierno Trump para recortar el poder a los jueces federales y limitar así las órdenes judiciales nacionales que frenaban cautelarmente algunas medidas de la administración.   

El alto tribunal, de mayoría conservadora, se pronunció sobre las mociones de emergencia presentadas por la administración, pero no entró a evaluar de fondo este asunto sino el de restringir el alcance de los mandatos judiciales cautelares como los que tienen bloqueada la entrada en vigor de esta orden ejecutiva. Se esperan nuevas demandas.

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