Se cumple un año desde que Donald J. Trump llegó a la Casa Blanca por segunda vez; 365 días que han estado marcados, especialmente, por la mayor ofensiva migratoria en la historia de Estados Unidos y en los que la administración le ha dado un giro de 180 grados, a través de órdenes ejecutivas, a muchas de las políticas migratorias.
Y es que según el Instituto de Política Migratoria (MPI), desde enero de 2025 se han impulsado más de 500 acciones en materia migratoria, superando de manera sorprendente las 472 medidas adoptadas durante todos los cuatro años de su primer gobierno.
El cambio comenzó tan solo semanas después de haberse posesionado la nueva administración, la Casa Blanca activó un paquete de órdenes ejecutivas, proclamaciones presidenciales y directrices administrativas que convirtieron la inmigración en el eje central. Hasta ahora, el presidente ha firmado 38 órdenes ejecutivas relacionadas con inmigración, casi el 17 % del total de 225 firmadas durante su primer año. Esta estrategia evitó pasar por el congreso en muchas ocasiones, apostándole a la autoridad del poder ejecutivo como principal herramienta de control. Sin embargo y como un balance de contrapoderes, numerosas leyes de este han sido bloqueadas total o parcialmente por jueces federales (ordenes preliminares, permanentes o mixtas).
Estados Unidos atraviesa un escenario migratorio más restrictivo que afecta por igual a inmigrantes indocumentados y con estatus legal. Las recientes políticas no solo han obstaculizado el acceso al asilo y endurecido la frontera; también han transformado la manera en que el gobierno interactúa con millones de personas, con repercusiones en familias, comunidades y entornos laborales y aunque el alcance humano y económico de estas medidas aún no está claro, se advierte que sus efectos se sentirán durante años.
Fuerzas del orden para cumplir promesas
La promesa de deportaciones masivas se convirtió en política de Estado. La Casa Blanca invocó estatutos, solicitó el apoyo de fuerzas del orden estatales y locales, así como de agencias federales que jamás habían tenido funciones en materia de ley migratoria, para cumplir su palabra. Tras un año de gobierno es más evidente la militarización en el marco migratorio. Cada vez es más frecuente ver escenas de tropas y agentes federales con la cara cubierta recorriendo las calles de Estados Unidos, lanzando gases lacrimógenos y muchas veces sometiendo a personas de forma violenta e incluso mortal.
Mientras las llegadas irregulares a la frontera Sur cayeron a niveles no vistos desde los años 70, la ofensiva se trasladó al interior del país. Los arrestos de ICE se cuadruplicaron, más de 595.000 personas fueron retenidas por distintas agencias federales en menos de un año. A pesar de esto, las deportaciones reales se ubicaron por debajo de la meta del millón anual prometido por el gobierno, mientras siguen los cuestionamientos sobre a quiénes se está deteniendo y por qué.
Más agencias y oficinas en tareas de control de inmigración
Una de las novedades en el primer año de la administración Trump fue la multiplicidad de personal federal que se ha incorporado al ámbito migratorio, esta lista incluye funcionarios de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); la Administración para el Control de Drogas (DEA); el Buró Federal de Investigaciones (FBI); el Servicio de Impuestos Internos (IRS); y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. A la par múltiples agencias también recibieron la orden de compartir datos de personas sin estatus legal que podrían utilizarse para la aplicación de las leyes migratorias.
Más agencias federales se integran a tareas de control migratorio
En el primer año del segundo mandato de Donald Trump, el Gobierno amplió de forma inédita el número de agencias involucradas en labores de control y aplicación de leyes migratorias. A las funciones tradicionales del Departamento de Seguridad Nacional se sumó personal de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
Paralelamente, varias agencias recibieron la orden de compartir información sobre personas sin estatus legal, incluidos datos tributarios y registros administrativos, para reforzar operativos y facilitar detenciones. Esta expansión de colaboración entre agencias marca un cambio profundo en la arquitectura del control migratorio federal y eleva el alcance del Gobierno sobre la vida cotidiana de millones de inmigrantes.
Las dudas que dejan las cifras de ICE
El 19 de diciembre, el DHS afirmó que 622.000 personas no ciudadanas habían sido deportadas desde que Trump asumió el cargo. Este número es inferior a las 778.000 repatriaciones realizadas en el último año fiscal de la administración Biden, y está lejos del millón de deportaciones anuales que se había impuesto como meta esta administración.
Hoy por hoy persiste una limitante para acceder a datos oficiales por parte de múltiples agencias, por esta razón no está claro quiénes están siendo contabilizados ni cómo. Si bien el gobierno afirma que más de 1 millón de personas se auto deportaron, no hay registro oficial que sustente el anuncio.
Según un reporte del Instituto de Política Migratoria (MPI), los arrestos de ICE aumentaron a aproximadamente 1.200 por día, uno de los niveles más altos desde la administración Obama. El número de inmigrantes detenidos por ICE aumentó de un promedio diario de 39.000 en diciembre de 2024 a casi 70.000 con corte al 7 de enero de 2026.
Aunque el Gobierno insiste en que sus operativos se concentran en inmigrantes con antecedentes criminales, los datos cuentan otra historia.
Según cifras actualizadas en enero, solo el 26 % de las personas detenidas por ICE tenía una condena penal. Otro 26 % enfrentaba cargos pendientes, mientras que el 48 % fue arrestado por violaciones exclusivamente migratorias.
Apoyo del congreso y “guiños” de la Corte
Este giro ha sido respaldado por una inyección histórica de recursos públicos. En julio, el Congreso aprobó, en el marco de la One Big Beautiful Bill, 170 mil millones de dólares para expandir el sistema de detención y deportación.
Esto es cinco veces el presupuesto anual combinado actual de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). La ley destinó $ 45 mil millones para aumentar la capacidad de detención de ICE y $ 46 mil millones para la construcción de barreras fronterizas adicionales y sistemas de vigilancia.
Además, en la primera semana de su nuevo mandato, el Congreso aprobó la Ley Laken-Riley, la primera legislación migratoria independiente en 19 años, que ordena la detención sin fianza de extranjeros acusados, arrestados o condenados por delitos relacionados con robo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que, hasta el 24 de diciembre, 17.500 personas habían sido arrestadas y detenidas en virtud de la Ley Laken-Riley.
Por su parte la Corte Suprema ha dado luz verde a varias medidas como la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de unos 600 mil venezolanos, aunque también impidió que la administración deportara a extranjeros sin el debido proceso y bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional para tratar temas migratorios. Todavía está por verse qué pasará en temas clave como la ciudadanía por nacimiento.
Más allá de la frontera: el cerco a visas, ciudadanía y reunificación familiar
Trump 2.0. no solo persigue la migración irregular, también asfixia las vías legales. Residencias permanentes, visas, ciudadanía, estudiantes internacionales y reunificación familiar enfrentan nuevos obstáculos, tarifas récord y vetos masivos. La suspensión indefinida del procesamiento de visas para ciudadanos de 75 países, sumada a vetos parciales o totales a 39 nacionalidades, confirman que la estrategia va mucho más allá de la frontera y busca redefinir quién puede y quién no formar parte de Estados Unidos.
La expansión histórica del 287(g)
Con corte a enero de 2026, la cooperación entre fuerzas policiales locales y el gobierno federal en materia migratoria alcanzó niveles sin precedentes. Un total de 1.313 agencias habían firmado acuerdos 287(g) con ICE, una cifra que contrasta de manera drástica con los 135 acuerdos vigentes al cierre del año fiscal 2024.
Hasta septiembre, más de 8.500 oficiales estatales y locales habían sido capacitados para desempeñar funciones de aplicación de la ley migratoria federal. Para acelerar esta expansión, ICE comenzó a financiar directamente la participación policial, cubriendo salarios y costos operativos: solo en Florida, la agencia destinó casi 39 millones de dólares a socios 287(g).
Algo que es bastante significativo es que más de la mitad de los acuerdos (718) correspondan al modelo de “grupo de trabajo”, que autoriza a policías locales a interrogar y arrestar a personas por motivos migratorios durante su labor cotidiana, un esquema que había sido eliminado en 2012 tras documentarse prácticas de perfilación racial.
Esta modalidad se ha convertido en un pilar importante de la estrategia de deportaciones: entre el 20 de enero de 2025 y mediados de octubre, el 52 % de los arrestos realizados por ICE ocurrieron en cárceles locales, con una concentración marcada en estados como Texas y Florida.
Arrestos por contrato
ICE ha buscado múltiples maneras de sumar arrestos a la cuota diaria exigida por el gobierno. Según datos disponibles y recopilados por Instituto de Política Migratoria (MPI) se suscribieron contratos por 280 millones de dólares para contratar investigadores privados y cazarrecompensas con el objetivo de perfilar a inmigrantes y confirmar sus direcciones, lugares de trabajo y patrones generales de movimiento.
Estos contratistas han sido equipados con herramientas de última tecnología que permiten obtener información casi de manera instantánea sobre el estatus legal de una persona, incluyendo reconocimiento facial, escáner de iris y lectores de matrículas.
Tan solo un año después de haber iniciado el segundo mandato de Donald Trump, el mapa migratorio de Estados Unidos ya no es el mismo. La combinación de poder ejecutivo, recursos públicos sin precedentes, expansión policial y tecnología de vigilancia ha consolidado un sistema diseñado para detectar, detener y expulsar a gran escala.
El primer año de Trump deja claro que el gobierno pudo reconfigurar un sistema migratorio basado en decretos, fuerza y presupuesto, pero el futuro dirá si este modelo se consolida, sucumbe en los tribunales o marcará los parámetros para quienes buscan, aún, el sueño americano.