El costo económico de las políticas migratorias de Trump 

A lo largo de este año, las decisiones migratorias impulsadas por la administración Trump han dejado sentir su peso en distintos frentes. No se trata solo de nuevas restricciones en la frontera o del incremento de operativos del ICE, sino de un conjunto de medidas que, en su conjunto, están reconfigurando el tejido económico y social del país.   

El impacto se ha extendido a lo largo de todo el año, reduciendo la disponibilidad de mano de obra en sectores clave y generando tensiones en comunidades que dependen directamente del aporte de los inmigrantes para sostener su crecimiento y estabilidad. 

California, primer epicentro del impacto  

El caso de California se ha convertido en el ejemplo más visible del efecto económico que las redadas migratorias están generando en los Estados Unidos. De acuerdo con una investigación publicada por Investigate Midwest con corte a agosto de 2025, tras semanas de operativos en centros de trabajo, la fuerza laboral total del estado cayó 3.1 % entre mayo y junio, mientras que entre los trabajadores inmigrantes la caída fue del 7.2 %.  

El informe advierte que esta reducción representa una de las contracciones más severas desde la Gran Recesión y que no solo responde a deportaciones directas, sino al miedo generalizado entre los empleados inmigrantes, muchos de los cuales dejaron de presentarse a trabajar por temor a ser detenidos.  

Tres sectores en alerta: agricultura, construcción y salud  

Justamente el Consejo Americano de Inmigración (ACI, por sus siglas en inglés) advierte que el golpe económico es especialmente visible en los diez estados con mayor concentración de trabajadores indocumentados: California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Nevada, Illinois, Massachusetts, Washington y Virginia.  

Según la entidad, en el sector de la construcción, el empleo cayó un 0.1 %, mientras que en el resto del país apenas creció un 1.9 %. Así mismo, en el sector de la salud y atención hospitalaria, el crecimiento fue casi nulo: solo 0.2 % en junio de 2025, frente al 1.5 % que se reportó en 2024.   

Pero el panorama más crítico sin duda se refleja en el campo: en lo corrido de varios meses, se han perdido 155.000 empleos agrícolas en estos 10 estados.  

Empresas paralizadas y cadenas rotas  

El daño económico se refleja en historias concretas que se viven a diario en EE. UU. Por ejemplo, en Iowa, una planta empacadora de carne tuvo que despedir a 200 empleados tras la revocación de su estatus legal, con la perdida de los Permisos de trabajo temporales (TPS).  

En Florida, supermercados que atienden a comunidades latinas reportan caídas de hasta 20 % en ventas, y, en Nueva Jersey, un centro de distribución tuvo que cerrar varios días tras una auditoría migratoria.  

Si vamos más allá, las políticas migratorias del gobierno generan un efecto dominó: cada redada deja como saldo trabajadores detenidos; empresas afectadas y proveedores y consumidores también se afectan, en conclusión, todos terminan pagando el costo.  

La incertidumbre también se extiende al ámbito legal. En muchos casos, los empleadores habían utilizado el sistema E-Verify, el sistema en línea que contrasta la información del formulario I-9 de los empleados con los registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), para verificar la elegibilidad laboral y confiando en este procedimiento, realizaron auditorías internas y asumieron que cumplían plenamente con las leyes de inmigración.  

Sin embargo, la Casa Blanca advirtió recientemente que depender de E-Verify y del proceso I-9 podría considerarse una práctica “imprudente”. Esta declaración generó incertidumbre entre pequeñas y medianas empresas en todo el país, ya que ahora no tienen claridad sobre cómo garantizar el cumplimiento normativo ni cómo evitar ser objeto de inspecciones o sanciones en sus lugares de trabajo.  

En síntesis, las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump han demostrado que las redadas, deportaciones masivas y auditorías laborales no solo impactan a los inmigrantes, sino que desestabilizan la economía de Estados Unidos desde su base: la fuerza laboral.