Explotación laboral en trabajadores inmigrantes en EE. UU.

La explotación laboral de trabajadores inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, sigue siendo una realidad pero sobre todo un problema estructural del mercado laboral estadounidense y aunque existen programas de visas temporales que prometen ordenar la contratación extranjera y equipos de inspectores encargados de vigilar su cumplimiento, la realidad para miles de trabajadores continúa marcada por el robo salarial, las amenazas, las jornadas extenuantes y las represalias cuando intentan denunciar.  

Las cifras lo confirman, de acuerdo con el Proyecto Nacional de Derecho Laboral (NELP) una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover los derechos de los trabajadores, especialmente los inmigrantes, el 18 % de toda la fuerza laboral del país es inmigrante; 7,3 millones de trabajadores carecen de documentos y el 35% de esta población se concentra en empleos de baja remuneración y alto riesgo como la agricultura, la construcción, la limpieza, la hotelería, el paisajismo y otros trabajos temporales o informales.   

Frente a este panorama, en este informe especial realicé un cruce de información proveniente de fuentes oficiales y análisis independientes, en este sentido, revisé las bases de datos del Departamento de Trabajo (DOL) sobre los programas H-1B, H-2A y H-2B; examiné reportes agrícolas y de trabajo temporal, incorporé hallazgos de un reciente estudio académico sobre robo salarial y contrasté estos resultados con los informes de organizaciones como el Proyecto Nacional de Derecho Laboral (NELP) y Rutgers University sobre desigualdades y violaciones a los trabajadores inmigrantes, con el propósito de hacer una radiografía completa sobre cómo se sostiene un sistema de explotación laboral que afecta a cientos de miles de inmigrantes cada año en Estados Unidos.  

Los datos más recientes del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) muestra un panorama mixto en el cumplimiento laboral relacionado con trabajadores H-1B entre los años fiscales 2022 y 2024 y aunque en 2024 hubo un ligero repunte en las acciones de cumplimiento frente a 2023, al pasar de 50 a 60 intervenciones, las cifras siguen por debajo de las registradas en 2022, cuando se alcanzaron 70 intervenciones, lo que resulta aún insuficiente, ante el alto número de casos registrados.   

Es importante aclarar que las intervenciones son acciones que emprende el mismo Departamento de Trabajo en los puntos directos donde los trabajadores cumplen sus labores, en estas un equipo especializado revisa las condiciones contractuales, adelanta investigaciones administrativas y auditorías laborales, que pueden iniciarse por denuncias de trabajadores, reportes externos o cuando el gobierno identifica sectores o empresas de alto riesgo.  

Sin embargo, el cambio más significativo del último año se observa en la cantidad de empleados que recibieron salarios atrasados, que cayó a 96 trabajadores en 2024, mientras que en 2023 fue de 187; esta disminución se refleja también en la reducción del monto recuperado por sueldos no pagados: mientras en 2023 la agencia recuperó más de 3,1 millones de dólares, en 2024 la cifra descendió a 2,3 millones, niveles similares a los de 2022.  

El comportamiento de las sanciones económicas muestra una tendencia todavía más marcada, las multas impuestas por el Departamento de Trabajo se redujeron de manera sostenida: de 215,490 dólares en 2022, bajaron a 163,870 en 2023 y se desplomaron a solo 43,750 dólares en 2024, el número más bajo del periodo analizado. Este descenso podría indicar la detección de casos menos graves o una menor capacidad de fiscalización o cambios en la aplicación de penalidades. 

En conjunto, las cifras revelan que, pese a un leve aumento en las acciones de cumplimiento en 2024, el alcance y la severidad de las investigaciones laborales vinculadas al programa H-1B se redujeron de forma considerable frente a años anteriores.  

Pero aún más allá, esto se traduce en un impacto directo en el costo de vida de los trabajadores; entre 2022 y 2024, cada trabajador H-1B que recuperó salarios no pagados recibió en promedio 18 mil dólares en un año, lo que representa un total de 1,500 dólares mensuales, sin embargo, en Estados Unidos ese dinero no es un lujo: alcanza para pagar entre 9 y 12 meses de arriendo, considerando que rentar un apartamento pequeño cuesta en promedio 1.400 a 1.800 dólares al mes, o para cubrir básicos de comida, que puede costar entre 300 a 500 dólares mensuales por persona.  

Cuando ese pago no llega, las consecuencias son inmediatas: retrasos en la renta, deudas, menos comida y una mayor dependencia del empleo. Y es que solo en 2024, 96 trabajadores recibieron estos salarios atrasados, casi la mitad que, en 2023, dejando a más personas enfrentando un alto costo de vida sin suficiente protección del Estado.  

Los datos del Departamento de Trabajo también revelan que la industria del paisajismo concentra el mayor número de trabajadores afectados por incumplimientos laborales dentro del programa H-2B. En total, 466 empleados recibieron salarios atrasados, acumulando más de 1,3 millones de dólares adeudados; este mismo sector registró también las sanciones más altas del periodo, con 431.270 dólares en multas.  

La construcción ocupa el segundo lugar en número de trabajadores afectados, con 261 que recibieron sueldos atrasados, los casos en este sector representaron casi un millón de dólares en salarios no cancelados y 217,370 dólares en sanciones económicas, lo que pone en evidencia el peso de la industria en las violaciones registradas.  

Otros sectores también muestran niveles significativos de violaciones: en la silvicultura, por ejemplo, 262 recibieron pagos atrasados por más de 320,000 dólares, mientras que las multas alcanzaron casi 99,000 dólares. En los servicios de alimentación, 134 recibieron salarios adeudados por 249,323 dólares, con sanciones superiores a 252,000 dólares.  

Industrias más pequeñas, pero igual de importantes como hoteles y moteles o servicios de limpieza, también presentan casos relevantes. En limpieza, por ejemplo, 68 trabajadores recibieron pagos atrasados y las multas superaron los 66.000 dólares. En hoteles, aunque los casos son menores, se registraron 15 empleados con salarios atrasados y más de 5,000 dólares recuperados.  

En el sector de diversión, el Departamento de Trabajo identificó 51 empleados con salarios atrasados por 27,309 dólares, mientras que las sanciones superaron los 116,000 dólares.  

Los datos muestran que las industrias con mayor dependencia de mano de obra H-2B concentran también los niveles más altos de violaciones laborales, siendo el paisajismo, la construcción y la silvicultura los sectores donde se registran los mayores impactos tanto en trabajadores afectados como en montos adeudados.  

A esto se suma que, de acuerdo con el Instituto de Política Económica (EPI), en 2024, el número de trabajadores con H-2B alcanzó casi 170 mil, un máximo histórico, y más de 2.5 veces el límite anual original que se encontraba en 66,000.  

Además, el EPI señaló que en las 15 ocupaciones principales de H-2B en 2024, el salario por hora certificado para trabajadores fue hasta un 24.7 % más bajo que el promedio nacional y es que, justamente, este instituto detectó que entre 2000 y 2024, en las industrias con alta prevalencia de trabajadores H-2B, los empleadores dejaron de pagar más de 2,200 millones de dólares en salarios atrasados a trabajadores, migrantes y nacionales. Esa cifra representa un promedio de casi 90 millones de dólares por año en salarios retenidos injustamente. 

Así mismo, el Departamento de Trabajo señala que el sector agrícola, en el que aplica la visa H2A, registró en 2024 un aumento significativo en el número de trabajadores que recibieron salarios atrasados, pese a que las acciones de cumplimiento disminuyeron respecto a años previos. En el año fiscal 2024, 7,647 empleados obtuvieron pagos atrasados, una cifra notablemente superior a la de 2023 que registro 5,181 y también mayor que la de 2022 que alcanzó 6,066.  

En total, el DOL recuperó 4,9 millones de dólares en 2024, frente a los 3,8 millones del año anterior y los 3,6 millones de 2022.   

Las sanciones económicas impuestas a empleadores del sector agrícola también crecieron de manera marcada en 2024; las multas ascendieron a 5,8 millones de dólares, superando ampliamente los 4,3 millones de 2023, aunque todavía por debajo del pico registrado en 2022, cuando las sanciones alcanzaron cerca de 6.3 millones.  

Es decir, en 2024 la agricultura experimentó un año de menor número de investigaciones, pero con un impacto mucho más fuerte tanto en salarios atrasados como en sanciones económicas. Esto indica que las violaciones detectadas fueron más graves o involucraron a un mayor número de trabajadores por caso.  

En todo este panorama, la distribución de investigadores laborales por estado muestra disparidades en la capacidad de supervisión, según datos del Centro por el Bienestar Laboral de la Escuela de Trabajo Social y Asuntos Laborales de Rutgers University.   

Las cifras reflejan que, en 2025, mientras estados como California y Texas cuentan con los equipos más grandes, 74 y 68 investigadores, respectivamente, también concentran un volumen muy alto de trabajadores por cada inspector: 266,403 en California y 232,037 en Texas.  

Otros estados enfrentan desafíos aún mayores. En Washington, por ejemplo, cada investigador debe cubrir en promedio a 579,690 trabajadores. Maine y Maryland también presentan cargas extremadamente elevadas, con 708,703 y 539,596 trabajadores por investigador, pese a tener plantillas mínimas.  

En contraste, estados pequeños como Nuevo Hampshire y Hawái muestran una supervisión más nivelada: 86,386 y 114,415 trabajadores por inspector, cifras muy por debajo del promedio nacional. Alabama, Misisipi y Missouri también presentan cargas relativamente menores.  

Llama la atención que algunos estados, como Delaware, Montana y Vermont, no reportan investigadores, lo que implica ausencia total de supervisión estatal. En conjunto, las cifras evidencian un sistema de inspección laboral muy desigual, en el que la capacidad de vigilancia varía drásticamente entre estados y, en muchos casos, resulta insuficiente frente al volumen de trabajadores que dependen de esa supervisión.  

Estados con menos protección  

En 2025, el estado con mayor número de trabajadores por investigador es Maine, con 708,703 trabajadores por cada investigador, seguido por Washington con 579,690 y Maryland con 539,596. En cuarto lugar, aparece Dakota del Sur con 492,892 trabajadores por investigador, mientras que Connecticut ocupa el quinto puesto con 489,109.   

Le siguen Minnesota con 449,972, Dakota del Norte con 429,319, Colorado con 410,097 y Carolina del Norte con 407,179, este último destacando por contar con 13 investigadores, la cifra más alta entre los estados listados; Massachusetts cierra con 393,609 trabajadores por investigador.   

Dentro de los estados que más protección dan a los trabajadores, especialmente a los inmigrantes, el top lo encabeza Nuevo Hampshire con 86,386 trabajadores por investigador y un total de 9 de ellos. Le sigue Hawái, con 114,415 trabajadores por investigador y 6 investigadores, mientras que Misisipi se ubica en el tercer lugar con 117,617 trabajadores por investigador y un total de 11.   

En el cuarto puesto aparece Arkansas, que registra 157,893 trabajadores por investigador, seguido por Alaska, con 181,639 y solo 2 investigadores, la cifra más baja del grupo.  Nevada se ubica en el sexto lugar con 185,631 trabajadores por investigador, mientras que Virginia Occidental ocupa el séptimo con 195,032. En octavo lugar está Oklahoma, con 199,376 trabajadores por investigador y 10 investigadores, seguido por Utah, que presenta 205,124 trabajadores por investigador. Finalmente, Missouri cierra el listado con 210,035 trabajadores por investigador y 15 investigadores, el número más alto de investigadores entre los estados del ranking.  

Caso emblemático: un empleador agrícola obligado a pagar más de 427,000 dólares por violaciones al programa H-2A  

La dimensión de los abusos en el sector agrícola no se refleja solo en estadísticas, también en los casos que investiga y reporta el gobierno federal, uno de los casos más contundentes ocurrió en agosto de 2025, cuando un tribunal federal ordenó a una de las mayores productoras de zanahorias y hortalizas del país, a pagar 427,456 dólares en salarios atrasados y sanciones civiles por infracciones cometidas contra trabajadores migrantes contratados bajo el programa H-2A.  

Incluso la ciencia confirma lo que muestran los datos: un estudio académico de 2024 demostró que el robo salarial no es un error ni una excepción, sino una estrategia racional para muchos empleadores cuando las probabilidades de ser sancionados son bajas y las multas son baratas. En otras palabras: en muchos sectores, explotar a trabajadores inmigrantes sigue siendo un negocio rentable.  

Mientras continúe esta combinación de salarios impagos, viviendas inhumanas, represalias, poca supervisión estatal y protecciones debilitadas, el sistema seguirá funcionando tal como ha sido diseñado: manteniendo los costos bajos a costa de la dignidad y seguridad de quienes sostienen gran parte de la economía. 

Si algo muestra esta investigación es que la explotación laboral no persiste por falta de pruebas. Persiste porque, para muchos actores del sistema, sigue resultando conveniente.  

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