Gobierno Trump busca que el FBI y la Guardia Nacional actúen en tareas de inmigración: ¿peligran los derechos civiles de los inmigrantes en EE. UU.?

El gobierno del presidente Trump dio a conocer que busca incrementar esfuerzos para ejercer mayor control migratorio y ejecutar deportaciones masivas de inmigrantes sumando personal del FBI y la Guardia Nacional, pero ¿esto pone en peligro los derechos civiles de los inmigrantes en EE. UU.?  

 El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitó formalmente unos 20.000 efectivos de la Guardia Nacional para apoyar las tareas de inmigración. El Pentágono está revisando actualmente la solicitud, y abogados militares evalúan las implicaciones legales de utilizar tropas de la Guardia Nacional para el control migratorio interno, una expansión sin precedentes de su función tradicional.  

Además, la administración Trump planea reasignar agentes federales del FBI para desarrollar intervención migratoria. Memorandos internos indican que los agentes del FBI constituirían el 45% del contingente del Departamento de Justicia en cada una de las 25 ciudades afectadas por la nueva iniciativa, dedicándose los siete días de la semana a operaciones de inmigración. 

La reasignación de agentes federales a la aplicación de las leyes migratorias preocupa a congresistas en su mayoría demócratas, quienes han advertido que desviar recursos del FBI y otras agencias podría afectar las investigaciones de contraterrorismo, contrainteligencia, fraude y delitos violentos.  

¿Qué funciones desempeñan el FBI y la Guardia nacional en Estados Unidos? 

Históricamente el Buró Federal de Investigaciones (FBI, sigla en inglés) se ha consolidado como la principal rama de investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. Su misión ha sido proteger y defender al país de amenazas terroristas y de inteligencia extranjera y hacer cumplir las leyes penales. 

Por su parte, la Guardia Nacional tiene responsabilidades estatales y federales. En el ámbito estatal, esta fuerza responde a emergencias y desastres dentro de sus respectivos estados, como huracanes, inundaciones y terremotos. En el ámbito federal, la Guardia Nacional puede ser activada para misiones militares en el extranjero, operaciones antidrogas y misiones de reconstrucción, entre otras tareas nacionales.  

¿Qué dice La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)? 

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), promulgada en 1952, no establece explícitamente el uso del FBI para la detención y deportación de inmigrantes. Sin embargo, la INA sí permite que otras agencias federales, como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el ICE, trabajen con el FBI en investigaciones relacionadas con la inmigración. (https://www.uscis.gov/es/leyes-y-politicas/legislacion/ley-de-inmigracion-y-nacionalidad) 

La INA no otorga hasta el momento al FBI la autoridad principal para detener y deportar inmigrantes. Esto recae principalmente en ICE, pero la ley también es ambigua y podría habilitarse su necesidad bajo ciertos capítulos como el “8 USC 1357: Desempeño de funciones de agente de inmigración por funcionarios y empleados del Estado” que invocan entre otras que:  

• El Procurador General podrá celebrar un acuerdo escrito con un Estado o cualquier subdivisión política de un Estado, en virtud del cual un funcionario o empleado del Estado o subdivisión, que está calificado para realizar una función de oficial de inmigración en relación con la investigación, aprehensión o detención de extranjeros en los Estados Unidos (incluido el transporte de dichos extranjeros a través de las fronteras estatales a centros de detención), podrá llevar a cabo dicha función a expensas del Estado o la subdivisión política y en la medida que sea compatible con las leyes estatales y locales.  

• Al desempeñar una función bajo esta subsección, un funcionario o empleado de un Estado o una subdivisión política de un Estado estará sujeto a la dirección y supervisión del Procurador General.

• Al desempeñar una función bajo esta subsección, un funcionario o empleado de un Estado o una subdivisión política de un Estado puede usar propiedad o instalaciones federales, según lo dispuesto en un acuerdo escrito entre el Procurador General y el Estado o la subdivisión. 

¿Se están presentando violaciones de derechos por parte de las autoridades migratorias de EE. UU.?   

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante el incremento de prácticas de retorno forzoso, deportaciones y expulsiones de personas migrantes y refugiadas, tanto a sus países de origen como a terceros países, sin las debidas garantías del debido proceso ni el respeto a sus derechos humanos.  

En cuanto a la detención migratoria, este organismo enfatizó que esta situación, por sí sola, no debería ser fundamento para la privación de libertad. “En esencia, constituye una violación a una norma de carácter administrativo, que no debe ser entendida como un delito penal”. Asimismo, enfatizó que debe garantizarse el pleno respeto de las garantías procesales. (https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/102.asp&utm_term=class-mon)   

Las personas migrantes detenidas deben ser informadas sobre los motivos de su detención, los derechos que les asisten, así como los mecanismos disponibles para impugnar dicha medida.   

Amnistía Internacional, organización no gubernamental independiente, también denunció violaciones de DDHH contra inmigrantes detenidos en EE. UU. El caso puntual hace referencia a la situación de personas detenidas en el Centro de Procesamiento del Servicio de El Paso.     

Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha manifestado que “El gobierno de Trump actúa descaradamente de forma selectiva contra nuestros familiares, amigos, amigas y vecinos inmigrantes, y ha vuelto insoportable su vida”. 

Dicho informe se basa en una visita de investigación adelantada a este centro el pasado mes de abril, donde esta organización denuncia alarmantes patrones de abusos y violaciones sistémicas de derechos. La entidad hace referencia a casos en los que se ha reforzado el control de la inmigración, en ocasiones de manera ilegal, y el uso alarmante de la Ley de Enemigos Extranjeros para clasificar como personas de alto riesgo y afiliadas a bandas a personas venezolanas.   

“Se están practicando detenciones de inmigrantes en todo el país, incluidas personas solicitantes de asilo y otras que llevan años viviendo en Estados Unidos, a quienes se está negando acceso a representación letrada y al debido proceso, sometiendo a condiciones de reclusión abusivas y, en algunos casos, a desaparición forzada y traslado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Estas prácticas no sólo son inhumanas, sino también ilícitas.” (Estados Unidos: Amnistía Internacional expone las violaciones de derechos humanos en el centro de detención de inmigrantes de El Paso)

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