E-Verify: El sistema que está transformando el trabajo migrante en EE. UU. 

En los últimos años, E-Verify se ha convertido en una herramienta clave para controlar la migración dentro de Estados Unidos, pero no a través de deportaciones masivas, sino por medio del mercado laboral, a esta herramienta se le suman las más recientes decisiones de la administración Trump en busca de limitar el trabajo migrante en EE. UU.  

Pero ¿cómo funciona este sistema? ¿A quiénes afecta realmente? Y, sobre todo, ¿por qué está generando tanta controversia? 

Este sistema – que opera actualmente en 21 estados- está cambiando las reglas del juego, pues no se necesitan de muros fronterizos o redadas masivas, sino de una herramienta digital para redefinir quiénes pueden trabajar legalmente en Estados Unidos. Pero ¿realmente funciona? En este articulo analizaremos este tema.  

¿Qué es E-Verify y cómo funciona? 

E-Verify es un sistema electrónico que verifica si un trabajador tiene autorización legal para laborar en EE.UU. Para ello, cruza datos como el número de Seguro Social con las bases de datos del gobierno. Si hay inconsistencias, el empleado puede ser despedido o incluso reportado a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). 

Aunque no es nuevo, su implementación obligatoria en más estados lo ha puesto en el centro del debate migratorio. El caso más reciente se dio en el estado de Florida.   

¿Dónde es obligatorio E-Verify en EE.UU.? 

Uno de los casos más recientes es Florida, donde, a partir de julio de 2025, todas las empresas deberán usar E-Verify. A esta lista se suman otros estados donde ya funciona este registro, entre ellos:  

Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Luisiana, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Carolina del Norte, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Virginia Occidental. 

Esta medida se le suma otra que busca restringir la integración de los migrantes al mundo laboral estadounidense y es la cancelación del parole humanitario para unos 530.000 migrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos.  

Si bien, el gobierno Trump decidió revocar este tipo de protección, por el momento está en vilo su aplicación, ya que una jueza federal la frenó y ordenó respetar el plazo original de dos años para estos casos. 

Estas restricciones al trabajo de cientos de migrantes forman parte de una estrategia que busca reducir la migración mediante la presión económica, sin necesidad de redadas masivas. 

¿A quiénes afecta E-Verify?  

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) el objetivo oficial es evitar el empleo de migrantes sin papeles, sin embargo, el sistema no es perfecto y puede perjudicar a: 

• Migrantes con permisos temporales (como TPS o parole humanitario) si hay errores en el sistema. 

• Personas con trámites en proceso, por demoras burocráticas. 

Justamente un informe del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) con corte a 2023, señala que los inmigrantes constituyen cerca del 18% (30.6 millones de personas) de la fuerza laboral civil de EE. UU. 

Los migrantes son esenciales en sectores clave como la agricultura, la construcción, los servicios y la tecnología. La mayor proporción (38%) trabaja en ocupaciones gerenciales, profesionales y relacionadas; 21% en servicios, 15% en transporte y producción, 14% en ventas y oficinas, y 12% en construcción y mantenimiento. 

¿Se expandirá E-Verify a todo EE. UU.? 

Si bien actualmente este sistema no es obligatorio a nivel nacional podría ser adoptado por más estados y convertirse en una regla general en todo el país.  

E-Verify ya no es solo un sistema de verificación, sino un mecanismo de control migratorio que traslada la carga de la deportación a los empleadores. Su expansión podría cambiar el mercado laboral, dejando un gran impacto económico y social.  

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Migración en puertos de EE. UU. cae un 82% bajo nuevas políticas de Trump 

Las políticas migratorias de la segunda era Trump han marcado un antes y un después en los puertos de entrada estadounidenses. En febrero de 2025, 11.973 personas intentaron ingresar sin documentos, una caída del 82% frente a las 124.522 registradas en diciembre de 2024 (último mes de la administración Biden), según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). 

Pero detrás de las cifras hay un escenario complejo, mientras 3.843 migrantes lograron entrar con un advance parole o permiso temporal, las nuevas restricciones han dejado a miles de personas en el limbo, analicemos estas cifras:  

Datos clave del cambio migratorio 

• Rechazos y retiradas: En febrero de 2025, 8.007 personas (67 % de las que buscaron ingresar a EE. UU.) fueron denegadas; la mayoría evitó sanciones al retirar voluntariamente sus solicitudes. 
• Admitidos con condiciones: 3.843 personas, es decir, el 32 % del total, obtuvieron advance parole, un permiso temporal que les permite esperar en EE. UU. la resolución de su estatus. Otras 465 ingresaron con un Notice to Appear (NTA), o aviso de comparecencia, para presentarse ante un juez de inmigración. 

• Vulnerabilidad persistente: 87 menores no acompañados y 1.263 familias (10,5 % del total) intentaron cruzar, lo que evidencia riesgos humanitarios aún presentes.

Pese a las medidas restrictivas del gobierno Trump, los mexicanos siguen siendo quienes más intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos, seguidos de los cubanos, haitianos y venezolanos.  

¿A qué se debe la drástica reducción? 

La disminución de migrantes en los puertos de entrada de EE. UU. puede atribuirse a tres causas principales, según explica el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office: 

“En primera medida, se están aplicando políticas más estrictas, con controles reforzados en los puertos y consecuencias legales inmediatas. A esto se suma el efecto disuasorio de las campañas gubernamentales alertando sobre deportaciones aceleradas y, finalmente, un cambio de estrategia en el que los migrantes optarían por rutas informales o por esperar en México ante las nuevas barreras”, explicó. 

Un nuevo panorama, pero con viejos desafíos 

Aunque las cifras muestran un descenso significativo en los cruces por los puertos de entrada, los desafíos humanitarios persisten. La caída en los intentos no necesariamente refleja una menor necesidad de migrar, sino un endurecimiento de las vías legales y un posible aumento en los riesgos que enfrentan quienes aún buscan llegar a EE. UU.  

En esta segunda era de gobierno Trump, un nuevo capítulo migratorio, el equilibrio entre seguridad fronteriza y derechos humanos vuelve a estar en el centro del debate. 

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El gobierno Trump anunció a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que tomará muy en serio la actividad en las redes sociales de los solicitantes de beneficios migratorios para definir su permanencia o entrada al país. 

USCIS comenzó a considerar la actividad antisemita de extranjeros en las redes sociales y el acoso físico a personas judías como motivos para negar solicitudes de trámites migratorios. Esto afecta principalmente a los extranjeros que solicitan la residencia permanente legal, a los estudiantes extranjeros y a los extranjeros afiliados a instituciones educativas vinculadas con este tipo de actividades.  (https://www.uscis.gov/newsroom/news-releases/dhs-to-begin-screening-aliens-social-media-activity-for-antisemitism) 

Se estima que esta propuesta afectará a más de 3,5 millones de solicitantes anualmente. El propósito de la medida es verificar las identidades de quienes se están postulando y evaluar posibles riesgos para la seguridad pública.

¿Esta verificación es nueva o ya se venía implementando? 

La recolección de información de redes sociales por parte de las autoridades de inmigración no es completamente nueva. Bajo la administración Obama, se comenzaron a intensificar estas prácticas y, durante el primer mandato de Trump, el Departamento de Estado comenzó a requerir que la mayoría de los solicitantes de visas proporcionaran sus identificaciones de redes sociales.  

Además, CBP ha tenido la autoridad para inspeccionar dispositivos electrónicos en la frontera, incluyendo aeropuertos, sin necesidad de una orden judicial. Por ejemplo, en 2024, CBP realizó 47.047 búsquedas de dispositivos electrónicos, lo que representó menos de del 0,01% de los pasajeros entrantes.   

¿Este tipo de inspección viola los derechos de privacidad?

Aunque estas prácticas se han vuelto más rutinarias, continúan generando preocupaciones significativas sobre la privacidad y los derechos constitucionales. Para el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC, “La legalidad de estas prácticas ha sido objeto de debate, por ejemplo, en 2019, un tribunal federal en Boston dictaminó que las búsquedas sin sospecha en dispositivos electrónicos de viajeros en aeropuertos y otros puertos de entrada de los Estados Unidos violaban la Cuarta Enmienda. El tribunal estableció que los oficiales fronterizos debían demostrar una sospecha razonable de que un dispositivo contenía contrabando ilegal antes de realizar una búsqueda”. 

Sin embargo, CBP sostiene que tiene la autoridad para realizar inspecciones de dispositivos electrónicos en la frontera para garantizar el cumplimiento de las leyes que aplica.  

Si no quiere afectar su permanencia o entrada a Estados Unidos recuerde que, para cualquier análisis de solicitud de beneficios de inmigración, USCIS considerará como factor negativo el contenido en redes sociales que indique que una persona respalda, apoya, promueve o apoya el terrorismo antisemita, organizaciones terroristas antisemitas u otra actividad en esta línea. 

Si está en proceso de algún trámite migratorio en Estados Unidos, estas son algunas recomendaciones:

• Sea consciente de lo que publica, sus mensajes serán revisados por las autoridades  
• Evite subir contenido que pueda prestarse a malinterpretaciones 
• Elimine contenido ofensivo o problemático de sus redes sociales  
• Asegúrese de que la información en sus perfiles sea consistente con la de la solicitud migratoria  
• Proporcione con claridad la información de redes sociales solicitada en formularios migratorios  ni proporciona otro derecho o beneficio para el inmigrante indocumentado. 

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Desde el viernes 11 de abril empezó a regir el registro obligatorio de inmigrantes indocumentados, una medida que había sido anunciada por el gobierno Trump desde el primer día de su posesión y que exigía que los extranjeros cumplieran con la inscripción so pena de controles civiles y penales.

Justo un día antes de que entrara en vigor, un juez dejó en firme la medida y autorizó a que la administración Trump la ponga en marcha, obligando así a que los inmigrantes que aún no tienen legalizada su presencia en territorio estadounidense hagan el registro ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés).  

¿Es recomendable registrarse?

Aunque este registro podría traer ventajas como demostrar buena fe, también conlleva riesgos, ya que registrar los datos no significa obtener un estatus legal inmediato ni protección contra la deportación.  

Además, también existe la incertidumbre sobre cómo se usaría la información y cuáles serían las posibles consecuencias si se endurecen más las políticas. Así que, antes de hacerlo, es clave informarse y consultar con un abogado de inmigración sobre cuál es la mejor decisión según cada caso. 

¿Quiénes deben hacerlo y en qué consiste este registro? 

El registro es obligatorio para todos los extranjeros mayores de 14 años que no se les haya tomado registro de huellas dactilares al momento de solicitar una visa estadounidense y se encuentren sin un estatus migratorio legal en el país. También aplica para extranjeros menores de 14 años, en este caso los padres y tutores legales deben asegurarse de que queden inscritos.  

Las personas que han permanecido en Estados Unidos por 30 días o más, deben registrar sus datos, proporcionar sus huellas dactilares y lugar de residencia. Una vez se haya hecho este trámite el DHS expedirá una evidencia del registro que deberán portar permanentemente todos los extranjeros mayores de 18 años. 

Incumplir podría acarrear sanciones penales y civiles como:  

• Enjuiciamiento por delito menor

• Pago de multas

• Penas de prisión

• Deportación

Es importante aclarar que dicho registror obligatorio de inmigrantes indocumentados, no es un estatus de inmigración, tampoco establece autorización de empleo ni proporciona otro derecho o beneficio para el inmigrante indocumentado. 

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Fianzas para inmigrantes en la era Trump: ¿Crecerán al mismo ritmo en su segundo gobierno?

Desde que asumió su segundo mandato el 20 de enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha incorporado políticas más estrictas en materia de inmigración, que en principio se han traducido en un incremento en las capturas por parte de ICE, cuya cifra ya llega a los 33 mil inmigrantes arrestados en el país, en los primeros 50 días de su gestión.

Si bien esta cifra supera casi el total de detenciones durante el último año fiscal de la administración Biden, lo que está por verse es si el gobierno Trump tiene la capacidad para deportar al mismo tiempo a tantas personas durante su segundo mandato.

El dato: durante el primer gobierno de Donald Trump se concedieron 61% más fianzas a inmigrantes indocumentados que en el de su antecesor Joe Biden

Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los centros de detención de inmigrantes han alcanzado su capacidad máxima con aproximadamente 42 mil personas arrestadas, sumando una ocupación del 109%.

Por esta razón, algunos inmigrantes han sido liberados bajo programas de monitoreo, como las Alternativas a la Detención (ATD), que incluyen el uso de brazaletes electrónicos y supervisión regular para garantizar su presencia a las audiencias de inmigración. Acorde a los últimos datos disponibles, con corte a octubre de 2024, aproximadamente 7,6 millones de personas estaban bajo la supervisión no detenida de ICE, de las cuales más de 179 mil participaban en el programa ATD.

Aunque no se tienen cifras exactas sobre el número de inmigrantes liberados bajo el programa ATD durante los primeros dos meses de la presidencia de Trump, datos muestran un aumento en la inscripción en algunas oficinas de ICE. Por ejemplo, Chicago, que a diciembre de 2024 supervisaba a más de 19 mil personas bajo ATD, mostró un incremento de 4,600 en los meses siguientes. 

Fianzas para inmigrantes: Trump vs Biden

De acuerdo con el último reporte del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC Immigration) de la Universidad de Syracuse, las tasas generales de concesión de fianzas mostraron que durante el primer gobierno Trump se registraron algunas de las cifras más altas históricamente de concesión de estas garantías, incluso superando las estadísticas del gobierno Biden.

En el primer gobierno de Trump, se registraron más de 261 mil fianzas a inmigrantes indocumentados. En contraste, en el de Joe Biden, se alcanzaron un poco más de 103 mil. Es decir, que durante el primer gobierno Trump se concedieron 61% más fianzas a inmigrantes indocumentados que en el de su antecesor Biden.

“Lo que está por verse en este segundo gobierno de Donald Trump es si a mayor número de capturas, también podemos hablar de un mayor número de deportaciones o, si por el contrario, lo que podría repetirse es el fenómeno de su primer mandato. Esto si tenemos en cuenta que el sistema enfrenta una acumulación de más de 3,7 millones de casos y, adicionalmente, hay menos jueces, lo que hace que el proceso sea aún más lento”, afirmó el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC.

Las cifras del último año fiscal 2024 también muestran que en los tribunales de inmigración se adelantaron cerca de 26 mil audiencias de este tipo. Texas con (4,841), Arizona (3,170), Luisiana (2,591), California (2,113) y Nueva Jersey (2,077), fueron los tribunales de migración estatal que más adelantaron estas audiencias.

Si se comparan las tasas de concesión de fianzas de enero de 2024 y 2025, ya se registra un incremento del 25%, pasando de 1,943 a 2,596.

Sobre las nacionalidades

 Durante el año fiscal 2024, las nacionalidades a las que más se les concedieron fianzas fueron: México (7,320), Guatemala (2,504), Honduras (1,953), Colombia (1,249), El Salvador (1,175) y Ecuador (888).

Tras la concesión de la fianza, se dieron 7,796 resoluciones de casos, cifra que llevó al registro del mayor número de estatus pendiente con (6,903), seguido de orden de remoción (462), terminación de procedimiento (232), salida voluntaria (57), subvención de alivio (67) y retención alivio concedido (3), entre otros.  

¿Qué es la fianza?

En términos de inmigración la palabra “fianza” es una garantía que la persona detenida debe dar al gobierno americano; una parte de la fianza es monetaria, y la otra es un compromiso.

¿En qué consiste? 

Una vez el acusado es puesto en libertad, debe presentarse a todas las audiencias en la corte y hará lo que el juez ordene (puede incluir la deportación). Para garantizar su promesa, además de la palabra, el juez le pedirá que uno de sus familiares o amigos, que debe residir legalmente en los Estados Unidos, entregue una cantidad de dinero a ICE no menor de $1.500 USD. 

¿A la fianza puede acceder cualquier inmigrante detenido?

No todos los inmigrantes detenidos son elegibles para fianza, depende de factores como:

• No tener antecedentes criminales graves,
• No haber cometido delitos relacionados con drogas o violencia,
• No tener detenciones en la frontera o haber ingresado recientemente al país,
• No ser considerado un peligro para la sociedad ni representar un riesgo de fuga.

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¿Cómo deciden los jueces de inmigración? El destino del asilo en EE. UU. depende de la suerte

El sistema de asilo en Estados Unidos está marcado por la variabilidad: de acuerdo con datos oficiales, las decisiones de los jueces de inmigración cambian dependiendo del condado y de los tribunales de inmigración. Según un informe reciente del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), con cifras de 2023, el éxito de una solicitud de asilo depende en gran medida del juez asignado al caso, lo que plantea serias inquietudes sobre la equidad del sistema.

Nueva York: el epicentro de las solicitudes de asilo

De acuerdo con el citado informe, Nueva York se consolidó como el principal destino para los migrantes que buscaban asilo en EE.UU. En ese año, casi 39 mil migrantes con nuevos casos de deportación se establecieron en la ciudad, según los registros de la Corte de Inmigración. En comparación, el condado de Los Ángeles en California se ubica en segundo lugar y, en tercer lugar, el condado de Cook en Chicago.

Washington y Nevada: cómo están las cifras en estos estados

Estos dos estados presentan una tasa promedio tendiente a obtener una respuesta positiva en las decisiones judiciales de asilo. Por un lado, Seattle (en Washington) presenta un promedio del 26% de aprobación, mientras que Tacoma tiene un promedio de aprobaciones del 33,5%. Entre tanto, en Las Vegas, Nevada, los porcentajes de aprobación de asilo manejan un promedio de 47%.

El papel de la nacionalidad en las decisiones

La nacionalidad del solicitante también desempeña un papel crucial en las decisiones de asilo. Según el informe de TRAC Immigration, los solicitantes de algunos países tienen tasas de éxito mucho más altas que otros. Por ejemplo, para el caso de los países de Centro y Suramérica, las tasas de aprobación son más bajas.

Naciones como Ecuador (19,7%), Colombia (19,3%) y México (16,6%) tienen tasas de denegación mucho más altas, lo que reflejaría que las percepciones de los jueces sobre los países de origen de los migrantes influyen significativamente en las decisiones.

¿Por qué pueden variar las decisiones?

En teoría, los casos se asignan aleatoriamente a los jueces dentro de un mismo tribunal, por lo que cada uno de ellos debería asumir una carga similar de casos y emitir decisiones justas. Sin embargo, las cifras muestran que esto no ocurre en la práctica. Algunos factores que contribuyen a estas variaciones pueden incluir la interpretación de las leyes y regulaciones de asilo que haga cada juez, así como los cambios frecuentes en las políticas migratorias.

El asilo en vilo tras la llegada de Trump al poder

 Una de las primeras decisiones que tomó Donald Trump al llegar al poder consistió en cancelar la funcionalidad de CBP One, una aplicación gratuita que permitía concertar citas en uno de los ocho puertos de entrada en la frontera con México: Nogales, Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, El Paso, Calexico y San Ysidro, para que el trámite de ingreso a la nación fuera más seguro y ordenado. Y aunque es importante tener en cuenta que las posibilidades de obtener asilo se vieron impactadas de manera negativa en julio de 2024, cuando Joe Biden impulsó una política en la frontera para restringir el paso de los inmigrantes indocumentados, el cierre de CBP One terminó por afectar, aún más, la posibilidad de quienes acudían a la frontera Sur a solicitar protección.  

Para el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC, el derecho al asilo no desaparecerá, pues cuenta con protección de la ley estadounidense. “Lo que sucederá con las medidas restrictivas del gobierno de Trump es que ahora es más complejo solicitarlo, ya que es necesario estar en territorio estadounidense para hacerlo. CBP One permitía que el proceso fuera más ordenado, pero ahora, sin citas para solicitarlo, cientos de migrantes siguen en el limbo”, señaló.

“Las opciones que ahora tienen los migrantes que busquen asilo en Estados Unidos son diversas: pueden presentarse directamente en los puertos de entrada, aunque la aplicación CBP One ya no esté disponible. Sin embargo, esto puede implicar largas esperas y condiciones difíciles, especialmente por las nuevas políticas de la administración. Otra opción es gestionarlo desde el interior del país: si un migrante ya se encuentra en los Estados Unidos, puede presentar una solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) dentro del plazo de un año a partir de su llegada al país.”, agregó.

El sistema de asilo en Estados Unidos, aunque diseñado para proteger a quienes huyen de la persecución y la violencia, está lejos de ser perfecto. Las decisiones de los jueces de inmigración, influenciadas por factores como la ubicación geográfica, la nacionalidad del solicitante y las interpretaciones subjetivas de las leyes, revelan una inconsistencia que pone en tela de juicio la equidad del proceso.

Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de un sistema más uniforme y justo, que garantice que el destino de las personas no dependa de la suerte o de la interpretación personal de un juez, sino de un análisis objetivo y humanitario de cada caso.

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Menos jueces de inmigración en EEUU: ¿Estrategia de gobierno Trump para acelerar deportación exprés?

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se han vivido días bastante agitados en materia de política migratoria.

Según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), las detenciones de personas que viven de manera indocumentada en el país van en aumento. Desde el 20 de enero y hasta el 12 de marzo, la administración Trump ha detenido a cerca de 33 mil inmigrantes, un promedio de 647 diarios, en comparación con los 33.243 del último año fiscal (2024) del expresidente Joe Biden. 

Pero ese contador también registra un incremento si se habla del despido de jueces de inmigración, a pesar de los retrasos en las cortes. Según datos recopilados por National Immigration Forum en las últimas semanas y revelados por la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos (IFPTE), el sindicato que representa a los jueces de inmigración y otros empleados del Departamento de Justicia, el gobierno Trump ha despedido por lo menos a 28 empleados de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) en los últimos días.

Entre los despedidos se encuentran 13 jueces recién nombrados y varios administradores de tribunales, que se convierten en los últimos damnificados de la arremetida del gobierno Trump para reducir la fuerza laboral federal.

 Lo que preocupa a muchos expertos es que varios de estos juristas son los encargados de resolver los casos de asilo. Además, a este número se suman otros 85 jueces y funcionarios de cortes de inmigración que estarían aceptando incentivos para renunciar a sus trabajos.

¿Qué dicen los expertos en inmigración?

Para el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC, “estos despidos masivos de jueces y funcionarios, especialmente aquellos con una visión más humanitaria, generan suspicacias sobre la verdadera intención de estas decisiones. No se está despidiendo solo por desempeño, sino que podría tratarse de una reconfiguración ideológica del sistema migratorio”.

Si bien es cierto, que para el año 2024 el sistema contaba con 700 jueces de inmigración en los 71 tribunales encargados de estos temas en el país, con corte a marzo de 2025 y por decisiones de la administración Trump, esta cifra estaría más cercana a los 600. Dicha medida se produce en medio de los anuncios de acelerar las deportaciones y en un contexto en el que ya la acumulación de casos estaría cerca de llegar a los 3,8 millones.

La reducción de personal implicaría también que el proceso sea aún más lento, si se tiene en cuenta por ejemplo que actualmente cada juez tiene a su cargo aproximadamente 6.166 expedientes. 

¿Qué derechos tiene un inmigrante si es detenido por ICE?

El debido proceso para los inmigrantes en Estados Unidos está protegido por la Constitución del país, que garantiza derechos fundamentales, incluso a las personas que no son ciudadanos o residentes legales.

Le deben informar cuáles son los motivos de su arresto

ICE debe informarle la razón de su arresto y su situación migratoria, pero además debe darle información sobre los cargos en su contra, incluyendo los motivos por los que está siendo considerado para la deportación. Dicha información se hace a través de la Notificación de Detención (Form I-200).

¿Qué es la notificación de comparecencia?

La Notificación de Comparecencia (NTA), es un documento que le informa oficialmente que está siendo procesado para ser deportado y la fecha de su audiencia de inmigración.

Allí se especifican los cargos en su contra y además se precisa la fecha y el lugar de su audiencia ante un juez de inmigración.

Las personas arrestadas tienen derecho a una audiencia de inmigración

Es una audiencia ante un juez de inmigración en la Corte de Inmigración de EE.UU. Durante esta audiencia usted puede defenderse y explicar por qué no debe ser deportado. Además, tiene derecho a presentar evidencia y a testificar en su defensa.

El juez revisará si tiene una base legal para permanecer en el país, como solicitar asilo, cancelación de la deportación, o ajuste de estatus.

Detención o Libertad Bajo Fianza

Durante el proceso puede ser liberado bajo ciertas condiciones, que generalmente incluyen el pago de una fianza, que se establece para asegurar que la persona se presente a las audiencias judiciales y no se ausente. Si no puede pagar la fianza, permanecerá detenido en un centro de ICE hasta su audiencia.

Deportación

Si el juez no concede la apelación o el alivio migratorio, el inmigrante será deportado a su país de origen. En todo momento ICE debe garantizar un trato humano. Los inmigrantes tienen derecho a no ser sometidos a tratos crueles o degradantes.

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Trump y los casos judiciales de inmigración: ¿habrá una nueva disminución en su segundo mandato tras una caída del 38% en su primer periodo?

Un caso judicial de inmigración es un proceso legal en el que se trata el estatus migratorio de una persona o su admisión a un país y que puede involucrar diversas situaciones, como la obtención de visas, la residencia permanente, la ciudadanía o incluso la deportación. En síntesis, estos procedimientos deciden el estatus migratorio de una persona, que puede verse expuesta a una deportación, aceptación de asilo, apelaciones de decisiones migratorias, entre otros asuntos.

Según los registros de casos individuales dados a conocer por TRAC Immigration, durante el primer gobierno del presidente Donald Trump (2017 – 2021), se registraron en promedio, mensualmente, 19.565 casos judiciales de inmigración, mientras que en la era Biden (2021 – 2025), la cifra llegó a cerca de 51 mil.

Comparando administraciones

Y es que si bien es cierto durante la administración de Barack Obama, se registraron 786 mil casos judiciales de inmigración, en el primer mandato de Donald Trump, en 2017, esta cifra aumentó a los 939 mil, mientras que bajo la presidencia de Joe Biden, el número ascendió a 2,447,244. Esto significa que, en comparación con Biden, el primer mandato de Trump registró un 38% menos casos judiciales de inmigración.

Los hallazgos se basan en un análisis detallado de millones de registros de tribunales de inmigración que abarcan casos en los que funcionarios de agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) han interpuesto demandas solicitando la decisión de un juez de inmigración. La mayoría de estas peticiones buscan que un juez emita una orden de expulsión que permita al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportar al extranjero.

¿Qué consecuencias podría traer para los inmigrantes?

Si bien es cierto se pueden presentar menos registros de casos judiciales de inmigración, esto no significa una garantía para que se atiendan de manera expedita, ya que el sistema enfrenta una acumulación de más de 3,7 millones de casos y, adicionalmente, cuenta con menos jueces, lo que hace que el proceso sea aún más lento.

Además, quienes son arrestados se exponen a retrasos adicionales en sus procesos y más si se tiene en cuenta que según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), desde el 20 de enero hasta el 12 de marzo, la administración Trump ha detenido a cerca de 33 mil inmigrantes, lo que implica un promedio de 647 arrestos diarios, situación que congestiona aún más el sistema. De este total, el 26% de los detenidos no tenía antecedentes criminales.

Según datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), a finales de enero de 2025, de un total de 3.728.680 casos atrasados, 1.881.069 inmigrantes ya habían presentado solicitudes de asilo formales y están a la espera de audiencias o decisiones en el Tribunal de Inmigración.

¿Podrían aumentar los casos de deportación exprés?

El inicio del segundo mandato del presidente Trump marcó un precedente sobre su postura en política migratoria. Entre enero y febrero de 2025, ICE deportó a cerca de 11 mil inmigrantes. Si este sistema judicial se ve muy cargado o inactivo (por ejemplo, con menos audiencias judiciales o menos recursos), podría darse una tendencia a acelerar ciertos procesos de deportación sin una revisión exhaustiva, lo que afectaría a los inmigrantes que tienen opciones de defensa que deberían ser tenidas en cuenta.

Si eres inmigrante y te has visto afectado, vela por tus derechos y busca asesoría legal especializada. En Quiroga Law Office, PLLC, te ofrecemos el apoyo legal que necesitas. Solicita una consulta o llámanos al (509) 927-3840.

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Proteger a las mujeres migrantes en EE.UU., una urgencia de las políticas migratorias

Las mujeres migrantes están transformando la fuerza laboral y la economía de Estados Unidos, pero su contribución sigue siendo compleja en un sistema migratorio que las expone a riesgos y, en muchos casos, a exclusiones.

Con una alta tasa de participación laboral, las migrantes demuestran ser un pilar esencial en sectores fundamentales como el cuidado infantil, los servicios domésticos y la agricultura. Sin embargo, su potencial se ve limitado por políticas migratorias que pasan de largo ignoran sus necesidades específicas y las dejan en situaciones de vulnerabilidad.

La urgencia de promulgar políticas migratorias que fomenten la protección de las mujeres cobra aún más importancia en una administración como la de Donald Trump, que en el pasado impulsó medidas como la ‘tolerancia cero’, excluyendo el asilo por violencia de género y dejando a miles de mujeres atrapadas en un limbo legal, separadas de sus familias y expuestas a abusos en centros de detención.

Un contexto hostil para las migrantes

En estados como Texas, por ejemplo, la combinación de leyes antiinmigración y la prohibición del aborto agrava la situación. Un informe de 2024 de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) revela cómo los puntos de control fronterizos en el estado de Texas dificultan que las mujeres indocumentadas accedan a servicios de salud reproductiva.

Las detenciones y las denuncias de abuso físico y sexual en la frontera también son otro foco de preocupación. Un reporte de Human Rights Watch de 2021 señaló acusaciones de abuso físico, sexual y verbal, violaciones del debido proceso, condiciones de detención severas, denegación de atención médica y trato discriminatorio en la frontera o en sus proximidades.

Este panorama descrito, sin duda, subraya la necesidad urgente de promulgar políticas migratorias que incorporen un enfoque de género, reconociendo las vulnerabilidades específicas de las mujeres y garantizando su acceso a derechos básicos como la salud, la seguridad y la justicia.

Si bien aún falta camino por recorrer, existen tres opciones de visa disponibles para las mujeres víctimas de delitos y violencia doméstica: visas T, visas U y peticiones personales de VAWA (Ley de Violencia contra la Mujer). Cada una de estas opciones brinda apoyo fundamental y caminos legales para las personas que buscan seguridad y justicia después de sufrir abuso o violencia.

El aporte económico de las mujeres migrantes

Ahora bien, la migración internacional de las mujeres ya sea junto a su familia o por su cuenta, es un fenómeno cada vez más complejo. No obstante, sigue estando insuficientemente documentado debido a la falta de datos, lo cual también representa un reto. Si no se cuenta con información clara y actualizada, se dificulta la toma de decisiones y la inclusión del enfoque de género en las políticas migratorias.

A pesar de estas adversidades, su aporte económico es innegable y su fuerza de trabajo es representativa en el país. Según el más reciente reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 79.132 mujeres migrantes integraron la fuerza laboral en los Estados Unidos en 2024. El 86% de ellas se encuentra en el rango de los 25 a los 54 años de edad.

Si a esto le sumamos que los inmigrantes indocumentados pagan cantidades significativas para financiar la infraestructura pública, las instituciones y los servicios, se denota su peso social. De acuerdo con el Instituto de Impuestos y Política Económica (ITEP, por sus siglas en inglés), en 2022, los inmigrantes indocumentados aportaron 96 mil 700 millones de dólares en impuestos. De estos, 33.900 millones de dólares se destinaron a financiar programas de seguro social a los que estas personas no pueden acceder debido a su estatus migratorio.

Hacia políticas migratorias con enfoque de género

Para el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC, “la situación de las mujeres migrantes en Estados Unidos es un recordatorio de que las políticas migratorias no pueden ser ajenas a las realidades de género. Su contribución económica y social es invaluable, pero su protección y empoderamiento siguen siendo una deuda pendiente. Un sistema migratorio justo y equitativo no solo debe reconocer su labor, sino también garantizar su seguridad, salud y acceso a la justicia”.

Justamente, según una evaluación de 84 países realizada por Migration Governance Indicators (MGI), 1 de cada 4 países incorpora una perspectiva de género en su estrategia nacional de migración, medición que no tuvo en cuenta a los Estados Unidos. Sin embargo, fomentar políticas migratorias con perspectiva de género no es solo una cuestión de derechos humanos, es una inversión en el futuro económico y social del país.

Las mujeres migrantes ya están contribuyendo de manera significativa, pero su potencial se ve limitado en un sistema que no las protege y empodera. Como señala la Organización Internacional para las Migraciones, «la migración no es neutral en términos de género, y las políticas tampoco deberían serlo». Es hora de construir políticas migratorias que no solo reparen los daños del pasado, sino que también garanticen un futuro más justo y equitativo para todas.

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Trump y el posible fin de la ciudadanía por nacimiento: ¿Un riesgo para EE.UU. frente al envejecimiento de su población?

La propuesta de Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos ha generado todo tipo de reacciones. Por un lado, están quienes apoyan la medida en pro de “hacer a América grande de nuevo” (Make America Great Again); por otro, quienes la rechazan, argumentando que se desconocerían derechos de ciudadanía adquiridos por ley.

En síntesis, esta medida, que busca modificar la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU. al negar la ciudadanía a hijos de padres indocumentados, llega en un momento crítico: la población estadounidense envejece aceleradamente, y la fuerza laboral joven depende cada vez más de los migrantes. Entonces, ¿qué pasaría si Estados Unidos deja de atraer a familias migrantes y reduce su población joven? ¿Cuáles serían las implicaciones para la economía y el futuro del país?

Recordemos que la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU. establece que cualquier persona nacida dentro del territorio estadounidense es automáticamente ciudadana al nacer, independientemente de la nacionalidad o el estatus migratorio de sus padres.

Los estadounidenses cada vez se hacen más viejos

De acuerdo con la Oficina del Censo de los Estados Unidos, la edad promedio del país aumentó 0,2 años, ubicándose en 38.9 años entre 2021 y 2022. En palabras sencillas, esto significa que la mitad de la población se acerca a los 40 años.

A esto se suma que, según proyecciones del Urban Institute, el número de estadounidenses de 65 años o más se duplicará en los próximos 40 años, alcanzando los 80 millones para 2040. Esto quiere decir que, para ese momento, uno de cada cinco estadounidenses tendrá 65 años o más.

¿Por qué este panorama debería llamar la atención de la actual administración de los Estados Unidos? El envejecimiento de la población aumenta los costos de atención médica y servicios sociales, lo que podría comprometer seriamente los presupuestos gubernamentales. Además, la reducción de la población joven afectaría el crecimiento económico, ya que habría menos personas en edad laboral para sostener a la población mayor.

Precisamente, la tasa de natalidad en Estados Unidos alcanzó un mínimo histórico en 2023, con una reducción del 2% en comparación con 2022, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Eliminar la ciudadanía por nacimiento: un riesgo para la economía

La eliminación de la ciudadanía por nacimiento que impulsa Trump podría ser un golpe sensible para la estabilidad financiera del país, ya que desincentivaría la migración y amenazaría la llegada de mano de obra para impulsar su economía.

Un informe del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) con corte a 2023, señala que los inmigrantes constituyen cerca del 18% (30.6 millones de personas) de la fuerza laboral civil de EE.UU.

A esto se suma que los inmigrantes y sus hijos nacidos en territorio estadounidense sumaron más de 93 millones de personas en 2024, según cifras del mismo instituto, que implica un aumento de aproximadamente 20 millones desde 2010 y que contribuyen en gran medida al crecimiento de la población.

Los migrantes son esenciales en sectores clave como la agricultura, la construcción, los servicios y la tecnología. La mayor proporción (38%) trabaja en ocupaciones gerenciales, profesionales y relacionadas; 21% en servicios, 15% en transporte y producción, 14% en ventas y oficinas, y 12% en construcción y mantenimiento.

Si tomamos como caso de estudio el sector salud, los inmigrantes desempeñan un papel clave en la atención médica: representan el 28,4% de los asistentes en los Estados Unidos, de acuerdo con un análisis del Consejo Americano de Inmigración basado en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense.

Adicionalmente, los inmigrantes indocumentados aportan cantidades significativas para financiar la infraestructura pública, las instituciones y los servicios. Según el Instituto de Impuestos y Política Económica (ITEP, por sus siglas en inglés), en 2022, los inmigrantes indocumentados aportaron 96,700 millones de dólares en impuestos.

Más allá de un debate político y social

Hay dos posiciones encontradas en este debate que puso sobre la mesa Donald Trump. Por un lado, los defensores de la propuesta argumentan que se busca controlar la migración irregular y proteger los recursos nacionales. En el otro extremo, están quienes advierten que esta medida podría tener efectos negativos en la economía y perpetuar la discriminación.

Tan pronto se dio a conocer el decreto, los fiscales generales de 22 estados demandaron la medida. No obstante, la decisión está en manos de la Corte Suprema, a donde la llevó el presidente Trump. Fue el primer día de su segundo mandato cuando firmó el decreto para poner fin a este derecho, pero esa orden fue bloqueada por cortes de distrito federales de Maryland, Massachusetts y el estado de Washington.

El debate sobre la ciudadanía por nacimiento no solo pone en juego los principios constitucionales de Estados Unidos, sino también su futuro económico y demográfico. En un contexto de envejecimiento poblacional y disminución de la fuerza laboral joven, la migración se ha convertido en un pilar indispensable para sostener el crecimiento y la competitividad del país. Eliminar la ciudadanía por nacimiento podría cerrar las puertas a millones de personas que, históricamente, han contribuido al desarrollo de la nación.

La pregunta clave que queda en el aire es: ¿cómo equilibrar el control migratorio con la necesidad de mantener una población activa que sostenga el futuro económico de EE.UU.? La respuesta no es sencilla, pero lo que sí es claro es que cualquier decisión en esta materia tendrá repercusiones profundas y duraderas, no solo para los migrantes, sino para el destino mismo del país.

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