El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este martes una medida que marca un giro drástico en la política migratoria laboral de Estados Unidos: a partir del 30 de octubre, los inmigrantes que soliciten la renovación de su permiso de trabajo (EAD) ya no recibirán una extensión automática mientras su trámite está en curso. 

La decisión pone fin a una práctica que durante años permitió que cientos de miles de trabajadores con estatus migratorio temporal o en proceso de ajuste de estatus pudieran mantener su empleo sin interrupciones, incluso mientras USCIS procesaba su renovación. 

Un cambio que revierte la política vigente desde 2022 

Hasta ahora, la norma establecía que los solicitantes elegibles recibían una extensión automática de hasta 180 días, ampliada a 540 días mediante una regla final aprobada el 13 de diciembre de 2024 por la administración Biden. Esa política buscaba mitigar los retrasos en el procesamiento de solicitudes por parte de USCIS, que en algunos periodos superaban los seis meses. 

Con la nueva medida, esa flexibilidad desaparece. El DHS argumenta que el cambio busca fortalecer los procesos de verificación, detección de fraude y revisión de antecedentes, con el propósito de proteger la seguridad pública y nacional. 

¿Qué significa en la práctica para los inmigrantes? 

El impacto será inmediato y profundo. Quienes presenten una solicitud de renovación del EAD a partir del 30 de octubre, ya no podrán seguir trabajando legalmente si su permiso actual expira antes de que USCIS apruebe la renovación. Esto implica que, incluso si la solicitud se presenta a tiempo, cualquier retraso del gobierno (un problema recurrente en los últimos años) podría dejar a miles de personas sin empleo temporalmente, afectando no solo su estabilidad económica sino también su estatus migratorio en algunos casos. 

Aunque la recomendación para los solicitantes es presentar sus renovaciones con hasta 180 días de anticipación, en la práctica muchos de ellos no pueden prever con tanta anticipación los tiempos de vencimiento, especialmente en contextos de incertidumbre laboral o de cambios en sus categorías migratorias. 

Sectores más afectados 

Los principales afectados serán los inmigrantes con procesos de asilo pendientes, los beneficiarios de programas de ajuste de estatus, los titulares de DACA, y muchos trabajadores con Estatus de Protección Temporal (TPS) que no estén cubiertos por las excepciones. 

En sectores como servicios, construcción, salud y agricultura, donde una proporción significativa de la fuerza laboral depende de permisos de trabajo temporales, la medida podría generar interrupciones masivas. 

Esta decisión traslada la carga de los retrasos administrativos del gobierno directamente a los trabajadores inmigrantes, ya que si USCIS no procesa la renovación a tiempo, el inmigrante pierde su empleo, su ingreso y, en algunos casos, hasta su seguro médico. Y todo esto por causas ajenas a él. 

Más control, menos certidumbre 

El DHS sostiene que revisar con mayor frecuencia los antecedentes de los solicitantes permitirá detectar fraude o intenciones perjudiciales antes de extender un permiso. Sin embargo, organizaciones defensoras de inmigrantes han criticado la medida, señalando que no existen pruebas de que las extensiones automáticas representen un riesgo de seguridad, mientras que los efectos económicos y sociales podrían ser devastadores. 

Es importante tener en cuenta que la regla que entra en vigor el 30 de octubre, no afecta a las extensiones automáticas otorgadas antes de esa fecha, que seguirán siendo válidas hasta su vencimiento.  

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A partir del 28 de octubre de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS)  inicia la digitalización total de sus servicios: ya no aceptará pagos en efectivo, cheques ni giros postales (money orders). Desde esta fecha, todos los trámites migratorios deberán pagarse exclusivamente de forma electrónica, ya sea con tarjeta de crédito, débito o mediante una cuenta bancaria (ACH). 

Aunque el cambio busca modernizar el sistema y hacer más eficientes los procesos, representa un desafío enorme para miles de inmigrantes, especialmente para quienes no tienen acceso a servicios financieros o dependen de intermediarios para realizar sus trámites. 

¿Por qué USCIS está haciendo este cambio? 

El objetivo principal de la agencia es eliminar errores y fraudes asociados a pagos físicos. En los últimos años, la agencia ha detectado un aumento en el número de cheques falsificados, giros extraviados y pagos rechazados, lo que genera demoras significativas en la recepción y procesamiento de los casos. 

Con el nuevo sistema, la verificación de pagos será automática, lo que, según USCIS, acelerará los tiempos de procesamiento y reducirá los costos administrativos; en otras palabras, la intención es buena: más seguridad, menos fraudes y trámites más rápidos, sin embargo, su implementación trae consigo nuevos riesgos para la comunidad inmigrante, sobre todo para quienes viven al margen del sistema bancario. 

¿Cómo te impacta la nueva forma de pago? 

De acuerdo con datos del Pew Research Center, cerca de uno de cada cinco inmigrantes en Estados Unidos no tiene cuenta bancaria, es decir que muchos dependen del efectivo o de servicios de envío de dinero, como las remesas, para manejar sus finanzas diarias. Esto significa que, con la entrada en vigor de la nueva medida, miles de personas no podrían pagar directamente sus solicitudes, como la residencia permanente (I-485), la ciudadanía (N-400) o la petición familiar (I-130), sin la ayuda de un tercero. 

Además, los pagos electrónicos podrían abrir la puerta a nuevas formas de fraude, ya que al no poder realizar los pagos por cuenta propia, muchos inmigrantes podrían recurrir a intermediarios no autorizados que cobren tarifas abusivas o utilicen información bancaria de forma indebida. 

Por otro lado, un error en el pago, como ingresar mal los datos de la tarjeta o no tener fondos suficientes, puede provocar la devolución de la solicitud, lo que retrasa todo el proceso y, en algunos casos, podría afectar el estatus migratorio o los plazos de renovación. 

¿Qué se recomienda hacer a partir del 28 de octubre? 

Aquí te dejo 5 consejos: 

1. Verificar las formas de pago permitidas: 

USCIS actualizará sus páginas de “How to Pay” y enviará mensajes automáticos a las cuentas de myUSCIS y ELIS. 

2. Evitar intermediarios no acreditados: 

Si necesitas ayuda para realizar el pago, busca apoyo con abogados de inmigración con licencia. No entregues dinero ni información personal a personas no autorizadas. 

3. Abre una cuenta bancaria o tarjeta prepago: 

Muchas entidades de crédito ofrecen cuentas accesibles para personas con ITIN o pasaporte, sin requerir número de seguro social. Tener una opción bancaria propia reduce riesgos y facilita el control del pago. 

4. Guardar comprobantes digitales: 

Tras realizar el pago, conserva los recibos y capturas de pantalla. En caso de error del sistema o disputa, estos documentos son la única evidencia válida de que el pago fue procesado correctamente. 

5. Consultar sobre posibles excepciones temporales:  

USCIS podría anunciar plazos de transición o excepciones específicas en algunas oficinas locales. Estas aclaraciones se esperan en las próximas semanas, junto con un documento oficial de preguntas frecuentes. 

Por eso, mi consejo, como abogado de inmigración, es prepararse con anticipación: revisar los canales oficiales, buscar acompañamiento legal certificado y no dejarse guiar por rumores o promesas de tramitadores. 

En este nuevo escenario digital, informarse puede ser la diferencia entre un trámite exitoso o un caso rechazado. 

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El asilo en Estados Unidos se ha convertido en una de las principales vías de protección para los inmigrantes que huyen de algún tipo de persecución política o violencia en sus países de origen.   

Aunque esta es una vía de resguardo, las cifras más recientes reflejan tanto la alta demanda como las crecientes dificultades del sistema para responder con rapidez y equidad ante quienes llegan en busca de protección a territorio estadounidense.  

Más de un millón de solicitudes pendientes ante USCIS  

Durante el año fiscal 2025, y con corte a marzo, se han registrado más de 150 mil nuevas aplicaciones de asilo humanitario de acuerdo con los más recientes registros del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), de los cuales:   

• Se han recibido 153.786 formularios 

• Han sido aprobados 3.688 

• Han sido denegados: 4.573 

• Y aún quedan pendientes: 1.548.261 

¿Sigue funcionando el asilo tras las nuevas medidas de Trump? 

Aunque el asilo sigue siendo una opción legal en Estados Unidos, el panorama ha cambiado bastante desde que el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca, recordemos que, desde enero de 2025, ha firmado varias órdenes ejecutivas que endurecen las reglas para quienes buscan protección en el país. 

Una de las primeras medidas, firmada en enero, fue la orden “Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión”, que amplió los controles fronterizos y permitió aplicar expulsiones más rápidas a quienes cruzan sin visa o permiso previo lo que ha hecho que muchas personas que antes podían presentar su solicitud de asilo ante un oficial de inmigración ahora sean devueltas casi de inmediato.  

Además, el gobierno suspendió temporalmente el programa de admisión de refugiados, lo que también ha reducido las posibilidades para quienes buscan entrar de forma legal por razones humanitarias.  

Sin embargo, no todas las medidas se han mantenido, recordemos que, en julio de 2025, un juez federal bloqueó la orden de Trump que pretendía suspender el acceso al asilo en la frontera sur, señalando que violaba la ley de inmigración de Estados Unidos lo que significa que, por ahora, las solicitudes de asilo no están cerradas ni detenidas completamente, pero el proceso es mucho más difícil y lento que antes. 

Panorama en las cortes de inmigración 

El cuello de botella es aún más evidente si miramos el sistema judicial migratorio. De acuerdo con el Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés), a fines de agosto de 2025 el total de casos abiertos en las cortes de inmigración alcanzó 3.432.519 expedientes. De ellos, 2.271.857 corresponden a personas que ya presentaron formalmente una solicitud de asilo y ahora esperan su audiencia o una decisión final.  

Así mismo, de acuerdo con el Asylum Navigator Dashboard de Mobile Pathways, entre enero y agosto de 2025 se resolvieron más de 133 mil casos de asilo en cortes de inmigración. De ellos, el 46 % fueron negados, solo el 13 % concedidos, mientras que un 28 % se catalogaron como abandonados y el resto se distribuyó entre retiros voluntarios (10 %) y cierres administrativos (4 %).  

Los datos revelan que la espera puede prolongarse durante varios años, con plazos que en algunos casos superan los 1.000 días (casi 3 años) lo cual genera un clima de incertidumbre y desgaste emocional para cientos de miles de familias, quienes deben permanecer en un limbo legal sin saber si podrán quedarse en el país o serán deportadas.  

Este volumen de represamiento de casos refleja la crisis que atraviesa el sistema judicial migratorio debido a que su capacidad no se ha ampliado al mismo ritmo que aumentan las solicitudes y las detenciones, por el contrario, hay menos jueces para administrar los fallos. Precisamente los registros revelan que más de 120 han sido despedidos en lo corrido de 2025.    

Para los solicitantes de asilo esto se traduce en que no se puede obtener de manera ágil una decisión sobre su estatus y, en muchos casos, dependen de permisos temporales de trabajo para poder mantenerse en territorio estadounidense.  

Caso San Francisco 

Sin embargo, a este panorama se suman las acciones de algunos jueces que fallan en en contra de las medidas del gobierno federal para mantener protecciones a la comunidad inmigrante.  

Un ejemplo de ello sucedió en San Francisco en California donde un juez federal ordenó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU (ICE por sus siglas en inglés) no puede detener a solicitantes de asilo mientras esperan su audiencia, a menos que primero un juez de inmigración determine en una audiencia de fianza que la persona representa peligro o riesgo de fuga.  

Este fallo protegió y seguirá protegiendo a solicitantes de asilo y busca evitar detenciones arbitrarias sin revisión judicial. 

Tasas de aprobación y denegación  

Las posibilidades de éxito en los procesos de asilo se han visto reducidas en el último año. Por una parte, cifras del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) revelan que, en octubre de 2024, la tasa de aprobación en los juicios de inmigración cayó a aproximadamente 35.8 %.   

Por otro lado, datos del portal Asylumist muestran una tendencia más restrictiva: en febrero de 2025 los jueces negaron cerca del 74 % de los casos, y en marzo de 2025 la tasa de denegaciones se elevó al 76 %, en promedio.   

Sin duda alguna estos porcentajes reflejan un sistema que cada vez es más estricto, en el cada vez a miles de inmigrantes se les dificulta encontrar una pronta respuesta a su solicitud.  

Como abogado experto en temas de inmigración debo decir que el asilo es una opción cuando existe una situación de opresión política, riesgos o emergencias extremas y si bien el gobierno de EE. UU. analiza estos casos, pero el clima político influye mucho en las decisiones.  

Para poner un ejemplo, en contextos como el de Venezuela se han otorgado programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y beneficios humanitarios, aunque no siempre a todos los solicitantes. No es imposible, pero requiere demostrar con claridad la urgencia y gravedad de la situación. 

El asilo sigue existiendo, pero cada vez es más difícil acceder a él ya que las nuevas políticas han endurecido los filtros, los tiempos de espera son más largos y la incertidumbre crece para miles de familias que llegaron buscando protección.

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Empecemos por aclarar algo: trabajar en Estados Unidos siendo migrante no significa estar desprotegido, aunque muchas veces se piense lo contrario. La ley es clara: todo trabajador, sin importar su estatus migratorio, tiene derecho a recibir un salario justo, a laborar en un ambiente seguro, a no ser discriminado ni acosado, y a presentar denuncias sin sufrir represalias. Así lo deja claro el propio Departamento de Trabajo de EE. UU.  

Sin embargo, al mirar la realidad, este panorama se hace complejo ya que el temor a la deportación sumado a las amenazas de algunos empleadores y el desconocimiento del idioma o de la ley laboral llevan a que miles de trabajadores soporten en silencio condiciones de abuso, lo que se refleja sobre todo en sectores de bajos salarios como la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico.   

Los números ayudan a dimensionar el panorama: hoy, los inmigrantes representan el 18 % de toda la fuerza laboral estadounidense, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y un 35% de ellos trabaja en sectores de bajos salarios.  

Lo que debes saber si eres trabajador inmigrante 

 Tus derechos existen y puedes ejercerlos, como abogado experto en inmigración debo decirte que nadie puede obligarte a trabajar en un ambiente inseguro o insalubre, ni impedirte denunciar si algo está mal, tampoco pueden discriminarte o acosarte por tu origen, raza, género, edad, religión o alguna condición de discapacidad. 

 Una de las iniciativas más recientes y herramienta clave es el programa de Acción Diferida para la Aplicación Laboral (DALE por sus siglas en inglés). Este mecanismo ofrece a los trabajadores indocumentados involucrados en investigaciones laborales dos protecciones fundamentales:  

1. Protección temporal contra la deportación. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) se compromete a no iniciar procesos de deportación mientras dure la protección. 
2. Permiso de trabajo: el beneficiario puede solicitar una autorización de empleo válida durante el tiempo que esté protegido. 

 El objetivo de esta herramienta es garantizar que los trabajadores no tengan miedo de denunciar abusos o colaborar en investigaciones de casos de violaciones laborales. Además, el programa puede extenderse por varios años y renovarse mientras la investigación continúe. 

¿Dónde denunciar?  

También existen varias agencias a las que puedes acudir según la naturaleza del problema o conflicto laboral que tengas:   

• Departamento de Trabajo (DOL por sus siglas en inglés): recibe denuncias relacionadas con salarios y horas de trabajo. Puedes llamar al 800-733-5627.  

• OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional): Garantiza que todos los trabajadores, incluidos los migrantes, tengan condiciones seguras y saludables en sus empleos. Si tienes algún caso relacionado, puedes generar una denuncia o queja a través del siguiente formulario https://www.osha.gov/sites/default/files/OSHA7_SPANISH.pdf o ingresar a https://www.osha.gov/workers/file-complaint para obtener más información.

• Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC): Esta agencia federal independiente hace cumplir las leyes contra la discriminación laboral. Interviene en casos de desigualdad por origen, raza, sexo, embarazo, edad, religión o discapacidad, y también protege a quienes sufren represalias por denunciar. Puedes marcar al número 1-800-669-4000 o ingresar directamente a la página de la comisión https://www.eeoc.gov/es/como-presentar-un-cargo-de-discriminacion-laboral 

Lo que debes saber si eres empleador  

Cumplir con estas normas no es solo un requisito legal, sin duda es una muestra de responsabilidad, por eso si eres empleador, garantiza condiciones dignas de empleo y evita sanciones.   

El Departamento de Trabajo (DOL) indica que los empleadores que violan intencionalmente los requisitos de salario mínimo u horas extras pueden enfrentar multas civiles de hasta $1.000 dólares por cada violación, así mismo señala que los empleadores pueden ser sujetos a sanciones criminales por las que sean deliberadas.   

Cuando hay un caso de discriminación laboral comprobada, las víctimas pueden recibir daños compensatorios (por ejemplo por gastos médicos, búsqueda de empleo, daño emocional) y daños punitivos si la conducta del empleador ha sido especialmente maliciosa o negligente.   

De acuerdo con la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) también hay límites legales a la cantidad que se puede otorgar de daños compensatorios y punitivos, dependiendo del tamaño de la empresa:  

• Para empresas de 15-100 empleados: hasta 50.000 dólares
• Para empresas de 101-200 empleados: hasta 100.000 dólares
• Para empresas de 201-500 empleados: hasta 200.000 dólares
• Para empresas con más de 500 empleados: hasta 300.000 dólares.

En conclusión, los derechos laborales en Estados Unidos no distinguen papeles ni fronteras, son universales y por eso reconocerlos y ejercerlos protege no solo a los trabajadores, sino también a las familias, a las comunidades y a la economía entera. 

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The immigration policies promoted by Donald Trump’s second administration have had effects that transcend headlines and borders, and I can safely say that the most silent impact is felt within the classroom. 

The tightening of U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) raids and pressure on immigrant communities are disrupting school attendance patterns in districts across the country, especially those with high concentrations of immigrant, Hispanic, or undocumented students. 

Immigrant families are under double pressure: keeping their children in the classroom while navigating the constant fear of deportation or family separation. Empty desks aren’t just due to illness or moving, but to fear. Therefore, in this special investigation, I will delve into this reality and provide an overview of the current situation in the country. 

I’ll start by presenting a fact that will allow us to understand the panorama: a recent study by the Stanford Economic Policy Institute (SIEPR) documents a 22 %, as of June, an increase in school absences, specifically in California districts, which have been exposed to stricter enforcement of immigration law. 

This finding is consistent with the data I analyzed in this research, which cross-referenced arrest data from ICE, the Kaiser Permanente Foundation (KFF), and the National Center for Education Statistics (NCES). 

X-ray of immigrant students 

According to the National Center for Education Statistics (NCES) Projections of Education Statistics, by the end of 2025, the US public school system will have around 50 million students, with an increasingly diverse composition within the students: Hispanics or Latinos will represent between 28% and 29%, compared to 16% in 2000, which clearly shows an increase of more than 12 percentage points. 

In this demographic context and according to the most recent Kaiser Family Foundation (KFF) Education and Health Survey, approximately 5.5 million school-age children belong to immigrant families, reflecting the growing weight of this population in American classrooms. 

Data from the Kaiser Family Foundation’s Education and Health Survey (KFF, 2025) show that nearly 9 million school-aged children between the ages of 5 and 17 are part of immigrant families. in the United States. Although the proportion varies widely between states, the phenomenon shows a clear geographic concentration in the South and Southwest: 

• California and Texas top the list with 22% and 15%, respectively, of the national total, reflecting their long history as migration focal points, as well as their demographic weight. 

• Florida and New York, with 7% and 6% respectively, also account for a significant proportion, confirming the importance of these states as migration corridors. 

• In contrast, states in the center of the country and those far from the border have much lower participation rates, including North and South Dakota, Montana, Maine, Vermont, Wyoming, Alaska, and Mississippi, where the impact of migration on the education system is limited. 

Raids and school fear: the other cost of immigration policy 

The link between immigration enforcement and school attendance has become increasingly evident. According to the Deportation Data Project, between January and August 2025, Immigration and Customs Enforcement (ICE) made 77,740 arrests, concentrated primarily in Texas (20,150), Florida (9,080), and California (5,860). 

While the figures may appear purely police-related, their effects are reflected in the classroom. As I noted at the beginning of this investigation, the Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR) showed that, so far in 2025, in districts with high ICE activity like California, school attendance among Latino students fell by up to 22%, compared to areas without raids. 

If we compare these figures with data on school-age children living in immigrant families, important findings emerge: 

• California, Texas, and Florida account for 45% of all immigrant children in the country and, at the same time, 42% of national arrests, demonstrating a direct relationship between immigrant population concentration and enforcement activity. 

• California has the largest immigrant child population (22 %), but a moderate arrest rate (7 %), indicating lower arrest intensity. 

• Texas has the highest ratio of arrests to its number of immigrant children: 24 % of arrests with 15 % of the immigrant child population. 

• Washington appears among the 10 with the most immigrant children, but with a low incidence of arrests (1 %), which could reflect a more protective state policy or less ICE activity. 

Other states with high numbers include Georgia with 3,280, Virginia with 2,820, Tennessee with 2,580, and New York with 2,810. This shows that raids are no longer limited to border areas, but are also spreading to other U.S. states, albeit to a lesser extent. 

These patterns allow us to deduce that ICE raids not only affect detained immigrant adults but also produce invisible or under-reported effects in schools, such as fear of deportation for parents or recurring absenteeism. 

Recent data from the School Pulse Panel from the National Center for Education Statistics reinforce this connection: 70% of public schools reported an increase in absences during the 2024–2025 school year, especially for “unnecessary absences” which may be motivated by caution or fear of possible encounters with ICE. 

Fear, a new variable in the US education sector 

Added to this snapshot is another fact that allows us to understand the magnitude of the problem: the results of the 2025 Education and Health Survey reveal how fear of immigration policies is altering everyday decisions in thousands of homes and influencing school dynamics. 

On the one hand, 45 % of migrant parents fear their children will be questioned or singled out at school because of their or their family’s immigration status. This fear, more than symbolic, undoubtedly translates into constant vigilance: parents may avoid school gatherings, children skip school as a precaution, and entire communities live on alert. 

Even more worrying is that one in three immigrant households (33 %) has considered temporarily removing their children from the public system as a self-protection mechanism, and 12 % of families with undocumented parents have already changed schools or districts to reduce their exposure to raids or notifications from immigration authorities. 

These figures show that fear has become an educational variable, albeit invisible or under-reported, latent in the daily lives of immigrant children and adolescents, a variable that affects their attendance, emotional stability, and academic performance. 

School attendance stagnates, with southern states reporting the largest increase in absences. 

Although 44 % of the nation’s public schools reported a slight improvement in attendance through 2025, data from the National Center for Education Statistics (NCES) reveals that the recovery is uneven. 

Thirteen percent of districts report an increase in absences, and the figure is slightly higher in the Southern states at 14 percent, a region that has the highest levels of immigration enforcement and concentrations of immigrant children. 

The West, home to states like California, Arizona, and Nevada, shows a mixed trend: 10 % of centers reported a sharp decline in absences, while 12 % report that they persist. 

 In contrast, the Northeast reports the most stable performance, with 45 % of schools where attendance «remained the same,» reflecting educational environments less exposed to migratory pressure. 

What data from the National Center for Education Statistics confirm is that school absenteeism is not only a response to academic or health factors, but also to the political and immigration climate; the regions with the most raids or anti-immigrant rhetoric are also those with the greatest declines in school attendance. 

A new face in American schools 

Between 2000 and the projections for 2025, U.S. public schools have undergone a profound transformation in their ethnic and racial composition. Although total enrollment grew from 47 to 50 million students, a modest increase of 6.4%, the internal change in the distribution of groups is markedly structural. 

The percentage of white students dropped significantly, falling from 61 % to 43 %, a decrease of 18 percentage points and marking the end of a historic majority. The Black population also decreased slightly, from 17 % to 14 %, reflecting a stagnation in their relative participation. 

In contrast, the Hispanic group is the main driver of change . Latino students increased from 16 % to 29 % in 25 years, an 81 % growth that consolidates them as the fastest-growing community in the education system. Furthermore, students who identify with two or more races have tripled their representation, rising from 2 % to 6 %, a phenomenon that reflects the rise of multicultural families and the greater acceptance of diverse identities. 

In short, between 2000 and 2025, enrollment barely changes in volume, but its composition is redefined: the American classroom goes from being predominantly white to a multicultural and multiracial structure , where Hispanics emerge as the new growing majority . 

Meanwhile, from 2020 to 2025, the proportion of white students fell from 45 % to 43 %, while the Black population fell from 15 % to 14 %, demonstrating a slower decline than in previous decades. Conversely, the proportion of Hispanic students grew from 27 % to 29 %, confirming their role as the fastest-growing group. The result is an education system that maintains its overall size, but in which traditionally minority groups continue to gain ground. 

Migratory borders are also felt in the classrooms  

The immigration policies implemented during 2025 have had effects that transcend headlines and borders, but as an immigration lawyer, I could say that the most silent impact is felt within the classroom. 

The invisible effect of ICE raids is measured not only in numbers, but in silences: in empty desks, in children who stop participating for fear of being singled out, or in families who change residence without warning to avoid being tracked. 

School districts in Texas, Florida, and California, the same states where ICE has concentrated on many of its operations in 2025, with 20,150, 9,080, and 5,860 arrests respectively, according to the Deportation Data Project report, significant fluctuations in attendance and a school climate marked by uncertainty. 

This phenomenon also has a statistical dimension. According to the U.S. Department of Education’s (NCES) School Pulse Dashboard, as of 2025, 70 % of public schools reported that students were absent more than usual during the year, often due to minor symptoms or being kept home unnecessarily, reflecting how fear and family tension exacerbate an already existing absenteeism problem. 

A recent analysis by the Stanford Economic Policy Institute (SIEPR) documents a 22 % increase in school absences. in the state of California exposed to stricter immigration enforcement, suggesting a direct correlation between the intensification of raids and the decline in school attendance. 

It is no coincidence that the states with the highest number of ICE operations like Texas, Florida, and California, also have the largest number of school-age children living in immigrant families: 2 million in California, 1.39 million in Texas, and 659,000 in Florida, according to the National Center for Education Statistics (NCES). 

When both variables are combined, the correlation is clear: the states with the most immigration operations are also those that report the greatest parental fears and high variability in attendance. 

Behind every number is an untold story: that of a child or adolescent who misses school because their family is afraid, that of the teacher who notices empty desks, or that of the parent who hesitates to send their child to school. 

Immigration raids not only separate families, they also disrupt dreams. Fear has entered the classroom and is leaving traces that cannot be measured only in numbers, but in silence. No policy should result in a child stopping learning out of fear. 

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Las políticas migratorias impulsadas por la segunda administración de Donald Trump han tenido efectos que trascienden los titulares y las fronteras y, sin temor a equivocarme, podría decir que el impacto más silencioso se vive dentro de las aulas de clases.   

El endurecimiento de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU (ICE por sus siglas en inglés) y la presión sobre las comunidades inmigrantes están alterando los patrones de asistencia escolar en distritos de todo el país, especialmente en aquellos con alta concentración de estudiantes inmigrantes, hispanos o con padres indocumentados.  

En particular, las familias inmigrantes viven una doble presión: mantener a sus hijos en las aulas mientras sortean el miedo constante a la deportación o a la separación familiar, los pupitres vacíos no se deben solo a enfermedades o mudanzas, sino al miedo. Por eso, en esta investigación especial ahondaré en esta realidad y haré una radiografía de cómo está el panorama en el país.  

Empezaré por exponer un dato diciente que nos permitirá entender el panorama: una investigación reciente del Instituto de Política Económica de Stanford (SIEPR por sus siglas en inglés) con corte a junio, documenta un aumento del 22 % en las ausencias escolares, puntualmente en los distritos de California, los cuales han sido expuestos a una aplicación más estricta de la ley migratoria.   

Este hallazgo coincide con los datos que he analizado en esta investigación en la que crucé datos de detenciones del ICE; la Fundación Kaiser (KFF) y el Centro Nacional de Estadísticas de Educación (NCES). 

Radiografía de los estudiantes inmigrantes  

Según las Proyecciones de Estadísticas Educativas del Centro Nacional de Educación (NCES), hasta finales de 2025 el sistema público de EE. UU. alcanzará unos 50 millones de estudiantes, con una composición cada vez más diversa dentro de los alumnos: los hispanos o latinos representarán entre el 28 % y el 29 %, frente al 16 % registrado en el año 2000, lo que claramente muestra un incremento de más de 12 puntos porcentuales.   

En ese contexto demográfico y de acuerdo con la más reciente encuesta de Educación y Salud de la Fundación Familiar Kaiser (KFF) alrededor de 5.5 millones de niños en edad escolar pertenecen a familias inmigrantes, lo que refleja el peso creciente de esta población en las aulas estadounidenses.  

 Los datos de la Encuesta de Educación y Salud de la Fundación Familiar Kaiser (KFF, 2025) muestran que cerca de 9 millones de niños entre los 5 y los 17 años en edad escolar hacen parte de familias inmigrantes en Estados Unidos. Aunque la proporción varía ampliamente entre estados, el fenómeno muestra una clara concentración geográfica en el sur y el suroeste:  

• California y Texas encabezan la lista con el 22 % y 15 %, respectivamente, del total nacional, reflejando su larga historia como puntos focales de migración, así como su peso demográfico.

• Florida y Nueva York con el 7 % y 6 % respectivamente también concentran una fracción importante, lo que confirma la relevancia de estos estados como corredores migratorios. 

• En cambio, los estados del centro del país y lejanos a la frontera presentan participaciones mucho menores entre los que se encuentran: Dakota del Norte y del Sur, Montana, Maine, Vermont, Wyoming, Alaska y Mississippi, en ellos, el impacto migratorio en el sistema educativo es limitado.  

Redadas y miedo escolar: el otro costo de la política migratoria  

El vínculo entre las operaciones migratorias y la asistencia escolar se ha hecho cada vez más evidente. Según el Proyecto de Datos de Deportación, entre enero y agosto de 2025 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó 77.740 arrestos, concentrados principalmente en Texas (20.150), Florida (9.080) y California (5.860).  

Aunque las cifras podrían parecer netamente policiales, sus efectos se reflejan en las aulas, como señale al inicio de esta investigación, el Instituto de Investigación de Política Económica de Stanford (SIEPR) demostró que, en lo corrido de 2025, en distritos con alta actividad de ICE como California, la asistencia escolar de estudiantes latinos cayó hasta un 22 %, en comparación con zonas sin redadas.  

Si cruzamos estas cifras con los datos de niños en edad escolar que viven en familias inmigrantes, surgen hallazgos importantes: 

• California, Texas y Florida concentran el 45% de todos los niños inmigrantes del país y al mismo tiempo 42% de los arrestos nacionales, mostrando una relación directa entre concentración de población inmigrante y actividad de control. 

• California tiene la mayor población infantil inmigrante (22.45%), pero un porcentaje moderado de arrestos (7%), indicando menor intensidad de detenciones. 

• Texas presenta la mayor proporción de arrestos en relación con su número de niños inmigrantes: 24% de los arrestos con 15.5% de la población infantil inmigrante. 

• Washington aparece entre los 10 con más niños inmigrantes, pero con baja incidencia de arrestos (1%), lo que podría reflejar una política estatal más protectora o menor actividad de ICE. 

Otros estados con altos números son: Georgia con 3.280, Virginia con 2.820, Tennessee con 2.580 y Nueva York con 2.810, allí se evidencia que las redadas ya no se limitan a zonas fronterizas, sino que también se extienden hacia otros estados de EE. UU., aunque en menor proporción.   

Estos patrones nos permiten deducir que las redadas de ICE no solo afectan a los adultos inmigrantes detenidos, sino que producen efectos invisibles o poco visibilizados en las escuelas tales como el miedo a la deportación de los padres o ausentismo recurrente.   

Datos recientes del Panel de Pulso Escolar del Centro Nacional de Estadísticas de Educación refuerzan esta conexión: el 70 % de las escuelas públicas reportaron un aumento de ausencias durante el ciclo 2024–2025, especialmente por “faltas innecesarias” la cuales pueden estar motivadas por precaución o miedo ante posibles encuentros con ICE.  

El miedo, una nueva variable en el sector educativo de EE. UU   

A esta radiografía se le suma otro dato que nos permite entender la magnitud del problema, precisamente los resultados de la Encuesta de Educación y Salud de 2025 revelan cómo el miedo a las políticas migratorias está alterando decisiones cotidianas en miles de hogares e influyendo en las dinámicas escolares.   

Por un lado, el 45 % de los padres migrantes teme que sus hijos sean interrogados o señalados en la escuela por su estatus migratorio o el de su familia, sin duda este miedo, más que simbólico, se traduce en una vigilancia constante: padres que posiblemente evitan reuniones escolares, niños que faltan a clase por precaución y comunidades enteras que viven en alerta.  

Aún más preocupante es que uno de cada tres hogares inmigrantes (33 %) ha considerado retirar temporalmente a sus hijos del sistema público como mecanismo de autoprotección y el 12 % de las familias con padres indocumentados ya ha cambiado de escuela o distrito para reducir la exposición a redadas o notificaciones de autoridades migratorias.  

Estas cifras evidencian que el miedo se ha convertido en una variable educativa, si bien invisible o poco visibilizada, latente en el día a día de los niños, niñas y adolescentes inmigrantes, una variable que condiciona su asistencia, estabilidad emocional y rendimiento académico. 

La asistencia escolar se estanca y los estados del sur reportan el mayor aumento de ausencias 

Aunque el 44 % de las escuelas públicas del país declaró una leve mejora en la asistencia durante 2025, los datos del Centro Nacional de Estadísticas de Educación (NCES) revelan que la recuperación es desigual. 

El 13 % de los distritos afirma que las ausencias aumentaron y la cifra es ligeramente más alta en los estados del Sur con un 14 %, región que coincide con los mayores niveles de operativos migratorios y de concentración infantil inmigrante.  

El Oeste, donde se ubican estados como California, Arizona y Nevada, muestra una tendencia mixta: un 10 % de los centros reportó una fuerte disminución de ausencias, mientras que el 12 % advierte que persisten.   

En contraste, el Noreste reporta el comportamiento más estable, con un 45 % de escuelas en las que la asistencia “se mantuvo igual”, reflejo de entornos educativos menos expuestos a la presión migratoria.  

Lo que los datos del Centro Nacional de Estadísticas de Educación confirman es que el ausentismo escolar no responde solo a factores académicos o de salud, sino también al clima político y migratorio; las regiones con más redadas o discursos antiinmigrantes son también las que muestran los mayores retrocesos en la asistencia a clases. 

Un nuevo rostro en las escuelas de Estados Unidos 

Entre el año 2000 y la proyección para 2025, las escuelas públicas de Estados Unidos han experimentado una transformación profunda en su composición étnica y racial. Aunque la matrícula total crece de 47 a 50 millones de estudiantes, un incremento modesto del 6.4 %, el cambio interno en la distribución de los grupos es marcadamente estructural. 

El porcentaje de estudiantes blancos desciende de manera significativa, pasando del 61 % al 43 %, lo que equivale a una reducción de 18 puntos porcentuales y marca el fin de una mayoría histórica. La población negra también se reduce ligeramente, del 17 % al 14 %, lo que evidencia un estancamiento en su participación relativa. 

En contraste, el grupo hispano es el gran protagonista del cambio. Los estudiantes latinos aumentaron del 16 % al 29 % en 25 años, un crecimiento del 81 % que los consolida como la comunidad de mayor expansión en el sistema educativo. Además, los alumnos que se identifican con dos o más razas triplican su representación, pasando del 2 % al 6 %, fenómeno que responde al incremento de familias multiculturales y a la mayor aceptación de identidades diversas. 

En síntesis, entre 2000 y 2025, la matrícula apenas varía en volumen, pero se redefine en su composición: el aula estadounidense pasa de ser mayoritariamente blanca a una estructura multicultural y multirracial, donde los hispanos emergen como la nueva mayoría en crecimiento. 

Mientras tanto, del 2020 al 2025, la proporción de estudiantes blancos desciende del 45 % al 43 %, mientras que la población negra cae del 15 % al 14 %, evidenciando una reducción más lenta que en décadas previas. En sentido contrario, la proporción de alumnos hispanos crece de 27 % a 29 %, confirmando su papel como el grupo de mayor expansión. El resultado es un sistema educativo que mantiene su volumen total, pero en el que los grupos tradicionalmente minoritarios continúan ganando peso. 

Las fronteras migratorias también se sienten en las aulas  

Las políticas migratorias impulsadas durante 2025 han tenido efectos que trascienden los titulares y las fronteras, pero como abogado experto en temas de inmigración podría decir que el impacto más silencioso se vive dentro de las aulas de clase.  

El efecto invisible de las redadas de ICE se mide no solo en números, sino en silencios: en los pupitres vacíos, en los niños que dejan de participar por temor a ser señalados o en las familias que cambian de residencia sin previo aviso para evitar ser rastreadas.   

Distritos escolares en Texas, Florida y California, los mismos estados donde el ICE ha concentrado la mayoría de sus operativos en 2025, con 20.150, 9.080 y 5.860 arrestos respectivamente, según el Deportation Data Project, reportan fluctuaciones significativas en la asistencia y un clima escolar marcado por la incertidumbre.  

Este fenómeno tiene también una dimensión estadística. De acuerdo con el Panel de Pulso Escolar del Departamento de Educación de EE. UU. (NCES), con corte a 2025, el 70 % de las escuelas públicas indicaron que los estudiantes faltaron más de lo habitual durante el año, muchas veces por síntomas menores o por permanecer en casa innecesariamente, lo que refleja cómo el miedo y la tensión familiar agravan un problema ya existente de ausentismo.  

Por su parte, un análisis reciente del Instituto de Política Económica de Stanford (SIEPR) documenta un aumento del 22 % en las ausencias escolares en el estado de California expuestos a una aplicación más estricta de la ley migratoria, lo que sugiere una correlación directa entre la intensificación de redadas y la caída en la asistencia escolar.  

No es coincidencia que los estados más activos en operativos del ICE, Texas, Florida y California concentren también la mayor cantidad de niños en edad escolar que viven en familias inmigrantes: 2 millones en California, 1,39 millones en Texas y 659.000 en Florida, según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación (NCES).   

Cuando se cruzan ambas variables, la correlación es clara: los estados con más operativos migratorios son también los que reportan mayores temores parentales y alta variabilidad en la asistencia.  

Detrás de cada cifra hay una historia que no se cuenta: la de un niño, niña o adolescente que falta a clase porque su familia tiene miedo, la del maestro que nota pupitres vacíos, o la del padre que duda si llevar a su hijo a la escuela.   

Las redadas migratorias no solo separan familias, también interrumpen sueños. El miedo se ha metido en las aulas y está dejando huellas que no se miden solo en números, sino en silencios, ninguna política debería tener como consecuencia que un niño deje de aprender por miedo. 

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La eliminación de la exención arancelaria, formalizada por el gobierno Trump mediante la Orden Ejecutiva 14324 en julio y que entró en vigor desde el 29 de agosto pasado, sin duda ha encarecido el costo de vida de millones de inmigrantes en los Estados Unidos. 

Esta medida, que fue justificada por la administración como una forma de combatir el tráfico de fentanilo, falsificaciones, y otras cargas peligrosas, además de cerrar un cerco para evadir aranceles implicará mayores costos para quienes reciban paquetes en el país.  

Anteriormente si alguien enviaba una encomienda a EE. UU. que valía menos de 800 dólares, no pagaba impuestos al entrar. Con esta normativa esa regla se acabó, ahora, todos los paquetes, por pequeños que sean, tendrán que pagar impuestos. 

Durante el año fiscal 2024 estuvieron exentos cerca de 1.400 millones de envíos, lo que equivale a USD 3,7 millones diarios. Los paquetes ahora estarán sujetos a la tasa arancelaria del país de origen o, de forma temporal, quedarán grabados con una tarifa fija de USD 80 a 200 por artículo durante los primeros seis meses. 

¿Cómo afecta esto a los inmigrantes? 

La eliminación de dicha exención arancelaria representa un cambio importante en la vida cotidiana de millones de inmigrantes. Muchos utilizaban este beneficio para recibir paquetes de sus países de origen, con artículos básicos como: ropa, medicinas o incluso productos culturales que les permitían mantener vínculos con sus familias. 

Para los inmigrantes de bajos ingresos significa un aumento en los costos para acceder a productos que tal vez no encuentran fácilmente en el mercado estadounidense o que pueden ser más económicos en sus países de origen.  

Según una investigación que conocimos del National Bureau of Economic Research de la Universidad de Yale se estima que esta política podría generar un impacto económico total de entre USD 10 mil millones y USD 13 mil millones, con costos adicionales de aproximadamente USD 136 anuales por familia, o unos USD 34 por persona.  

Esta misma investigación concluye que al eliminar la exención, los hogares de menores ingresos y las comunidades inmigrantes serán las que sufrirán el mayor impacto, ya que, en los códigos postales con menores ingresos, entre el 73 % y el 75 % de los envíos utilizaban esa exención, frente a solo el 52 % en las zonas más ricas. 

Pero esta medida impacta especialmente a quienes dependen de pequeños emprendimientos basados en la importación y venta de productos de bajo valor, como ropa, accesorios, artesanías o alimentos no perecederos. Dichos negocios, que funcionan como una fuente de ingreso para miles de inmigrantes, se verán enfrentados a mayores costos y trámites más complejos, lo que pone en riesgo su viabilidad. 

¿Qué podría cambiar en el día a día de los inmigrantes? 

Es claro que se darán algunos cambios en la forma de enviar y recibir paquetes, pues muchos inmigrantes van a tener que enviar cosas más baratas, reunir varios envíos en uno para que valga la pena y así lograr un ahorro o comprar productos en EE. UU. en lugar de traerlos desde fuera. 

Muchos inmigrantes compraban en plataformas extranjeras para acceder a artículos como ropa, zapatos o elementos de uso diario a costos más bajos. Ahora esos mismos productos llegarán más caros y con mayores demoras. 

Otra afectación podría ser emocional, ya que muchos paquetes clasificados como de bajo valor se han convertido en un vínculo afectivo, estamos hablando de un sobre con dulces típicos, ropa para un hijo, un libro en español, etc. Al encarecerse el envío los migrantes pierden un canal de conexión familiar y cultural. 

Este cambio se suma a un conjunto de políticas comerciales y migratorias que aumentan la presión económica sobre los inmigrantes en Estados Unidos. Si bien el objetivo del gobierno es reducir abusos del sistema de importaciones y proteger la industria nacional, los efectos colaterales recaen con mayor fuerza en poblaciones vulnerables, que dependen de dichas exenciones para sostener a sus familias y mantener el vínculo con sus países de origen. 

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En Estados Unidos se está viviendo un nuevo capítulo de tensiones entre el gobierno federal y los estados debido a un pulso entre la administración y los tribunales, por el uso de la Guardia Nacional.  

Y es que ya varios jueces han bloqueado o limitado los intentos de Donald Trump de usar la Guardia Nacional para controlar protestas y reforzar operativos migratorios. Al respecto, las cortes argumentan que las decisiones tomadas por el ejecutivo podrían violar la Constitución o afectar la soberanía de los estados. 

En este artículo te actualizo de lo que está pasando en varios estados. 

California: el gobernador VS. Trump  

En el estado de California, el gobernador Gavin Newsom demandó al gobierno de Trump por enviar miles de soldados de la Guardia Nacional, así como miembros de la marina a Los Ángeles durante operativos migratorios.  

En este caso el juez Charles R. Breyer, del Distrito Norte de California. le dio la razón al gobernador y ordenó detener el despliegue de las fuerzas armadas, pues consideró que la Guardia Nacional no puede actuar dentro del país como una fuerza policial sin el permiso del gobernador. 

Si bien el gobierno Trump apeló esa decisión, por el momento las tropas no pueden operar en territorio californiano.  

Illinois: protestas no son rebelión 

En la ciudad de Chicago, estado de Illinois, también se presentó otro choque entre el gobierno federal y jueces, en este caso el gobierno intentó justificar el envío de tropas argumentando que las protestas que se presentaron en junio en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU (ICE por sus siglas en inglés) eran una “rebelión”. 

Sin embargo, el Tribunal del Séptimo Circuito rechazó ese argumento y bloqueó la medida, mediante una orden del juez April Perry del Distrito Norte de Illinois, que el 9 de octubre de 2025 bloqueó la “federalización y despliegue” de la Guardia Nacional de los Estados Unidos dentro de ese estado. En este sentido, el juez señaló que las manifestaciones no eran una amenaza al orden público y que enviar soldados solo empeoraría la situación. 

Mientras tanto, la comunidad ha reportado a diferentes medios de comunicación que se han visto vehículos sin marcar y presencia de agentes federales, lo que mantiene la tensión con la comunidad migrante y la fuerza pública.  

Oregón: entre la aprobación parcial y las restricciones judiciales 

En Portland, Oregón, la jueza Karin Immergut había emitido, a comienzos de octubre, dos órdenes de restricción temporales que bloqueaban el uso de la Guardia Nacional en ese estado. La primera prohibía al presidente llamar a las tropas para enviarlas a Portland y la segunda le impedía desplegar efectivos de otros estados, luego de que intentara usar soldados de California para evadir la medida. 

Sin embargo, un tribunal de apelaciones suspendió parcialmente esa decisión. El Tribunal del Noveno Circuito, dio en parte la razón a Trump, permitiéndole federalizar a 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón, aunque sin autorización para desplegarlos por ahora. 

El tribunal reconoció que la ley federal otorga al presidente cierta autoridad para actuar “cuando se dificulta ejecutar las leyes”, pero aclaró que cualquier movimiento dentro del estado debe estar bajo supervisión judicial. El caso será debatido nuevamente el 29 de octubre, y hasta entonces, el despliegue militar sigue bloqueado.  

Nevada y Washington: enfoques distintos que afectan a las comunidades migrantes 

En Nevada, el gobierno estatal, bajo el mando del gobernador Joe Lombardo, autorizó que se colaborara con agencias federales como ICE en tareas de apoyo administrativo y logístico en operativos migratorios. Aunque los efectivos permanecen bajo control estatal, este apoyo genera preocupación entre la comunidad inmigrante, que teme ser identificada, separada de sus familias o recibir sanciones, incluso si no tiene antecedentes legales.   

En el estado de Washington, la estrategia es diferente: el fiscal general Nick Brown se ha unido a una coalición de estados que impugnan el despliegue de la Guardia Nacional sin consentimiento estatal, alegando que viola la soberanía del estado. Aunque no hay tropas activamente desplegadas contra civiles, esta postura preventiva refleja la preocupación de los inmigrantes por la posible militarización de las ciudades y el riesgo de redadas arbitrarias.   

Lo que está pasando en estos estados deja ver algo claro y es que los jueces están poniendo freno al uso político o militar de la Guardia Nacional dentro del país y aunque cada caso tiene sus propias circunstancias, el precedente se repite en varios estados: los tribunales detienen los despliegues cuando no hay una razón legal suficiente o cuando el gobernador del estado no está de acuerdo. 

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El año fiscal 2025 marcará sin duda un récord histórico de deportaciones en EE. UU., pero queda al descubierto un problema latente, la mayoría de los casos son de ciudadanos latinoamericanos sin antecedentes criminales. Mientras los tribunales migratorios estadounidenses batieron récords de casos, las cifras revelan que la mayoría de las personas expulsadas no cometieron delitos.   

En este periodo se presentó un volumen y velocidad sin precedentes de las órdenes de remoción (más de 353.000 deportaciones ejecutadas hasta agosto de 2025 según Mobile Pathways), pero además un patrón de deportaciones centrado en países ubicados al sur de los estados Unidos. (https://www.mobilepathways.org/immigration-court-data) 

De acuerdo con datos oficiales de la Executive Office for Immigration Review (EOIR), los tribunales de inmigración emitieron miles de órdenes de remoción entre enero y septiembre de 2025, reflejando un repunte respecto a los años anteriores. En sus Workload and Adjudication Statistics, la EOIR reportó que más del 60 % de los casos concluidos en cortes migratorias derivaron en una orden de expulsión, mientras que apenas una fracción menor obtuvo alivios como asilo, cancelación de deportación o ajuste de estatus. (https://www.justice.gov/eoir/workload-and-adjudication-statistics) 

Hace algunos días el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que 2 millones de extranjeros ilegales habían sido expulsados ​​o auto deportados desde el 20 de enero y que la administración Trump iba en camino de batir récords históricos y deportar a casi 600,000 inmigrantes indocumentados para el final del primer año de gobierno.  

Las cifras del DHS incluyen aproximadamente 1.6 millones que se han auto deportado voluntariamente y más de 400.000 deportaciones. La subsecretaria Tricia McLaughlin aseveró que “El aumento de la aplicación de medidas migratorias dirigidas a los más desfavorecidos está expulsando cada día a más inmigrantes indocumentados delincuentes de nuestras calles y está enviando un mensaje claro a cualquier otra persona que se encuentre en este país sin documentos: auto depórtense o los arrestaremos y deportaremos”. (https://www.dhs.gov/news/2025/09/23/new-milestone-over-2-million-illegal-aliens-out-united-states-less-250-days) 

Para el Instituto de Políticas Migratorias, el gobierno Trump ha aprovechado este inicio de periodo para ampliar el uso de las facultades de deportación acelerada de una manera sin precedentes, buscando expulsar a inmigrantes indocumentados o no autorizados en tan solo horas, sopesando las decisiones en miembros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y lo que llama aún más la atención, sin revisión judicial.  

Históricamente, la expulsión acelerada aplicaba principalmente a inmigrantes indocumentados que recién llegaban a través de una frontera terrestre o marítima de Estados Unidos. Pero durante estos primeros 9 meses, la administración Trump ha expandido esta vía rápida a nivel nacional, cada vez es más frecuente ver agentes de ICE en las calles, las empresas y adelantando redadas migratorias cerca de las cortes o incluso la presencia de la Guardia Nacional en ciudades santuario.  

Esto ha hecho que la ley se esté aplicando hasta para ordenar la expulsión de residentes estadounidenses con años de historia y arraigo en el país. La “mano dura” de las agencias federales la han sentido incluso personas que anteriormente gozaban de diversas protecciones temporales o quienes tienen casos pendientes de asilo en tribunales de inmigración. (https://www.migrationpolicy.org/article/trump-expedited-removal) 

¿Por qué recurrir a la deportación acelerada? 

Este tipo de deportación se ha convertido en una herramienta eficaz en el camino de acercarse al objetivo de un millón de deportaciones anuales anunciado en su momento por la administración de Donald Trump, pero a la vez en la mejor forma de reducir la acumulación de casi cuatro millones de casos de deportación pendientes en los tribunales de inmigración, anota el Instituto de Políticas Migratorias. 

Lo que gana el gobierno con la deportación acelerada es tiempo, pues a través de este mecanismo puede aumentar las deportaciones rápidamente, sin tener que esperar largos procesos ni revisiones judiciales. Se ha identificado que emitir una orden de expulsión acelerada toma solo un par de horas y esta se expide cuando un funcionario de inmigración determina que un extranjero no tiene base legal para permanecer en Estados Unidos. Con esto se evita una audiencia administrativa y el derecho a apelación. Estas órdenes de expulsión avaladas por un superior son definitivas e inapelables. 

El análisis que conocimos del Instituto de Políticas Migratorias detalla que dichas facultades podrían aplicarse a por lo menos 2.5 millones de extranjeros. Esto incluiría un millón de inmigrantes que llegaron a la frontera suroeste sin autorización y a quienes se les permitió ingresar al país durante la administración Biden, así como 1.5 millones de foráneos que previamente contaban con protecciones temporales, como la libertad condicional humanitaria. 

¿Récord histórico de ordenes de remoción?  

El reporte de órdenes de remoción que conocimos de Mobile Pathways registra 353.203 casos con corte a agosto de 2025, cifra que supera las expulsiones que históricamente han hecho los gobiernos estadounidenses en un año fiscal.   

Si miramos un comparativo de los últimos 5 años, encontramos que entre 2021 y 2022, las deportaciones se triplicaron, marcando el mayor salto del periodo (+243,7 %). El ritmo de crecimiento se moderó en 2023 (+72,6 %) y 2024 (+36 %). 

Por su parte en 2025, las expulsiones, por número de inmigrantes, llegaron a un nivel récord, con 353 mil deportaciones. 

En comparación con 2017 (107.851), primer año del gobierno Trump 1.0., las deportaciones de 2025 representan un incremento del 227 %. (https://www.mobilepathways.org/dashboards/deportation-map) 

¿De dónde provenían la mayoría de los inmigrantes deportados por Estados Unidos en 2025? 

Según Mobile Pathways nueve de cada diez personas expulsadas en 2025 provenían de América Latina, lo que refleja el carácter regional del fenómeno migratorio y la concentración de las políticas de remoción en el hemisferio Sur. (https://www.mobilepathways.org/dashboards/deportation-map) 

Las remociones ejecutadas durante el año fiscal 2025 tienen como destinos principalmente países del continente americano, es decir, que el 84,4 % (298.014) de las expulsiones de Estados Unidos se hicieron a países Latinoamericanos.   

Los datos detallados del tribunal de inmigración sobre las órdenes de expulsión dejan ver que los principales destinos de deportación durante el año fiscal 2025 fueron: México (21,32%) 75.307 personas, Honduras (14,08 %) 49.717, Guatemala (13.61 %) 48.079, Venezuela (8.33 %) 29.416, Colombia (6.21 %) 21.924, Nicaragua (5.81 %) 20.522, Ecuador (5.33 %) 18.835, El Salvador (4.77 %) 16.853, Perú (2.78 %)  9.810, Brasil (2.14 %) 7.551 y República Dominicana (1.51 %) 5.318. 

Arrestos en tribunales de inmigración y oficinas de asilo han llevado al alza las cifras 

Según el Instituto de Políticas Migratorias las autoridades están abordando a los inmigrantes indocumentados durante su comparecencia ante el tribunal de inmigración o su entrevista de méritos de asilo con USCIS. Cuando el extranjero se presenta a estas audiencias, los abogados del gobierno han solicitado, en algunos casos, la desestimación del caso, lo que permite someter a los inmigrantes a una deportación acelerada.  

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) han intensificado operaciones en tribunales migratorios. En ciudades como Nueva York, Phoenix, Los Ángeles y Seattle se han llegado a reportar detenciones de inmigrantes justo después de sus audiencias en cortes migratorias.  

¿Qué está pasando con los casos de deportación en el tribunal de inmigración? 

Para dar respuesta a esta pregunta analizamos algunos datos del TRAC de la Universidad de Syracuse, que nos muestran que existe un perfil no criminal de la mayoría de los deportados, ya que menos del 2 % de los nuevos casos en los tribunales migratorios involucraron acusaciones relacionadas con actividad delictiva. (https://tracreports.org/immigration/quickfacts/eoir.html) 

Hasta agosto de 2025, los Tribunales de Inmigración registraron 505.599 casos nuevos y según los registros judiciales, solo el 1,59% de estos nuevos casos del año fiscal 2025 solicitaron órdenes de deportación basadas en alguna presunta actividad criminal del inmigrante.  

 Además, con corte a agosto de 2025 se habían emitido 495.198 órdenes de deportación ante el tribunal de inmigración, cifra bastante baja si se compara con los 1.760.785 del año 2024, 1.418.186 de 2023 y 791.034 de 2022, solo superando el registro de 317.268 de 2021. (https://tracreports.org/phptools/immigration/ntanew/) 

 El número de 2025 supera en aproximadamente 60,4 % al registro de 2017 cuando Trump empezaba su primer gobierno y donde se presentaron 265.432 casos de deportación ante el tribunal de inmigración. 

¿Cuál es el comportamiento por estados en 2025? 

El panorama de las deportaciones en Estados Unidos muestra una concentración significativa en pocos estados. Texas encabeza la lista con 84.694 casos, consolidándose como el epicentro de las remociones migratorias en 2025. Le siguen Florida (67.499) y California (53.743), estados con alta población de inmigrantes y una presencia activa de operativos de ICE. Estos tres territorios reúnen más de la mitad del total registrado entre el top 10, lo que refleja una relación directa entre el tamaño de sus comunidades de migrantes, la política de cooperación con autoridades federales y el número de procesos de deportación iniciados o ejecutados. 

Más abajo se destacan Nueva York (34.504), Illinois (32.896) y Nueva Jersey (30.295), zonas tradicionalmente consideradas “santuarios”, pero donde las órdenes de expulsión se mantienen en niveles elevados debido al alto volumen de casos en las cortes migratorias. En contraste, los estados del sur y noreste como Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Massachusetts presentan cifras menores (entre 10.000 y 20.000 casos). (https://tracreports.org/phptools/immigration/ntanew/) 

Esto nos permite observar cómo la política migratoria de Estados Unidos sigue teniendo un fuerte impacto regional, con puntos de aplicación más severos en estados con altos flujos de llegada de inmigrantes. 

¿Por ítem de acusación qué reflejan los casos de deportación de los últimos 25 años?  

Durante los últimos 25 años, los registros de deportación en Estados Unidos reflejan que la mayoría de los casos están vinculados a infracciones migratorias y no a delitos graves. Más de la mitad de las remociones 5,6 millones de casos, suman el 57,5 % y corresponden a personas que ingresaron sin inspección, es decir, sin pasar por un puerto de entrada autorizado o sin ser admitidas formalmente por las autoridades migratorias. A este grupo se suman otros 3,5 millones de deportaciones (36,1 %) derivadas de otros cargos de inmigración, como violaciones a visas o permanencias irregulares. Si sumamos estos dos tipos de acusaciones alcanzan más del 93 % del total de deportaciones, confirmando que el sistema migratorio estadounidense históricamente ha priorizado la expulsión por causas administrativas antes que por delitos penales.  

Por el contrario, las deportaciones por delitos criminales graves son menores. Solo 406.946 casos (4,2 %) corresponden a “otros cargos criminales” y 185.877 (1,9 %) a delitos agravados, mientras que las vinculadas con acusaciones de terrorismo o seguridad nacional son prácticamente inexistentes, llegando a menos del 0,1 % del total en un cuarto de siglo.   

Estas cifras desmienten la narrativa que asocia la deportación principalmente con criminalidad y evidencian que la política de remoción se ha utilizado sobre todo como un instrumento de control migratorio, dirigido en su mayoría a quienes no tienen un estatus legal o han incurrido en faltas administrativas. 

El American Immigration Council (AIC) también advirtió que la expansión de la política de deportaciones ha estado acompañada de una “reducción sustancial de las garantías procesales” y del acceso a representación legal, señalando que solo una de cada cuatro personas con procesos de remoción contó con abogado durante 2025. (https://www.americanimmigrationcouncil.org/wp-content/uploads/2025/07/mass_deportation_trump_attacks_democracy.pdf) 

En resumen, los informes consultados revelan una estrategia de expulsión más amplia y acelerada, que se caracteriza por el aumento de órdenes judiciales, la intensidad operativa de ICE y la limitación del acceso a procedimientos por parte de los inmigrantes. El año 2025 ha consolidado una política de remociones masivas que responden principalmente a la agenda de control fronterizo anunciada por el gobierno, pero que abren el debate sobre la legalidad y humanidad del sistema migratorio estadounidense. 

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Fiscal year 2025 will undoubtedly mark a record number of deportations in the U.S., but it exposes a latent problem: many cases involve Latin American citizens with no criminal record. While U.S. immigration courts broke caseload records, the figures reveal that many of those deported did not commit crimes.  

This period saw an unprecedented volume and speed of removal orders (more than 353,000 deportations executed by August 2025 according to Mobile Pathways), but also a pattern of deportations centered on countries located south of the United States. ( https://www.mobilepathways.org/immigration-court-data). 

According to official data from the Executive Office for Immigration Review (EOIR), immigration courts issued thousands of removal orders between January and September 2025, reflecting an increase compared to previous years. In its Workload and Adjudication Statistics, the EOIR reported that more than 60 % of cases concluded in immigration courts resulted in a removal order, while only a smaller fraction obtained relief such as asylum, cancellation of removal, or adjustment of status. (https://www.justice.gov/eoir/workload-and-adjudication-statistics ) 

A few days ago, the Department of Homeland Security (DHS) announced that 2 million illegal aliens had been expelled or self-deported since January 20, and that the Trump administration was on track to break historic records and deport nearly 600,000 undocumented immigrants by the end of its first year in office. 

The DHS figures include approximately 1.6 million who have voluntarily deported and more than 400,000 deportations. Deputy Secretary Tricia McLaughlin stated that “increased targeted immigration enforcement is removing more criminal undocumented immigrants from our streets every day and is sending a clear message to anyone else in this country illegally: Self-deport or we will arrest and deport you.” (https://www.dhs.gov/news/2025/09/23/new-milestone-over-2-million-illegal-aliens-out-united-states-less-250-days ) 

For the Migration Policy Institute, the Trump administration has taken advantage of this new term to expand the use of expedited deportation powers in an unprecedented manner, seeking to expel undocumented or unauthorized immigrants in just hours, weighing decisions with members of the Department of Homeland Security (DHS) and, even more strikingly, without judicial review. 

Historically, expedited removal applied primarily to undocumented immigrants newly arriving across a U.S. land or sea border. But during these first nine months, the Trump administration has expanded this fast-track approach nationwide. ICE agents are increasingly seen on the streets, in businesses, conducting immigration raids near courthouses, and even deploying the National Guard in sanctuary cities. 

This has led to the law being used to order the expulsion of U.S. residents with long-standing roots in the country. The «heavy hand» of federal agencies has even been felt by people who previously enjoyed various temporary protections or those with pending asylum cases in immigration courts. (https://www.migrationpolicy.org/article/trump-expedited-removal ) 

Why resort to expedited deportation? 

This type of deportation has become an effective tool in the effort to reach the goal of one million annual deportations announced by the Donald Trump administration, but also the best way to reduce the backlog of nearly four million deportation cases pending in immigration courts, notes the Migration Policy Institute. 

What the government gains with expedited deportation is time, as this mechanism allows it to rapidly increase deportations without having to wait for lengthy proceedings or judicial review. It has been found that issuing an expedited removal order takes only a couple of hours and is issued when an immigration officer determines that a foreign national lacks a legal basis to remain in the United States. This avoids administrative hearing and the right to appeal. These removal orders, endorsed by a superior officer, are final and cannot be appealed. 

The analysis we learned from the Migration Policy Institute details that these powers could apply to at least 2.5 million foreigners. This would include one million immigrants who arrived at the southwest border without authorization and were allowed to enter the country during the Biden administration, as well as 1.5 million foreigners, who previously had temporary protections, such as humanitarian parole. 

Record number of removals orders? 

 The removal order report we learned from Mobile Pathways records 353,203 cases as of August 2025, a figure that exceeds the number of expulsions that U.S. governments have historically carried out in a fiscal year. 

 If we compare the last five years, we find that between 2021 and 2022, deportations tripled, marking the largest jump of the period (+243.7%). The growth rate slowed in 2023 (+72.6%) and 2024 (+36%). 

In 2025, expulsions, by number of immigrants, reached a record level, with 353,000 deportations. 

Compared to 2017 (107,851), the first year of the Trump administration, deportations in 2025 represent a 227% increase. 

(https://www.mobilepathways.org/dashboards/deportation-map ) 

Where did most immigrants deported by the United States in 2025 come from? 

According to Mobile Pathways, nine out of ten people expelled in 2025 were from Latin America, reflecting the regional nature of migration and the concentration of removal policies in the Global South. (https://www.mobilepathways.org/dashboards/deportation-map ) 

The removals carried out during fiscal year 2025 were mainly destined for countries on the American continent, that is, 84.4% (298,014) of the expulsions from United States to Latin American countries.

 Detailed immigration court data on removal orders shows the top deportation destinations for FY 2025 were: Mexico (21.32%) 75,307 people , Honduras (14.08%) 49,717, Guatemala (13.61%) 48,079, Venezuela (8.33%) 29,416, Colombia (6.21%) 21,924, Nicaragua (5.81%) 20,522, Ecuador (5.33%) 18,835, El Salvador (4.77%) 16,853, Peru (2.78%) 9,810, Brazil (2.14%) 7,551 and Dominican Republic (1.51 %) 5.318. 

Arrests in immigration courts and asylum offices have driven up the numbers. 

According to the Migration Policy Institute, authorities are approaching undocumented immigrants during their immigration court appearances or asylum interviews with USCIS. When the foreigner appears at these hearings, government attorneys have, in some cases, requested dismissal of the case, allowing immigrants to be subject to expedited deportation. 

U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents have stepped up operations in immigration courts. In cities like New York, Phoenix, Los Angeles, and Seattle, immigrants have been reported detained immediately after their immigration court hearings. 

What’s happening with deportation cases in immigration court? 

To answer this question, we analyzed data from Syracuse University’s TRAC, which showed that most deportees had a non-criminal profile, with fewer than 2% of new immigration court cases involving criminal activity. (https://tracreports.org/immigration/quickfacts/eoir.html ) 

As of August 2025, the Immigration Courts recorded 505,599 new cases. And according to court records, only 1.59% of these new cases in fiscal year 2025 requested deportation orders based on some alleged criminal activity of the immigrant. 

 In addition, as of August 2025, 495,198 deportation orders had been issued before the immigration court, a low figure compared to the 1,760,785 in 2024, 1,418,186 in 2023, and 791,034 in 2022, only surpassing the record of 317,268 of 2021. (https://tracreports.org/phptools/immigration/ntanew/) 

 The 2025 number is approximately 60.4 % higher than the 2017 figure, when Trump began his first administration and when 265,432 deportation cases were filed in immigration court. 

What will the state be in 2025? 

The deportation landscape in the United States shows a significant concentration in a few states. Texas tops the list with 84,694 cases, consolidating its position as the epicenter of immigration removals in 2025. It is followed by Florida (67,499) and California (53,743), states with high immigrant populations and an active presence of ICE operatives. These three territories account for more than half of the total recorded among the top 10, reflecting a direct relationship between the size of their migrant communities, their policy of cooperation with federal authorities, and the number of deportation proceedings initiated or executed. 

Further down the list are New York (34,504), Illinois (32,896), and New Jersey (30,295), areas traditionally considered «sanctuaries,» but where deportation orders remain high due to the high volume of cases in immigration courts. In contrast, southern and northeastern states such as Georgia, North Carolina, Arizona, and Massachusetts have lower numbers (between 10,000 and 20,000 cases). (https://tracreports.org/phptools/immigration/ntanew/ ) 

This allows us to observe how U.S. immigration policy continues to have a strong regional impact, with stricter enforcement in states with high immigrant arrival rates. 

By charge, what do the deportation cases of the last 25 years reflect? 

 Over the past 25 years, deportation records in the United States reflect that most of the cases are linked to immigration violations rather than serious crimes. More than half of the removals (5.6 million cases, or 57.5%) correspond to people who entered without inspection, that is, without passing through an authorized port of entry or without being formally admitted by immigration authorities. Added to this group are another 3.5 million deportations (36.1%) stemming from other immigration charges, such as visa violations or unlawful stays. Adding these two types of charges together, they account for more than 93% of all deportations, confirming that the U.S. immigration system has historically prioritized expulsion for administrative reasons over criminal offenses. 

 In contrast, deportations for serious criminal offenses are lower. Only 406,946 cases (4.2%) correspond to «other criminal charges» and 185,877 (1.9%) to aggravated offenses, while those linked to accusations of terrorism or national security are virtually nonexistent, amounting to less than 0.1% of the total over a quarter of a century. 

 These figures refute the narrative that associates deportation primarily with criminality and show that the removal policy has been used primarily as an instrument of immigration control, mostly targeting those without legal status or who have committed administrative offenses. 

 The American Immigration Council (AIC) also warned that the expansion of deportation policy has been accompanied by a “substantial reduction in due process” and access to legal representation, noting that only one in four people facing removal proceedings had an attorney in 2025. (https://www.americanimmigrationcouncil.org/wp-content/uploads/2025/07/mass_deportation_trump_attacks_democracy.pdf ) 

In short, the reports reviewed reveal a broader and more accelerated expulsion strategy, characterized by an increase in court orders, the intensity of ICE operations, and limited access to procedures for immigrants. The year 2025 has consolidated a policy of mass removals primarily in response to the government’s announced border control agenda, but which opens the debate on the legality and humanity of the U.S. immigration system. 

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