¿Ser portador de una Green Card en era Trump garantizaría la estadía? Al parecer no sería un seguro absoluto frente a la deportación, más aun teniendo en cuenta el contexto del gobierno de Trump, en el que se han intensificado las medidas y restricciones para quienes no son ciudadanos.
Quienes tienen una Green Card no están exentos de enfrentar los controles de las autoridades, especialmente si se cometen ciertas infracciones legales o migratorias.
Según información dada a conocer en los últimos días por el gobierno, la decisión de revocar este estatus puede depender de las autoridades federales. Además, en una de sus intervenciones el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, afirmó que portar una tarjeta de residencia no garantiza una estadía indefinida en Norteamérica. (Residencia Permanente (Tarjeta Verde) | USCIS)
Tenga mucho cuidado para que no se la revoquen
Aunque los residentes permanentes tienen derechos similares a los ciudadanos, su estatus puede ser revisado si se cometen delitos graves, fraude o amenazas a la seguridad nacional.
Cuando se habla de delitos graves se hace referencia a aquellos relacionados con drogas o temas de violencia. También puede verse expuesto si no notifica el cambio de domicilio y dirección ante USCIS.
Viajes fuera del país
Las ausencias prolongadas fuera del país están bajo la lupa de las autoridades y cada vez les hacen mayor control por orden del gobierno Trump ya que podrían interpretarse como abandono del estatus.
“Esté muy atento si se desplaza fuera de los Estados Unidos, ya que ningún viaje como residente permanente puede exceder los 6 meses. Si tiene programado quedarse más de ese tiempo, lo mejor que puede hacer es pedir una autorización y notificar a las autoridades de migración para no tener problemas al ingreso” afirma el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office.
¿Cómo es el proceso para quien posee una Green Card?
La cancelación de una Green Card y la deportación de un residente permanente legal en Estados Unidos se da a través de un proceso administrativo que se lleva a cabo en los tribunales de inmigración, bajo la supervisión del Departamento de Justicia.
Una vez el gobierno inicia un caso de remoción o deportación, el titular de la Green Card se enfrenta a un proceso legal con derecho a defenderse ante un juez de inmigración y a estar representado por un abogado, pero el gobierno no está obligado a proporcionárselo.
Si el juez de inmigración ordena la deportación, el poseedor de la tarjeta verde puede presentar un recurso ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. En caso de que la entidad confirme la decisión, todavía existe la opción de acudir a un Tribunal Federal de Apelaciones. En casos excepcionales, el tema podría llegar incluso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
Las medidas que los afectan bajo la nueva administración
Desde el inicio de su segundo mandato el 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump ha intensificado su enfoque restrictivo sobre la inmigración legal, afectando directamente a los residentes permanentes legales (titulares de la tarjeta verde). A continuación, se presentan algunas de las medidas que los afectan:
Titulares de la tarjeta verde (residentes permanentes legales – LPR):
- La Orden Ejecutiva 14091 (“Orden de Reforma Migratoria Estados Unidos Primero”), firmada el 30 de enero de 2025, establece nuevas pautas de evaluación para todos los no ciudadanos, incluidos los residentes permanentes.
- Los LPR ahora enfrentan un mayor riesgo de perder su estatus si:
- Permanecer fuera de los EE. UU. durante más de 180 días sin permiso especial.
- Tener antecedentes penales, incluso antiguos o menores.
- Están marcados por presuntas actividades consideradas «incompatibles con el interés nacional».
- Se han reactivado las revisiones retroactivas de casos antiguos bajo el INA § 237, con énfasis en la “deportación” por motivos penales o relacionados con la seguridad.
Riesgos bajo el nuevo marco:
- Aunque este grupo de personas tiene estatus legal, está bajo un escrutinio cada vez mayor y ya no se presume una permanencia automática o garantizada.
- Los procesos administrativos se han ralentizado y se ha registrado un mayor índice de denegaciones de solicitudes discrecionales.
- Prevalece un clima jurídico de incertidumbre, reforzado por declaraciones oficiales que afirman que “ningún estatus migratorio está garantizado” si un individuo es considerado un riesgo.
Sobre las detenciones de residentes por participar en protestas
La detención de residentes permanentes (titulares de green card) en Estados Unidos que participan en protestas puede deberse a varios factores legales y políticos, especialmente en el contexto actual de medidas migratorias más estrictas:
- Violaciones de leyes locales o federales durante la protesta: Aunque protestar es un derecho protegido bajo la Primera Enmienda, si durante una manifestación una persona comete un acto considerado delito —como alteración del orden público, resistencia al arresto, vandalismo o agresión—, puede ser detenida. Para residentes permanentes, incluso ciertos delitos menores pueden tener consecuencias migratorias, incluyendo la detención y procesos de deportación.
- Estatus migratorio vulnerable: A diferencia de los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes no tienen protección total frente a la deportación. La ley de inmigración establece que algunas condenas penales (incluso por delitos aparentemente menores) pueden hacer que un residente permanente sea considerado «deportable». Esto incluye delitos relacionados con desórdenes públicos o violencia.
- Políticas de “enforcement” más agresivas: Bajo administraciones que impulsan políticas migratorias más estrictas, agencias como ICE (Immigration and Customs Enforcement) pueden actuar con mayor dureza sobre residentes permanentes arrestados en cualquier contexto criminal, incluso en el de una protesta.
- Percepción de “amenaza al orden público”: Las autoridades migratorias pueden considerar que una participación violenta o reiterada en protestas constituye una amenaza para la «seguridad pública», lo que facilita procedimientos de remoción.
Manuel Gómez Morin 3970, Edificio La Cantera, Oficina 303, Centro Sur, México, Querétaro 76090.