Golpe al bolsillo migrante: Senado aprueba plan fiscal de Trump que impone impuestos a remesas

Con la reciente aprobación del presupuesto del presidente Donald Trump en el Senado, Estados Unidos se radicaliza hacia una política migratoria más restrictiva. Este nuevo plan fiscal de la segunda administración de Trump contempla medidas que impactan de manera directa a la comunidad migrante, tanto documentada como indocumentada. 

Un impuesto del 1% a las remesas: millones de familias afectadas 

 Una de las iniciativas más controvertidas aprobadas tiene que ver con la creación de un impuesto del 1% sobre las remesas enviadas desde EE. UU. por inmigrantes, justamente se calcula que esta medida afectará a más de 40 millones de personas, incluidos residentes permanentes, titulares de visas de trabajo y personas indocumentadas, que actualmente envían dinero a sus países de origen, especialmente en América Latina. 

 Y es que solo en 2023, el Banco Mundial reporta que se enviaron más de 60 mil millones de dólares en remesas desde EE. UU. a América Latina. Al haberse aprobado el plan presupuestal, se espera que el gobierno recaude más de 3 mil millones de dólares anuales. Solo en 2024, el Banco de México recibió un récord de 64.745 millones de dólares en remesas, en su mayoría provenientes de Estados Unidos. 

Recortes a beneficios fiscales para familias migrantes 

 El nuevo plan eleva el crédito tributario por hijo de 2.000 a 2.500 USD, en resumidas cuentas, dejara fuera a más de 5.6 millones de niños, según el centro de pensamiento, Center for Migration Studies y Brookings. 

 En otras medidas, se mantendrá un beneficio de 500 dólares para otros dependientes solo si el padre y el niño cuentan con un número de identificación fiscal (ITIN por sus siglas en inglés), lo que excluye de manera directa a miles de familias mixtas. 

Más deportaciones, menos ayuda social  

 Otro de los puntos aprobados por el Senado es la priorización del gasto en detenciones migratorias, así como la construcción de centros de detención y el fortalecimiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).  

 Casi 90.000 millones de dólares es la suma solicitada por Trump para reforzar su política migratoria. Su propuesta incluye ampliar la capacidad de detención en cárceles, incrementar los operativos de ICE con más agentes en el terreno y sumar la colaboración de funcionarios locales en las comunidades. También busca contratar más abogados que representen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en tribunales de inmigración, así como más jueces que aceleren las decisiones migratorias.  

 Parte del presupuesto se destinaría al seguimiento de personas que no hayan cumplido con órdenes de deportación, incluyendo el cobro de multas. La solicitud incluye además 45.000 millones para centros de detención de ICE, 15.000 millones para ejecutar deportaciones, 1.600 millones para fortalecer la cooperación entre los estados y ICE, y 46.500 millones para la construcción de muros fronterizos.  

Recortes a beneficios fiscales para familias migrantes  

 Paralelamente, en el proyecto se contemplan recortes a programas esenciales, aunque aún no se han definido claramente estos cortes, si se ha conocido que afectaría programas como: 

• Asistencia alimentaria (SNAP por sus siglas en inglés). 

• Subsidios para vivienda. 

• Cobertura médica para personas de bajos recursos. 

 Estos recortes afectarán particularmente a familias migrantes con hijos ciudadanos, muchas de las cuales dependen de estas ayudas para vivir con dignidad. 

Los inmigrantes: clave para la economía estadounidense 

 A pesar del enfoque restrictivo del nuevo presupuesto, los datos muestran que los inmigrantes son vitales para la economía de EE. UU. Según un estudio reciente del American Immigration Council los migrantes representan el 14.3% de la población del país y tienen un poder adquisitivo de 1.7 billones de dólares.  

 A esto se suma que pagan anualmente más de 651.9 mil millones de dólares en impuestos (federales, estatales y locales) el 23.6% de los trabajadores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) son inmigrantes. 

 Otro dato que refleja el aporte de los migrantes a la economía estadounidense es que casi 1 de cada 4 empresarios en EE. UU. es inmigrante. El estudio muestra que, en 2023, los inmigrantes indocumentados aportaron 89.8 mil millones de dólares en impuestos. 

 Además, 22.8% de los inmigrantes en EE.UU. provienen de México, país que, junto a otros como El Salvador, Guatemala y Honduras, se vería gravemente afectado por las restricciones a las remesas. 

 Puedes consultar más sobre estos datos en: Inmigrantes en los Estados Unidos 

Un llamado a una reforma migratoria integral 

 Pese a que se aprobó el presupuesto en el Senado, vuelve a ponerse sobre la mesa la necesidad de que una reforma bipartidista sigue siendo necesaria, ya que este presupuesto está pensando para gestión de las deportaciones y las detenciones, más no para incrementar el número de jueces que se requieren para descongestionar los casos pendientes. Con más de 3.6 millones de casos acumulados en cortes migratorias y un sistema colapsado, el país enfrenta una encrucijada. 

 Aunque en febrero de 2024 se presentó una propuesta bipartidista, esta fracasó por intereses políticos. Hoy, el vacío legal está siendo ocupado por políticas punitivas que, en lugar de ofrecer soluciones, aumentan la exclusión y criminalizan la migración. 

 Recordemos que, la propuesta que fracasó tuvo 49 votos a favor y 50 en contra, para avanzar el proyecto requería 60 votos. En él se incluía financiamiento para el apoyo militar a Ucrania e Israel, ajustando los fondos de UNRWA y estableciendo poderes de emergencia para el cierre de fronteras. Adicionalmente, mejoraba los umbrales para la credibilidad del asilo, apoyaba a los refugiados afganos con caminos hacia la tarjeta verde y expandía las medidas de monitoreo y detención.  

 Sumado a esto, aumentaba las agencias de inmigración con $440 millones para Jueces de Inmigración, $12 millones contra el contrabando, $7 mil millones para CBP, $8 mil millones para ICE y $4 mil millones para USCIS. Al reflexionar sobre esta legislación, es crucial considerar los valores que promovía, su aplicación práctica y las métricas para evaluar los amplios impactos en la política de inmigración y la sociedad. 

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