¿Qué pasa con la Guardia Nacional? jueces frenan los despliegues en varios estados

En Estados Unidos se está viviendo un nuevo capítulo de tensiones entre el gobierno federal y los estados debido a un pulso entre la administración y los tribunales, por el uso de la Guardia Nacional.  

Y es que ya varios jueces han bloqueado o limitado los intentos de Donald Trump de usar la Guardia Nacional para controlar protestas y reforzar operativos migratorios. Al respecto, las cortes argumentan que las decisiones tomadas por el ejecutivo podrían violar la Constitución o afectar la soberanía de los estados. 

En este artículo te actualizo de lo que está pasando en varios estados. 

California: el gobernador VS. Trump  

En el estado de California, el gobernador Gavin Newsom demandó al gobierno de Trump por enviar miles de soldados de la Guardia Nacional, así como miembros de la marina a Los Ángeles durante operativos migratorios.  

En este caso el juez Charles R. Breyer, del Distrito Norte de California. le dio la razón al gobernador y ordenó detener el despliegue de las fuerzas armadas, pues consideró que la Guardia Nacional no puede actuar dentro del país como una fuerza policial sin el permiso del gobernador. 

Si bien el gobierno Trump apeló esa decisión, por el momento las tropas no pueden operar en territorio californiano.  

Illinois: protestas no son rebelión 

En la ciudad de Chicago, estado de Illinois, también se presentó otro choque entre el gobierno federal y jueces, en este caso el gobierno intentó justificar el envío de tropas argumentando que las protestas que se presentaron en junio en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU (ICE por sus siglas en inglés) eran una “rebelión”. 

Sin embargo, el Tribunal del Séptimo Circuito rechazó ese argumento y bloqueó la medida, mediante una orden del juez April Perry del Distrito Norte de Illinois, que el 9 de octubre de 2025 bloqueó la “federalización y despliegue” de la Guardia Nacional de los Estados Unidos dentro de ese estado. En este sentido, el juez señaló que las manifestaciones no eran una amenaza al orden público y que enviar soldados solo empeoraría la situación. 

Mientras tanto, la comunidad ha reportado a diferentes medios de comunicación que se han visto vehículos sin marcar y presencia de agentes federales, lo que mantiene la tensión con la comunidad migrante y la fuerza pública.  

Oregón: entre la aprobación parcial y las restricciones judiciales 

En Portland, Oregón, la jueza Karin Immergut había emitido, a comienzos de octubre, dos órdenes de restricción temporales que bloqueaban el uso de la Guardia Nacional en ese estado. La primera prohibía al presidente llamar a las tropas para enviarlas a Portland y la segunda le impedía desplegar efectivos de otros estados, luego de que intentara usar soldados de California para evadir la medida. 

Sin embargo, un tribunal de apelaciones suspendió parcialmente esa decisión. El Tribunal del Noveno Circuito, dio en parte la razón a Trump, permitiéndole federalizar a 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón, aunque sin autorización para desplegarlos por ahora. 

El tribunal reconoció que la ley federal otorga al presidente cierta autoridad para actuar “cuando se dificulta ejecutar las leyes”, pero aclaró que cualquier movimiento dentro del estado debe estar bajo supervisión judicial. El caso será debatido nuevamente el 29 de octubre, y hasta entonces, el despliegue militar sigue bloqueado.  

Nevada y Washington: enfoques distintos que afectan a las comunidades migrantes 

En Nevada, el gobierno estatal, bajo el mando del gobernador Joe Lombardo, autorizó que se colaborara con agencias federales como ICE en tareas de apoyo administrativo y logístico en operativos migratorios. Aunque los efectivos permanecen bajo control estatal, este apoyo genera preocupación entre la comunidad inmigrante, que teme ser identificada, separada de sus familias o recibir sanciones, incluso si no tiene antecedentes legales.   

En el estado de Washington, la estrategia es diferente: el fiscal general Nick Brown se ha unido a una coalición de estados que impugnan el despliegue de la Guardia Nacional sin consentimiento estatal, alegando que viola la soberanía del estado. Aunque no hay tropas activamente desplegadas contra civiles, esta postura preventiva refleja la preocupación de los inmigrantes por la posible militarización de las ciudades y el riesgo de redadas arbitrarias.   

Lo que está pasando en estos estados deja ver algo claro y es que los jueces están poniendo freno al uso político o militar de la Guardia Nacional dentro del país y aunque cada caso tiene sus propias circunstancias, el precedente se repite en varios estados: los tribunales detienen los despliegues cuando no hay una razón legal suficiente o cuando el gobernador del estado no está de acuerdo.