Avalancha de solicitudes por temor a Trump: el permiso de trabajo en la cuerda floja

A comienzos de 2025, Estados Unidos registró un récord histórico en solicitudes de permisos de trabajo. Solo en enero se radicaron más de 500.000 peticiones, según cifras del Instituto Brookings, impulsadas por el temor de millones de inmigrantes ante un posible endurecimiento de las políticas migratorias con el regreso de Donald Trump a la presidencia. 

Ese temor se confirmó rápidamente. La nueva administración revocó los permisos laborales otorgados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 500.000 personas originarias de Honduras, Venezuela, Haití y Nicaragua a lo que se suma la incertidumbre de más de 2.2 millones de solicitantes de asilo, que siguen a la espera de una decisión judicial en cortes migratorias, de acuerdo con datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC por sus siglas en inglés) a junio de 2025. 

Empleo en pausa, economía en tensión 

Las repercusiones trascienden los números. El instituto Brookings advierte que miles de inmigrantes han detenido sus procesos de búsqueda laboral en espera de aprobación, lo que provoca vacíos temporales en sectores que dependen históricamente de esta mano de obra. 

Actualmente, más de 31.7 millones de extranjeros participan activamente en el mercado laboral estadounidense, representando casi el 19 % de la fuerza de trabajo. En 2024, la tasa de participación laboral de personas nacidas fuera del país fue del 66.5 %, el restante (33.5%) son inmigrantes que no cuentan con un empleo formal; esto en comparación con el 61.7% de ciudadanos estadounidenses, que tienen un trabajo, según el Departamento de Trabajo (DOL por sus siglas en inglés). Las proyecciones indican que esta tendencia continuará durante 2025. 

Por otra parte, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés), reporta que actualmente hay 1.37 millones de solicitudes iniciales de permisos activas, incluyendo más de 159.000 relacionadas con asilo, además de otras 766.000 renovaciones, en su mayoría también vinculadas con casos de protección. 

A propósito de este tema, según datos recientes de USCIS, aunque las solicitudes de permisos laborales han aumentado, las autorizaciones se han reducido. Por ejemplo, en el segundo trimestre, la entidad recibió más de 698.000 solicitudes asociadas a asilo, pero aprobó solo 491.184, una caída en la tasa de aprobación del 5%, respecto al trimestre anterior. En la categoría de otros permisos laborales, el desplome fue aún mayor: se pasaron de tener 440.722 aprobaciones en el primer trimestre a 280.801 en el segundo. 

Un grupo especialmente vulnerable 

Los solicitantes de asilo enfrentan el panorama más incierto. La Casa Blanca estaría considerando eliminar su acceso al permiso de trabajo temporal, una medida que, de aplicarse, pondría en riesgo la estabilidad económica de cientos de miles de familias. 

¿Pero qué plantea el gobierno? Aunque aún no hay normativa definitiva, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha propuesto medidas que cambiarían radicalmente el acceso al permiso laboral: 

• Eliminar el permiso para quienes solicitan asilo, tanto en vía afirmativa como defensiva. 

• Extender el período obligatorio de espera de 150 a 365 días. 

• Limitar el beneficio a ciertos perfiles considerados “elegibles”. 

• Excluir a solicitantes con antecedentes migratorios cuestionables o sospechas de fraude. 

• Incorporar entrevistas personales y requisitos biométricos adicionales. 

Tarifas al alza y mayor presión económica 

A la incertidumbre legal se le suma el impacto económico, por un lado, el costo del formulario I-765 para permisos de trabajo subió a 470 dólares, una carga pesada para familias con ingresos bajos. 

La carga inflacionaria también es un fantasma que ronda el panorama; según un análisis del fondo FWD.us para la educación, las políticas restrictivas impulsadas por Trump podrían traducirse en un aumento de hasta 2.150 dólares anuales por hogar en bienes y servicios para 2028, debido a la escasez de mano de obra en sectores clave como agricultura, construcción y cuidados personales. 

Los datos del fondo además revelan que, si se concretan las cancelaciones masivas de permisos o deportaciones de beneficiarios del TPS y solicitantes de asilo, más de 2.6 millones de trabajadores quedarían fuera del sistema. Esto se traduciría en una caída del 2.6 % del PIB en una década, una pérdida económica acumulada de $4.7 billones y una reducción de ingresos fiscales federales por 900 mil millones. 

El costo humano 

Más allá de estas cifras hay historias de familias en riesgo. La mayoría de los solicitantes de permisos de trabajo son personas con bajos ingresos, sin seguro médico, con escasa formación educativa y en condiciones de vivienda precarias, según el Census Bureau. 

Precisamente muchos hogares son de composición mixta, donde ciudadanos estadounidenses conviven con padres indocumentados o solicitantes de asilo. La pérdida del permiso puede significar una caída de hasta el 50 % en los ingresos familiares, forzándolos a depender de redes informales, subsidios o actividades no reguladas para sobrevivir. 

Una alerta que apenas comienza 

Si las restricciones se formalizan, el impacto social y económico podría ser devastador. Con más de dos millones de personas atrapadas en la incertidumbre, el permiso de trabajo se ha convertido en algo más que un documento legal: es la delgada línea que separa la estabilidad del colapso para millones de familias y para sectores clave de la economía estadounidense. 

La avalancha de solicitudes, lejos de disminuir, parece estar apenas comenzando. Y con ella, el futuro de miles de trabajadores, y del país que depende de ellos, está en juego. 

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