Salud detenida: cómo las condiciones en los centros de ICE pueden afectar el bienestar de los inmigrantes 

Entre 2024 y 2025, la población inmigrante detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó niveles históricos superando, con corte a septiembre, las 60.000 personas, sin embargo, el 72 % no registraba condenas penales, según datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC).  

Y es que detrás de estas cifras se esconde una crisis sanitaria silenciosa que ya ha sido advertida en diversas investigaciones y es, precisamente, la detención prolongada de inmigrantes que no solo vulnera Derechos Humanos, sino que también agrava enfermedades crónicas, multiplica los trastornos psicológicos y expone a los detenidos al deterioro físico y mental de quienes permanecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).   

En este informe especial examinaré a fondo esta realidad. A través del análisis de cifras oficiales, estudios académicos y testimonios recientes realizaré una radiografía completa de las condiciones de salud dentro de los centros de detención migratoria en Estados Unidos. 

Condiciones de detención: hacinamiento y falta de supervisión  

Empecemos por un aspecto clave para el análisis: un informe del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) con corte a julio de 2025, encontró que las instalaciones de detención de ICE enfrentan problemas de capacidad y recursos, especialmente en estados fronterizos como Texas y Arizona lo que se traduce, en la práctica, en menor acceso a atención médica, saneamiento insuficiente y estrés psicológico.  

 Para que nos hagamos una idea y empecemos a contextualizar, TRAC encontró a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA) que, a 23 de junio de 2025, ICE tenía 57.861 personas detenidas a nivel nacional. Aunque la capacidad contractual de la agencia se mantiene en 62.913 camas, según los datos revelados previamente en abril, la ocupación de finales de junio muestra un aumento significativo frente a las 48.056 personas registradas la noche del 13 de abril. En términos simples, ICE pasó de utilizar alrededor del 76 % de su capacidad en abril a operar mucho más cerca del límite contratado hacia finales de junio, dentro de un sistema que abarca 181 centros autorizados en todo el país. 

 Sin embargo, esa cifra nacional no muestra lo que pasa dentro de cada instalación. Algunos centros pueden tener camas vacías, mientras que otros están llenos o incluso por encima de lo permitido en sus contratos. Teniendo claro el panorama de condiciones que deben enfrentar los inmigrantes detenidos en centros de ICE, entremos en materia, empecemos por revisar este cuadro comparativo con base en un estudio publicado en 2025 en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA por sus siglas en inglés):  

El estudio publicado en 2025, realizado con 200 inmigrantes previamente detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que fueron liberados bajo órdenes judiciales y cuyos datos fueron analizados en 2024, arrojó datos reveladores.   

En la medición, la mayoría eran hombres (87.5 %), de origen latino (74.5 %) y tenían una edad promedio de 40 años. El objetivo del estudio era entender cómo afecta la detención a la salud física y mental una vez que las personas recuperan su libertad.  

Los resultados mostraron una relación directa entre el tiempo de detención y el deterioro en el estado de salud. Al respecto, La salud mental fue uno de los hallazgos más preocupantes. La percepción de salud “mala o regular” pasa de 30.4% a 49.1%, los síntomas de enfermedad mental suben de 21% a 37%, y los signos compatibles con trastorno de estrés postraumático (PTSD) saltan de 34.8% a 59.3%. El estudio también encontró que cada mes adicional dentro de un centro de ICE empeora la salud: por cada 30 días extra, aumentaba alrededor de un 11 % la probabilidad de tener síntomas significativos de enfermedad mental o estrés postraumático, comparables a contextos de guerra, violencia o encarcelamiento de alto riesgo, lo que demuestra la gravedad del impacto emocional y mental que estos centros generan.  

En otras cifras, el 37 % de quienes estuvieron detenidos por largos periodos presentó síntomas fuertes de angustia psicológica, frente al 20.7 % de aquellos con estadías cortas. Un dato clave es que casi la mitad de los inmigrantes detenidos tenía seguro médico antes de su arresto (48.5 %), lo que indica que muchos llegaban con acceso previo a atención. Sin embargo, tras su paso por los centros de ICE, el deterioro en la salud reportada se duplica entre quienes permanecen más tiempo. Esto sugiere que el problema no es la condición inicial de las personas, sino las condiciones dentro de las instalaciones: un sistema que, lejos de proteger, expone a la población detenida a riesgos crecientes con cada mes adicional bajo custodia. 

Lo que ven los médicos en los pacientes que estuvieron detenidos  

A esto se suma un análisis hecho por la revista científica BMC Public Health, en el que encuestó a 150 profesionales de la salud para entender cómo llegan los inmigrantes después de haber pasado por centros de detención, los resultados son contundentes: más de la mitad de ellos, 85 médicos (57 %), quienes en conjunto han visto a alrededor de 1,300 personas, aseguraron haber atendido pacientes cuyos problemas de salud estaban directamente relacionados con su tiempo de detención. Esta cifra coincide con otro dato revelador: el 98 % de los médicos encuestados consideran que la detención afecta directamente la salud de sus pacientes, lo que refuerza la idea de que el deterioro físico y emocional observado no es aislado, sino un patrón sistemático. 

Entre otros descubrimientos, los profesionales describieron varios problemas comunes. La gran mayoría, 75, es decir, un 88 %, reportó que muchos de sus pacientes sufrieron retrasos para recibir atención médica o medicamentos mientras estaban detenidos. Otros 39, el 46 %, confirmaron que atendieron a personas que desarrollaron enfermedades nuevas o agudas, como infecciones o lesiones, durante su tiempo en los centros. Además, 50 médicos (59 %) observaron un empeoramiento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, ansiedad o depresión. A esto se suma otro elemento preocupante: solo el 44.7 % de los médicos pregunta siempre a sus pacientes si estuvieron detenidos, lo que implica que una gran parte de los casos de deterioro asociado a ICE puede estar pasando desapercibida en los sistemas de salud. 

Otro hallazgo importante es que muchos de ellos no reportaron estos casos porque no saben que pueden hacerlo (43,6 %) o desconocen el procedimiento para iniciar el reporte (45,5 %). Esto muestra que existen vacíos de información y de capacitación, incluso, entre quienes atienden directamente a personas afectadas tras la detención. Además, el hecho de que casi la mitad de los médicos no cuente con protocolos claros para identificar o reportar daños vinculados a la detención evidencia un problema estructural: no solo fallan los centros de ICE en garantizar atención adecuada, sino que también falta una red clínica preparada para responder al daño que estas personas traen consigo cuando recuperan la libertad. 

Baja cobertura de vacunación y brechas en la atención médica 

Este panorama se complementa con un análisis publicado en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA) que examinó la circulación de tres enfermedades prevenibles por vacunación: influenza, paperas y hepatitis A, dentro de 20 centros de detención de inmigrantes administrados por ICE, con corte a 2023 y publicados en 2025. Los resultados muestran que estos centros operan como espacios de transmisión donde los brotes son frecuentes y afectan a un número considerable de personas detenidas. 

 Durante los cuatro años del estudio se documentaron 2.035 casos de influenza, 252 casos de paperas y 486 casos de hepatitis A. Aunque las cifras varían por enfermedad, todas comparten un patrón: los afectados eran principalmente hombres (entre 84 % y 93 % según la patología) y tenían edades promedio entre 33 y 39 años lo que refleja que, incluso personas jóvenes y sanas, están expuestas a condiciones que facilitan el contagio. 

 Las tasas mensuales de enfermedad refuerzan esta vulnerabilidad. En promedio, los centros reportaron 17,3 casos de influenza, 1,5 de paperas y 6,0 de hepatitis A por cada 100.000 persona-meses, pero con picos extremadamente altos. En algunos centros, la influenza llegó a alcanzar tasas de 720 casos por cada 100.000, mientras que la hepatitis A alcanzó máximos de 273 casos por cada 100.000, lo que indica brotes explosivos difíciles de controlar en espacios cerrados y densos. 

 El estudio también describe una dinámica estacional que incrementa el riesgo. La influenza, por ejemplo, tuvo su pico en diciembre, mientras que su incidencia más baja ocurrió en septiembre. La hepatitis A mostró su punto más alto en julio y el más bajo en noviembre. Estos patrones sugieren que los centros no cuentan con estrategias de prevención adecuadas en momentos del año donde se incrementa la transmisión. 

 Uno de los hallazgos más relevantes es la magnitud de los brotes. En el caso de la influenza, el 85,5 % de los casos totales ocurrieron dentro de brotes y se identificaron 79 en 15 instalaciones. Las paperas registraron 16 en 8 centros, mientras que la hepatitis A tuvo 33 en 11 centros, aunque en esta enfermedad la mayoría de los contagios (67,5 %) ocurrió fuera de brotes identificados, lo que sugiere un posible subregistro.  

 Estos resultados revelan que los centros de detención funcionan como ambientes de riesgo epidemiológico, donde el hacinamiento, la rotación constante de personas entre unidades, la limitada ventilación y las barreras para acceder a medidas preventivas convierten enfermedades totalmente prevenibles en amenazas recurrentes.  

Nuevas denuncias que agravan la crisis sanitaria en los centros de ICE

En 2025, han comenzado a salir a la luz nuevas acusaciones que confirman que la crisis en los centros de detención de ICE no solo persiste, sino que se ha intensificado durante este año.   

Tres informes recientes, uno de Human Rights Watch (HRW), la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelan abusos graves que afectan directamente la salud física y mental de los detenidos. 

Condiciones inhumanas en centros de Florida 

Un informe de Human Rights Watch, publicado en julio de 2025, documentó las condiciones alarmantes en tres centros de detención en Florida: Krome North, Broward Transitional Center (BTC) y el Federal Detention Center (FDC) en Miami. De acuerdo con los hallazgos, personas detenidas relataron que han sido transportadas esposadas en autobuses sin agua, ni alimento y con baños que no funcionan. 

A lo que se suma que, en los centros de detención, algunos durmieron en pisos de concreto sin camas y bajo una luz fluorescente constante; muchos fueron privados de atención médica informando negación de medicamentos esenciales, demoras y falta de seguimiento después de atenciones en hospitales. 

También hay denuncias de aislamiento como castigo: personas que pidieron apoyo psicológico o médico fueron enviadas a confinamiento solitario y según el reporte, al menos dos muertes recientes podrían estar conectadas con esa negligencia médica.  

Negligencia hacia mujeres embarazadas 

La Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció, en octubre de 2025, abandono médico para mujeres embarazadas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).   

Justamente, la organización recogió testimonios de mujeres que fueron esposadas (shackling) y a quienes les negaron vitaminas prenatales, atención médica adecuada o fueron colocadas en aislamiento, sin importar su condición de gestantes.   

Según la ACLU, algunas de ellas reportan que sus solicitudes de ayuda médica fueron ignoradas incluso en emergencias, como durante un aborto espontáneo, y denunciaron también mala nutrición, demoras en asistencia, y procedimientos médicos no consentidos.   

Tras estos hallazgos, la ACLU y otras organizaciones exigieron la liberación inmediata de las mujeres embarazadas en custodia de ICE y una mejora urgente en la atención médica dentro de las instalaciones. 

Auge del confinamiento solitario 

Un reporte reciente del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), basado en un estudio de expertos de Harvard, señaló un aumento fuerte del uso del aislamiento en los primeros meses del segundo mandato del 2025. 

Según el informe, más de 10 mil personas han sido colocadas en confinamiento solitario durante los primeros meses de 2025. Precisamente los datos señalan que, entre febrero y marzo de 2025, la cantidad de personas aisladas creció un 6.5 % mensualmente, más del doble de lo registrado en 2024 bajo la administración anterior. 

A lo que se suma que las personas más vulnerables, como quienes tienen problemas de salud mental, discapacidad o son parte de la comunidad LGBTQ+, fueron aisladas por más tiempo que en años pasados y advierten que el aislamiento está siendo usado como castigo, no solo como medida de seguridad. 

Y es que precisamente y pese a las nuevas reglas que obligan a ICE a reportar todo uso del confinamiento, los datos siguen siendo incompletos o inconsistentes, lo que dificulta la supervisión. 

En conjunto, el estudio deja una conclusión clara: la detención migratoria no solo afecta a las personas mientras están dentro de los centros, sino también después, cuando regresan a sus comunidades con condiciones médicas que podrían haberse prevenido o tratado a tiempo. 

Un sistema que enferma: la detención migratoria como riesgo de salud 

En conjunto, toda la evidencia revisada muestra que la detención migratoria en Estados Unidos se ha convertido en un espacio donde la salud y la dignidad de las personas están en riesgo permanente. Los datos son contundentes: existe un impacto claro entre el tiempo de detención y las afectaciones en salud, justamente casi la mitad de quienes estuvieron presos por seis meses o más calificaron su salud general como “mala o regular”, mientras que esto ocurrió en solo el 30.4 % de quienes estuvieron menos tiempo.

La salud mental fue uno de los hallazgos más preocupantes. Entre quienes estuvieron detenidos por largos periodos, el 37 % presentó síntomas fuertes de angustia psicológica, frente al 20,7 % de quienes tuvieron estadías cortas. Y en el caso del estrés postraumático, las diferencias fueron aún más drásticas: casi 6 de cada 10 personas (59,3 %) con detenciones largas mostraron señales compatibles con PTSD, comparado con apenas 34,8 % entre quienes estuvieron menos de seis meses. En otras palabras: cuanto más tiempo permanece una persona en manos de ICE, más se deteriora su salud emocional.

Pero el daño no se limita a lo psicológico. Los médicos que atienden a personas liberadas de estos centros han documentado patrones que no dejan espacio para la duda. El 88 % de los profesionales de la salud encuestados reportó demoras o interrupciones en tratamientos médicos esenciales, el 59 % vio agravamiento de enfermedades crónicas y casi la mitad (46 %) atendió casos de enfermedades nuevas que surgieron dentro de los centros. En total, estos médicos han tratado a más de 1.300 personas afectadas directamente por su paso por la detención. Lo más grave es que el 98 % de los médicos coincide en que estar detenido impacta negativamente la salud física y mental, pero muchos no saben que pueden reportarlo o cómo hacerlo, lo que evidencia una falta de supervisión incluso después de la liberación.

Y mientras estos estudios muestran el daño acumulado durante años, los reportes de 2025 dejan claro que la crisis no solo continúa: se está agravando. En Florida, HRW documentó casos de personas obligadas a dormir en el piso, bajo luces encendidas 24 horas, trasladadas esposadas sin agua ni alimento, o sin acceso a medicamentos esenciales. Incluso se reportan muertes recientes potencialmente vinculadas a negligencia médica.

Por su parte, la ACLU denunció un patrón de abandono hacia mujeres embarazadas, incluyendo falta de vitaminas prenatales, demoras en emergencias y uso de aislamiento pese a su condición. Y el ICIJ, junto con expertos de Harvard, expuso un aumento explosivo del confinamiento solitario: más de 10.000 personas aisladas solo en los primeros meses de 2025, con un crecimiento mensual del 6,5 %, más del doble que en 2024. Entre quienes más tiempo pasan aislados están personas con problemas de salud mental, discapacidad o miembros de la comunidad LGBTQ+, lo que multiplica el daño. 

La evidencia es abrumadora y converge en una misma conclusión: la detención migratoria no es un espacio de custodia temporal, sino un entorno de deterioro emocional y, en algunos casos, riesgo de muerte. Un sistema que opera por encima de su capacidad en decenas de centros, que registra brotes constantes de enfermedades prevenibles y que mantiene prácticas que violan estándares básicos de Derechos Humanos, no puede considerarse un espacio seguro.

Hoy sabemos que lo que ocurre dentro de estos centros no termina al salir. La detención deja secuelas que acompañan a las personas por meses o años: ansiedad, depresión, traumas, enfermedades descontroladas, falta de acceso a tratamientos, pérdidas gestacionales y, lamentablemente, casos de muerte prevenible. En conjunto, todo indica que el sistema actual no solo falla en proteger la salud de las personas migrantes: la pone en riesgo.

Por eso, entender la detención migratoria como un determinante social de la salud es fundamental y frente a un sistema que sigue creciendo, más de 60.000 personas detenidas, 72 % sin condenas penales, la urgencia de una reforma profunda es más evidente que nunca.