El programa 287(g) se dispara en 2025 concentrando el poder de arresto en estados republicanos

Partamos de un hecho claro: En Estados Unidos, la inmigración no es un asunto local ni estatal: es un tema federal: la Constitución otorga al Congreso la facultad exclusiva de establecer una regla uniforme de naturalización, lo que significa que la regulación de la entrada, permanencia, acreencia de ciudadanía o deportación de extranjeros corresponde solamente al gobierno federal.  

 Sin embargo, varios estados han impulsado políticas para endurecer la aplicación de ley migratoria de manera regional. Precisamente en esta investigación busco explorar por qué la inmigración, que es un asunto federal, se ha moldeado de manera estatal para aplicar programas como el 287(g), que permite a autoridades estatales y locales asumir funciones migratorias bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).  

 La expansión de este programa, 287 (g), se ha dado de manera exponencial durante la segunda presidencia de Donald Trump. Me di a la tarea de revisar las cifras que reporta directamente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y encontré varios hallazgos que iré exponiendo a lo largo del texto.  

 El primero es que, desde el 20 de enero, el número de Memorandos de Acuerdo (MOA) firmados entre agencias estatales y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) creció a un ritmo sin precedentes, marcando un giro hacia la cooperación policial en la agenda migratoria. Ahora revisemos más información.  

 Aunque está presente en 37 de los 52 estados de EE. UU, son los gobernados por los republicanos los que concentran la mayor fuerza operativa para arrestos migratorios, gracias al número de oficiales de servicio certificados por ICE, quienes son los únicos autorizados para ejecutar detenciones bajo esta política. 

 En la práctica esto significa que, cada oficial de servicio tiene la facultad legal de arrestar y procesar a personas bajo leyes federales de inmigración, una atribución que normalmente es exclusiva de ICE. Departamentos de policía y autoridades locales se convierten en brazos extendidos de la política federal migratoria. 

 

¿Qué es el programa 287(g)?  

Empecemos por la base, el programa 287(g) es una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA por sus siglas en inglés), incorporada por la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA por sus siglas en inglés) en 1996. Su objetivo justamente es delegar funciones federales de control migratorio a policías estatales y locales. 

 Algo que debemos tener presente es que, aunque existía desde 1996, el programa 287(g) no se aplicó hasta el 2002, cuando Florida se convirtió en el primer estado en firmar un acuerdo de cooperación con ICE tras los atentados del 11 de septiembre (11-S) contra las Torres Gemelas en Nueva York. Desde entonces, su expansión ha sido intermitente.  

 

 ¿Cómo funcionan los modelos operativos del programa 287g?  

 Existen tres modelos bajo el programa 287(g): 

Ejecución en cárceles: este modelo se aplica dentro de cárceles estatales o locales. Cuando una persona es arrestada por un delito y está bajo custodia, los oficiales entrenados por ICE revisan si tiene estatus migratorio irregular o una orden de deportación pendiente. Si es así, pueden iniciar el proceso de entrega a ICE antes de que salga libre. 

Por ejemplo, una persona es arrestada por robo en Texas. En la cárcel, un oficial detecta que tiene una orden de deportación. ICE lo asume bajo custodia cuando termina su proceso dentro del estado de Texas.  

Fuerza de tarea: en este tipo de modelo los agentes locales actúan como “auxiliares” de ICE durante operativos en la comunidad. En los controles rutinarios (por ejemplo, retenes o patrullajes), pueden identificar personas en situación irregular y reportarlo a ICE para que intervenga, en un trabajo en conjunto. 

Por ejemplo, la policía detiene a un conductor por no usar cinturón. Durante la revisión, sospechan que no tiene estatus legal y notifican a ICE para proceder.  

Oficiales de servicio: en este modelo, ICE capacita y certifica a oficiales locales para que puedan ejecutar órdenes administrativas de arresto emitidas por ICE, pero solo dentro de su cárcel. Estos oficiales no investigan estatus migratorio, simplemente cumplen órdenes ya existentes. 

Después de ejecutar la orden, ICE debe hacerse cargo del detenido en un máximo de 48 horas, salvo que exista otro acuerdo. Por ejemplo, una persona cumple su condena en un estado y el juez ordena su liberación, pero ICE tiene una orden administrativa, entonces un oficial de servicio puede retenerla hasta que ICE llegue. 

 

¿Cómo ha sido su expansión en 2025?  

Centrémonos en lo que ha ocurrido en el 2025, ya que el escenario cambió radicalmente. Si bien, de este tipo de programa deberían existir documentos públicos de los acuerdos firmados entre estados y autoridades migratorias federales a lo largo de los años, la realidad es otra. Al hacer una revisión de la información publicada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encontré registros de acuerdos firmados y vigentes en 2019, 2020 y sorpresivamente un salto al 2025. Del periodo comprendido entre 2021 a 2024 no existen datos informados.  

 

 

2025 marca un récord en memorandos firmados

El programa 287(g) vive un año histórico: para 2025, la cifra de memorandos activos se disparó a 766, lo que significa un incremento superior al 2.500% respecto al inicio del año, cuando apenas había 30 acuerdos vigentes. Este crecimiento refleja una política más agresiva en la extensión de facultades migratorias a las agencias locales y estatales.

El comportamiento mes a mes muestra un patrón llamativo:

• Enero arrancó con cifras bajas, prácticamente sin variación respecto a lo heredado del año anterior.
• Febrero fue el gran punto de inflexión, con 154 nuevos memorandos, lo que representó el mayor salto del año.
• Marzo y abril mantuvieron el impulso, sumando 134 acuerdos, aunque a un ritmo menor, destacando la fuerza de tarea como modalidad dominante.
• En abril, mayo y junio se registraron aumentos constantes con 105, 99 y 108 acuerdos firmados respectivamente consolidando el crecimiento.
• Julio cerró con un volumen alto, especialmente en fuerza de tarea.
• Agosto, aunque aún en curso, muestra la tendencia de desaceleración tras el pico de mitad de año.

En el siguiente gráfico se observa el detalle por mes y por modalidad (Ejecución en Cárcel, Fuerza de Tarea y Oficiales de Servicio):

¿Cómo cambia su aplicación según el partido en el poder? 

 El análisis de los memorandos firmados bajo el programa 287(g) revela una clara tendencia partidista: los estados gobernados por el Partido Republicano concentran la gran mayoría de los acuerdos, lo que evidencia una mayor apertura hacia la colaboración con ICE en temas de control migratorio. 

Por otro lado, los estados demócratas presentan una participación mínima, aunque algunos destacan por adoptar modalidades específicas como la fuerza de tarea en lugares estratégicos. 

En resumen, el crecimiento general a 766 memorandos no se distribuye de forma equitativa entre partidos, sino que muestra una concentración marcada en estados conservadores del ala política del presidente Trump. Revisemos a continuación cómo es su distribución: 

Estados republicanos con más memorandos firmados  

1. Florida – 271 acuerdos (91% fuerza de tarea, 8% oficiales de servicio, 1% ejecución de la cárcel) 

1. Texas – 112 acuerdos (63% oficiales de servicio, 26% fuerza de tarea, 11% ejecución de la cárcel) 

1. Carolina del Sur – 27 acuerdos (56% oficiales de servicio, 44% fuerza de tarea) 

1. Georgia – 25 acuerdos (64% oficiales de servicio, 24% ejecución de la cárcel, 12% fuerza de tarea) 

1. Alabama – 24 acuerdos (38% ejecución de la cárcel, 38% oficiales de servicio, 25% fuerza de tarea) 

 Estados Demócratas con más memorandos firmados  

1. Pensilvania – 30 acuerdos (90% fuerza de tarea, 10% oficiales de servicio) 

1. Virginia – 30 acuerdos (77% fuerza de tarea, 13% oficiales de servicio, 10% ejecución de la cárcel) 

1. New Hampshire – 12 acuerdos (100% fuerza de tarea) 

1. New York – 9 acuerdos (56% oficiales de servicio, 44% fuerza de tarea) 

1. Minnesota – 8 acuerdos (50% fuerza de tarea, 50% oficiales de servicio) 

 

Panorama nacional: los estados con mayor peso en el programa 287(g) 

 La implementación del programa 287(g) no es homogénea: algunos estados concentran la mayor parte de los acuerdos y, con ellos, el poder operativo para ejecutar leyes migratorias.  

 Florida y Texas son los grandes protagonistas: juntos acaparan más de la mitad de los memorandos firmados en todo el país, aunque con estrategias muy distintas:  

•  Florida domina en acuerdos, pero Texas manda en arrestos potenciales, en la gráfica anterior vemos que la concentración de memorandos firmados presenta una distribución desigual con Florida, que domina el mapa con 271 memorandos, es decir, el 35% del total, muy por encima de los demás estados. Su mezcla operativa es 91% grupos de trabajo, 8% oficiales de servicio (22) y 1% cárcel. 
• Por su parte, Texas ocupa el segundo lugar con 112 memorandos (15%) pero concentra 71 oficiales de servicio (63%), más que cualquier otro estado. 

• Si unimos a Florida y Texas, representan más del 50% del total nacional, mientras que la mayoría del resto de estados tienen cifras bajas y no sobrepasan más de 30 memorandos firmados. En contraste, la mayoría de los demás estados presenta cifras modestas, con pocos memorandos y estructuras limitadas. 

• Por su lado, Pensilvania y Virginia, ambas con 30 memorandos y demócratas, se apoyan sobre todo en grupos de trabajo (90% y 77%, respectivamente), con pocos oficiales de servicio, 3 y 4 respectivamente.  

Fuerza de tarea, el modelo que más se siente en la calle 

 Dentro del programa 287(g), el esquema de fuerza de tarea es el que mayor impacto tiene sobre la vida cotidiana de los inmigrantes. A diferencia del modelo en cárceles, aquí no se espera a que alguien sea arrestado por otro delito: los oficiales locales actúan como “extensión” de ICE en la comunidad, acompañando operativos y retenes. 

Esto multiplica la presencia de ICE: más ojos, más manos y más poder para detener personas en espacios comunes: en un cultivo agrícola, en un restaurante, en un retén de tránsito. Para la población inmigrante, esto significa que un encuentro rutinario con la policía estatal puede terminar en un proceso de deportación. Con este tipo de apoyo, los agentes locales actúan como “auxiliares” de ICE durante operativos en la comunidad. 

 De este modelo, hay 445 memorandos firmados en 2025 en todo el país, pero no están repartidos de forma pareja. Florida se lleva la mayor parte, con 247 (más de la mitad del total), seguida por Texas con 29 y Pennsylvania con 27.  

 Por el contrario, en estados como Arizona, Maryland, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte y Wisconsin no hay ni una sola. Esto muestra que en los estados del Sur y del Este, sobre todo los republicanos, este modelo es muy popular; mientras que en otros, donde hay más límites para cooperar con ICE, prácticamente no existe.  

¿Dónde están los oficiales de servicio? 

Este modelo, que consiste en que ICE entrene y autorice a algunos oficiales de la cárcel para que puedan cumplir órdenes de arresto que ya fueron emitidas por ICE, solo aplica en el mismo centro de detención. Hay que recordar que etos oficiales no investigan si alguien es indocumentado, solo ejecutan las órdenes que ya existen. 

Después de cumplir con la orden, ICE debe recoger a la persona en un máximo de 48 horas, a menos que haya otro acuerdo. Un ejemplo: alguien termina su condena y un juez ordena su liberación, pero ICE ya tiene una orden para esa persona; entonces, el oficial puede retenerla hasta que ICE llegue por ella. 

Hoy en día hay 258 acuerdos firmados bajo este modelo, pero no están repartidos por igual: 

• Solo seis estados concentran más de la mitad (57 %) de todos ellos, lo que muestra que la cooperación está muy concentrada. Texas encabeza la lista con 71 oficiales autorizados, casi tres veces más que Florida, que está en segundo lugar con 22. Después vienen Georgia (16), Carolina del Sur (15), Tennessee (13) y Kansas (11), formando el grupo con mayor participación. 

• Todos estos estados tienen gobiernos que suelen apoyar políticas migratorias más duras, en su mayoría republicanos. Más abajo aparecen Alabama (9), Arkansas (8), Wisconsin (8), Carolina del Norte (7) y Utah (7), pero con mucho menos peso frente a Texas y Florida. A partir de ahí, los números bajan mucho: hay estados con apenas uno o dos acuerdos, e incluso algunos –como Iowa, Maine y Montana– no tienen ninguno. 

• Este patrón muestra que el modelo se concentra sobre todo en el sur y sureste del país, zonas que tradicionalmente han colaborado más con ICE. 

Si lo comparamos con el modelo de fuerza de tarea, que tiene 445 acuerdos, vemos que funcionan distinto: la fuerza de tarea se enfoca en operativos en la calle, mientras que el modelo de Oficiales de Servicio solo actúa dentro de cárceles. Aun así, es clave para ICE porque garantiza que las personas no salgan libres después de cumplir una condena sin ser revisadas por inmigración. 

 

EL TOP 10 DE LOS ESTADOS QUE MÁS HAN COLABORADO CON ICE  

 

Florida: el estado que más impulsa el programa 287 (g)  

Florida se posiciona como líder absoluto, con 271 memorandos firmados, representando casi la mitad del total nacional en el top 10. El estado experimentó un repunte importante en los primeros meses del año: 106 acuerdos en febrero (39 % del total estatal) y 37 más en marzo. Aunque el ritmo disminuyó en abril (64) y mayo (12), volvió a repuntar en julio con 33 nuevos acuerdos. 

 Florida no solo lidera en volumen, sino también la intensidad con la que inició el programa bajo la segunda administración de Trump, mostrando que la estrategia estatal estuvo altamente concentrada en los primeros meses del año. 

 

Texas: fuerte pero estable  

En segundo lugar, Texas acumuló 112 acuerdos, muy por debajo de Florida, pero con un patrón más equilibrado en el tiempo: 

• Desde febrero hasta agosto, el crecimiento fue sostenido, destacando julio con 25 acuerdos (22 %) como el mes más activo. 

• A diferencia de Florida, no hubo un solo pico extremo, lo que indica una política continua más que una ofensiva puntual. 

 

El avance demócrata: Pennsylvania y Virginia sorprenden  

A pesar de ser estados con gobiernos demócratas, Pennsylvania (30 acuerdos) y Virginia (30 acuerdos) aparecen en el Top 10, aunque con dinámicas muy distintas: 

• Pennsylvania concentró la mayor parte de su crecimiento en julio (43 % del total), lo que sugiere una incorporación tardía a la estrategia de colaboración. 

• Virginia, en cambio, tuvo un crecimiento escalonado, con su punto más fuerte en mayo (37 %), manteniendo incrementos constantes desde marzo. 

 

¿Por qué estados demócratas contribuyen, aunque sea en menor medida, con ICE? Las razones no son del todo claras, pero hay hipótesis: presión política a nivel legislativo, posibles condiciones para acceder a fondos federales o incluso iniciativas locales para demostrar colaboración en seguridad. 

En todo caso, esto revela que, incluso en estados demócratas la presión por reforzar la cooperación con ICE no desaparece, aunque se implemente de forma más gradual o estratégica. 

 

EL TOP 10 DE LOS ESTADOS QUE MENOS HAN COLABORADO CON ICE

Mientras algunos estados han acelerado la firma de memorandos 287(g), otros apenas muestran movimiento. El top 10 con menor crecimiento acumula solo 34 acuerdos en conjunto, una cifra muy baja comparada con los 574 del top 10 que más colaboran con ICE. Este contraste evidencia la existencia de un bloque de estados, tanto demócratas como republicanos, que mantiene una postura de colaboración mínima con ICE. 

 

Carolina del Norte: el primero entre los últimos 

Aunque encabeza esta lista, Carolina del Norte, con 7 acuerdos, sigue mostrando un nivel mínimo. Marzo fue su único mes dinámico, con 4 acuerdos (57 %), y luego se redujo a incrementos casi nulos: apenas 2 en mayo y 1 en junio. 

Esto indica que hubo un intento inicial, pero sin continuidad, probablemente por factores políticos locales o presión social. 

 

Estados demócratas: resistencia moderada   

Entre los menos colaborativos, destacan varios estados demócratas: Michigan, Nevada, Maryland, Maine y New Mexico.  

• Michigan (6 acuerdos) adoptó un crecimiento escalonado pero mínimo, con incrementos mensuales de 1 o 2 acuerdos. 

• Nevada (5 acuerdos) sorprendió con un pico en junio (60 %), pero no registró ningún otro crecimiento importante. 

• Maine y New Mexico prácticamente no participaron: apenas 1 acuerdo cada uno en un solo mes. 

• Esto revela que los gobiernos demócratas, aunque no bloquean del todo, prefieren una política de cooperación simbólica. 

 

Republicanos con resistencia: casos aislados  

Aunque la colaboración con ICE suele asociarse con los republicanos, algunos estados también aparecen en la lista de menor crecimiento:  

• Idaho con 5 acuerdos registró su mayor actividad en febrero (40 %), pero luego se dispersó en incrementos menores. 

• Arizona con 2 acuerdos y Montana con 1 acuerdo, apenas tuvieron movimientos, a pesar de su imagen de línea dura en migración. 

• Iowa con 1 acuerdo realizó una única firma en marzo y no volvió a moverse. 

Estados a la espera de aprobación en 2025: ¿qué significa y por qué importa? 

Además de los estados que ya tienen convenios activos bajo el programa 287(g), en 2025 se identifican siete estados que esperan la aprobación de nuevos memorandos. Estos estados son:  

• Texas lidera la lista con 8 memorandos en espera bajo el modelo de oficiales de servicio. Esto es consistente con su tendencia de expandir la colaboración con ICE, reforzando su política de control migratorio a nivel local.

• Virginia y Louisiana son los dos estados que buscan una combinación de modelos, lo que evidencia un enfoque híbrido: por un lado, fuerzas de tarea (operativos conjuntos), y por otro, oficiales de servicio, que implica delegar funciones directamente en personal local.

• Nebraska aparece por primera vez con intención de implementar el modelo de oficiales de servicio, lo que indica la expansión hacia estados donde antes el 287(g) no tenía una presencia marcada.

En este sentido, la cifra total de 18 memorandos en espera confirma que el programa 287(g) sigue en expansión en 2025, especialmente en estados clave en el debate migratorio como Texas y Florida.   

El análisis del programa 287(g) en 2025 evidencia un panorama en expansión y transformación. Con 766 acuerdos firmados y vigentes en 32 estados y 18 solicitudes en trámite, la estrategia de colaboración entre agencias federales y autoridades locales sigue siendo un pilar en la política migratoria estadounidense.   

Estados tradicionalmente alineados con políticas restrictivas, como Texas y Florida, refuerzan su protagonismo al liderar tanto en acuerdos aprobados como en nuevas solicitudes, mientras que otros, como Nebraska y West Virginia, buscan sumarse con modelos más limitados. 

La aprobación de nuevas solicitudes consolidará una red aún más extensa, que podría redefinir el control migratorio local y federal en los próximos años, intensificando el debate sobre si estas medidas fortalecen la seguridad pública o, por el contrario, generan mayores riesgos de discriminación y separación familiar.