¿Hasta dónde llegará la administración en su ofensiva contra los inmigrantes indocumentados que buscan el sueño americano?, aquí te cuento más

Miles de inmigrantes indocumentados que buscan el anhelado sueño americano se han encontrado con más de un obstáculo para sus intereses y es que el gobierno no cede en su ofensiva para detener y deportar a quienes pretenden llegar de manera ilegal por tierra, mar o aire a territorio estadounidense.  

 Desde que Trump retornó a la Casa Blanca en enero de 2025, su administración ha reactivado y profundizado varias políticas de seguridad fronteriza, con un discurso de “tolerancia cero” frente a la inmigración irregular. Datos que conocimos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), dicen que, entre enero y mayo de 2025, se incrementaron en un 42% los recursos asignados al control fronterizo en comparación con el mismo periodo de 2024. Esto incluyó el despliegue de unidades adicionales de la Patrulla Fronteriza y la ampliación del uso de tecnologías de vigilancia en zonas sensibles del suroeste. (https://www.dhs.gov/) 

Medidas para limitar presencia de inmigrantes en frontera sur 

Trump ha tomado múltiples medidas para cumplir con su promesa de campaña de adelantar la deportación masiva de inmigrantes más grande de la historia, pero una de las más polémicas ha sido la reactivación parcial de la política de “Permanecer en México” (Migrant Protection Protocols), suspendida durante la administración Biden, para devolver solicitantes de asilo a territorio mexicano mientras esperan audiencia.  

Esta medida se suma también a la modificación de la aplicación CBP One por CBP Home, que anteriormente funcionaba para personas que se presentaban en el puesto fronterizo y, según cada caso, podían ser consideradas para un Parole y tener dos años para regular su estatus migratorio.  

Además, el gobierno Trump ha establecido nuevos convenios con estados fronterizos como Texas y Arizona, para fortalecer la cooperación entre autoridades federales y estatales y llevar a cabo redadas masivas en lugares de trabajo y zonas residenciales.  

Sin embargo, jueces federales y cortes de apelaciones han emitido fallos que limitan algunos de estos esfuerzos. Por ejemplo, el Tribunal del Noveno Circuito falló recientemente contra una disposición que permitía deportaciones exprés sin audiencia previa, por considerar que violaba el debido proceso. Esto ha generado un choque de poderes, en el que la administración Trump argumenta que las decisiones judiciales están “obstruyendo el mandato constitucional del Ejecutivo en política migratoria”, como quedó reflejado en la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia contra jueces federales en Maryland. 

Incluso, esta administración está empleando a los mejores hombres del ejército para vigilar y controlar la frontera con México, así se desprende de una investigación que conocimos del Migration Policy Institute que destaca que desde que asumió el cargo, se ha incrementado drásticamente la presencia militar en la frontera, desplegando a casi 10,000 militares en la zona y, por primera vez en la historia, poniendo bajo el control del Departamento de Defensa franjas fronterizas en Texas, Nuevo México, Arizona y California.  

Estas «Áreas de Defensa Nacional» permiten a las fuerzas armadas arrestar a personas que ingresan al territorio por cargos de invasión de una base militar y detenerlas hasta que sean entregadas a CBP. (https://www.migrationpolicy.org/news/low-migrant-encounters-border-trump) 

En el mar, se han desplegado embarcaciones de la Guardia Costera para monitorear las rutas migratorias comunes en aguas de Florida, en el Golfo de México y en el Pacífico entre Estados Unidos y México. 

FBI en tareas de inmigración 

Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha buscado por todos los medios incrementar esfuerzos para ejercer mayor control migratorio y ejecutar deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, sumando personal de todas las agencias del estado para esta causa.    

Agentes del FBI recibieron órdenes para realizar labores de inmigración, cerca del 45% de personal operativo debió posponer sus tareas de inteligencia para dedicarse a estas funciones, tarea que no está muy clara si seguirán cumpliendo, ya que ahora los ataques de EE. UU. contra Irán ponen a las fuerzas de inteligencia en otro escenario.  

Lo que reflejan las cifras 

Conocimos que, en abril, 8.000 personas fueron detenidas por ingresar de manera indocumentada al país en toda la zona fronteriza. Esta cifra representa el 6.25% de los 128.000 de hace un año según estadísticas del gobierno. 

Esta tendencia a la baja se mantuvo durante el sexto mes del año, pues del 1 al 22 de junio, según cifras del DHS las detenciones sumaron 5.414, mientras que hace tan solo un mes, en mayo, la Patrulla Fronteriza de EE. UU. detuvo a 9.577 personas. (https://www.dhs.gov/news/2025/06/24/dhs-immigration-enforcement-los-angeles-began-border-crossings-continue-plummet) 

Se evidencia una gran diferencia entre las estadísticas de la administración Biden y el gobierno Trump, del 1 de febrero al 22 de junio de este año, las detenciones sumaron solo 37.518, mientras que en el mismo periodo de 2024 la cifra ascendía a casi 600.000. Las fugas de migrantes también mostraron una disminución similar, con 11.867 entre febrero y junio de 2025, en comparación con las más de 94.007 durante el mismo período de 2024. 

En declaraciones dadas a medios de comunicación en los últimos días la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, afirmó que “para asegurar verdaderamente la frontera sur y también la frontera norte, así como los límites marítimos, podemos contratar a 8.000 nuevos oficiales de la CBP y permitir al ICE contratar a 10.000 nuevos oficiales, con los que podremos operar a capacidades límite de detención”. 

Lo que viene en materia de política migratoria  

El “Gran y hermoso” proyecto de ley presupuestario de Trump, que ya fue aprobado tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado, radicaliza aún más la política migratoria. Este nuevo plan fiscal contempla medidas que impactan de manera directa a la comunidad migrante, tanto documentada como indocumentada.   

Uno de los puntos álgidos es la priorización del gasto en detenciones migratorias, así como la construcción de centros de detención y el fortalecimiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). 

Casi 90.000 millones de dólares es la suma solicitada por Trump para reforzar su política migratoria. Esta propuesta incluye ampliar la capacidad de detención en cárceles, incrementar los operativos de ICE con más agentes en el terreno y sumar la colaboración de funcionarios locales en las comunidades. También busca contratar más abogados que representen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en tribunales de inmigración, así como más jueces que aceleren las decisiones migratorias.   

Parte del presupuesto se destinaría al seguimiento de personas que no hayan cumplido con órdenes de deportación, incluyendo el cobro de multas. La solicitud incluye además 45.000 millones para centros de detención de ICE, 15.000 millones para ejecutar deportaciones, 1.600 millones para fortalecer la cooperación entre los estados y ICE, y 46.500 millones para la construcción de muros fronterizos. 

Acá están las declaraciones más recientes de Kristi Noem, secretaria de Seguridad del gobierno Trump: https://www.youtube.com/watch?v=tlV7HcHD7pM